¿Lo dije o lo pensé?
La titular del Ejecutivo Federal presentó la iniciativa de reforma electoral con cambios constitucionales que tocan representación, financiamiento de partidos y reglas de campaña. Al respecto, podemos identificar dos posturas opuestas, por un lado, recortar privilegios (reducción de financiamiento a partidos políticos, cambiar la manera para elegir plurinominales) y por el otro, debilitar contrapesos (reducción del presupuesto y limitar facultades al INE).
Mantener sano e independiente nuestro sistema electoral es costoso, sin embargo, en términos sociales y económicos será más costoso que no sea así. Tenemos que costear la certeza, arbitraje imparcial y capacidad técnica. De esta manera, cabe la reflexión sobre lo que se puede ajustar sin deteriorar confianza, equidad y legalidad.
Un punto sensible es la representación proporcional. La propuesta plantea eliminar los 32 escaños del Senado que hoy se asignan por lista nacional (a partir de 2030) y cambiar la forma de elegir las 200 diputaciones plurinominales: una parte por “mejores perdedores” y otra por listas abiertas. En general, a la mayoría nos gusta la idea de reducir el control de las cúpulas, pero nos deja la inquietud sobre sus posibles efectos secundarios, ya que puede favorecer a los partidos grandes, complicar la presencia de minorías y volver más agresiva la competencia interna. Si se hubiera movido ese elemento años atrás, ¿cómo hubiera quedado la composición del Congreso con resultados pasados?
Además, hay un riesgo político inherente, que el rediseño de reglas termine concentrando más poder en el partido oficial. Si la fórmula de asignación de curules reduce el peso de la representación proporcional o premia de manera desbalanceada a quien ya gana más distritos, el efecto puede ser un Congreso menos plural y con menor capacidad de negociación real. Y si al mismo tiempo se recorta al árbitro electoral o se le limita margen operativo, quien gobierna suele tener más exposición, más estructura territorial y más capacidad de movilización. No se trata de suponer mala fe; se trata de diseñar reglas que, gobierne quien gobierne, no conviertan una ventaja política natural en una ventaja institucional permanente.
El otro aspecto importante es el económico. La iniciativa propone recortar el financiamiento público y endurecer reportes y fiscalización, incluyendo operaciones financieras y activos virtuales. Debemos asegurarnos que no entre dinero ilícito a las campañas porque, con menos financiamiento legal, aumenta la tentación de buscar fuentes paralelas. Por eso el blindaje debe ser con reglas claras y sanciones que no queden en regaños o multas simbólicas, además de capacidades reales para investigar y auditar.
En lo operativo aparecen decisiones técnicas que no son menores. Se ha mencionado la posible eliminación del PREP; si se toca ese componente, el reemplazo debe ser verificable, auditable y con datos abiertos, porque el vacío informativo alimenta sospechas.
Y está el punto de la inteligencia artificial en las campañas. La propuesta incluye límites y obligaciones de identificación de contenidos generados con IA. Puede servir frente a paparruchas y propaganda automatizada, siempre que haya definiciones aplicables, vías de denuncia y coordinación con plataformas.
En resumen, una reforma electoral es necesaria, pero la que está sobre la mesa se quedó a medias. Si el debate no se apoya en evidencia, impacto medible y garantías de independencia institucional, el resultado será más polarización y menos certeza.
