Meridiano legal
Se ha presentado formalmente una iniciativa de reforma electoral ante la Cámara de Diputados. Como toda reforma de esta naturaleza, es importante analizarla con seriedad, más allá de posiciones políticas, porque las reglas electorales son, en realidad, las reglas de la democracia.
La iniciativa propone modificaciones a diversos artículos de la Constitución que impactan temas centrales del sistema electoral mexicano:
Quisiera compartir algunas reflexiones iniciales sobre los aspectos que considero más relevantes.En primer lugar, hay que reconocer que la iniciativa contiene algunos elementos positivos.
Uno de ellos es el fortalecimiento de la fiscalización electoral, la propuesta establece que los ingresos y egresos de precampañas y campañas deberán reportarse de manera continua y en tiempo real, y que las aportaciones privadas no podrán realizarse en efectivo, sino únicamente mediante transferencias bancarias o mecanismos electrónicos identificables. Si este modelo se desarrolla correctamente en la legislación secundaria, podría mejorar significativamente la trazabilidad del dinero en la política y contribuir al combate del financiamiento ilícito, uno de los principales retos de los sistemas electorales contemporáneos.
Otro aspecto relevante es la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. La iniciativa plantea modificar la fórmula constitucional para disminuir la base del financiamiento destinado a actividades ordinarias, pasando del 65% de la UMA a aproximadamente el 48.75%. Esto representa una reducción cercana al 16% del financiamiento público. En un contexto en el que el costo del sistema electoral ha sido objeto de debate público, esta medida busca hacer más austera la operación de los partidos. No obstante, habrá que analizar con cuidado cómo impacta esta reducción en el ámbito local, donde las condiciones de competencia política son distintas en cada estado.
También es positivo que se intente regular el uso de inteligencia artificial en propaganda electoral. La iniciativa establece que cualquier contenido electoral generado o modificado mediante inteligencia artificial deberá ser claramente etiquetado. Este es un tema relevante frente a fenómenos como los deepfakes o la manipulación digital de información, sin embargo, la regulación deberá cuidarse para evitar que, bajo el pretexto de combatir la desinformación, se termine afectando la libertad de expresión o se generen mecanismos de censura previa.
Asimismo, la reforma busca fortalecer los mecanismos de democracia participativa. Se pretende estandarizar instrumentos como el plebiscito, el referéndum y las consultas ciudadanas en los estados, estableciendo que el porcentaje de firmas necesarias para solicitarlos no podrá superar el 2% de la lista nominal. En principio, esto podría ampliar las vías de participación directa de la ciudadanía en decisiones públicas.
Sin embargo, junto con estos aspectos positivos, también existen elementos que merecen una discusión profunda.
Uno de los más relevantes es el rediseño del sistema de representación proporcional en la Cámara de Diputados. La propuesta plantea que, de las 200 diputaciones de representación proporcional, 100 se asignen a los llamados “mejores perdedores”, es decir, candidaturas que participaron en un distrito, pero no obtuvieron la victoria pero quedaron dentro de los perdedoras más votados, y las100restantes se elijan mediante votación directa en circunscripciones regionales.
Este modelo mezcla elementos de mayoría relativa con representación proporcional y podría generar confusión tanto para los electores como para los propios candidatos. Además, plantea una situación compleja: un candidato podría hacer campaña para una diputación sin tener certeza de obtener el cargo incluso con altos niveles de votación, ya que la asignación final dependería también del porcentaje de votación del partido político.
Otro cambio significativo es la eliminación de las 32 senadurías de representación proporcional. Con ello, el Senado pasaría a integrarse por 96 escaños: dos por mayoría relativa en cada entidad federativa y uno por primera minoría. Este ajuste puede simplificar el modelo, pero también podría reducir la pluralidad política en la cámara alta y aumentar la posibilidad de mayorías legislativas muy amplias, algo que siempre debe analizarse con cuidado en cualquier sistema democrático.
También se propone reducir el tiempo oficial de radio y televisión destinado a propaganda electoral, pasando de 48 minutos diarios a 35 minutos. El tiempo restante quedaría disponible para los concesionarios privados. En un contexto donde las reformas electorales suelen requerir una importante labor de pedagogía hacia la ciudadanía, este punto también merece ser analizado con detenimiento.
Finalmente, hay aspectos operativos que también llaman la atención, como la posibilidad de iniciar los cómputos distritales el mismo día de la jornada electoral a partir de la recepción del primer paquete electoral. Quienes han participado en la organización de elecciones saben que los cómputos requieren condiciones de precisión y concentración, por lo que, iniciarlos inmediatamente después de una jornada electoral extensa puede implicar desafíos logísticos importantes.
Pero quizá uno de los puntos más relevantes hacia adelante será el desarrollo de la legislación secundaria. El propio régimen transitorio de la iniciativa establece que las leyes secundarias deberán aprobarse a más tardar el 15 de mayo de 2026, lo que significa que el Congreso tendrá un periodo relativamente corto para ajustar todo el marco legal que operativizará esta reforma.Y esto es fundamental, porque en materia electoral muchas veces lo verdaderamente determinante no está solamente en el texto constitucional, sino en cómo se diseñan los procedimientos, las reglas de operación y los mecanismos de implementación en las leyes secundarias. Si estas no se regulan con precisión, algunas de las disposiciones constitucionales podrían terminar siendo inoperantes o generar efectos no previstos.
En conclusión, estamos frente a una reforma que contiene elementos interesantes y potencialmente positivos, especialmente en materia de fiscalización, austeridad y regulación tecnológica. Pero también introduce cambios estructurales en el sistema de representación política que deben analizarse cuidadosamente para evitar impactos negativos en la calidad de nuestra democracia.
El proceso legislativo apenas comienza., en las próximas semanas veremos qué de estas propuestas permanece en el texto constitucional y qué se modifica. Y después vendrá un segundo momento, igualmente importante: el diseño de las leyes secundarias, que en muchos casos determinarán el verdadero alcance de esta reforma.
Porque, al final del día, en materia electoral no sólo importa cambiar las reglas, sino asegurarse de que esas reglas funcionen adecuadamente para fortalecer la confianza ciudadana en la democracia.
