Desde el Segundo Piso
El episodio que involucró al senador por Nuevo León, Waldo Fernández González, no es únicamente un litigio penal con implicaciones políticas. Es una muestra de cómo, en México, la justicia, la arena electoral y el tribunal de las redes pueden fusionarse en una sola escena, con efectos devastadores para todos.
En plena campaña de 2024, Fernández, entonces candidato al Senado por Morena, fue denunciado públicamente por agresión sexual, violación, amenazas y robo. La Fiscalía estatal abrió carpeta de investigación y, en cuestión de horas, la acusación ya era tendencia nacional. En una contienda cerrada, un señalamiento de esa gravedad altera percepciones y puede incidir en el comportamiento electoral. La “pena mediática” suele ser más rápida que cualquier juez.
Meses después, el caso da un giro relevante. La Fiscalía General de la República, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detuvo a Karina Barrón, hoy funcionaria municipal, por su presunta participación en una denuncia falsa y un posible intento de extorsión. Será el Poder Judicial quien determine responsabilidades. Sin embargo, el cambio de narrativa obliga a reflexionar más allá de simpatías partidistas.
México enfrenta una crisis estructural de violencia de género. La ENVIPE del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirma que la cifra negra supera el 90% en diversos delitos. Es decir, la mayoría de las agresiones no se denuncia. Esa realidad explica y justifica un marco normativo con perspectiva de género. Pero reconocer la magnitud del problema no implica relativizar principios constitucionales.
La presunción de inocencia no es un tecnicismo procesal ni un privilegio para políticos. Es una garantía básica frente al poder del Estado y frente al juicio social anticipado. El debido proceso no compite con la defensa de las víctimas; la fortalece. Sin estándares probatorios sólidos y sin investigaciones técnicas, la justicia se vuelve vulnerable a presiones políticas y mediáticas.
El fenómeno no es exclusivo de Nuevo León. En Aguascalientes, el hoy diputado local Fernando Alférez Barbosaenfrentó acciones legales tras realizar señalamientos políticos en un contexto electoral, al referirse a una candidata como “ahijada” de un actor influyente. Más allá de la disputa partidista, el precedente es delicado, la judicialización del discurso en plena competencia política. Cuando la denuncia penal o la amenaza de sanción se convierten en herramienta estratégica, la línea entre justicia y cálculo electoral se difumina peligrosamente.
Si en el caso de Nuevo León se confirma que hubo manipulación con fines políticos, el daño es doble. Se vulneran derechos individuales y se erosiona la credibilidad de las denuncias legítimas. Las víctimas reales enfrentan mayor escepticismo; los acusados sin pruebas cargan con estigmas difíciles de revertir. El sistema pierde legitimidad.
No se trata de desalentar denuncias ni de sembrar sospecha automática sobre quien acusa. Sería irresponsable en un país con violencia estructural. Se trata de exigir instituciones que investiguen con rigor técnico, comunicación prudente y absoluto respeto al debido proceso. La justicia no puede litigar en conferencias ni en trending topics.
Un Estado democrático, puede y debe proteger simultáneamente a las víctimas y la presunción de inocencia. No es un dilema excluyente, sino un equilibrio indispensable. Cuando se rompe, la justicia se politiza y la política se judicializa.
De cara a 2027, con un clima de polarización creciente, la tentación de convertir la denuncia penal en arma electoral será cada vez mayor. Si permitimos que los delitos de mayor sensibilidad social se utilicen como instrumentos de desgaste, debilitamos tanto la causa de las víctimas como el Estado de derecho. Como advertía Cesare Beccaria, “más vale prevenir los delitos que castigarlos”; pero también vale recordar que la justicia no es espectáculo ni estrategia. Cuando la condena se dicta en la plaza pública antes que en los tribunales, no gana nadie. Pierde la legalidad y pierde la confianza ciudadana.
Autor: Ricardo Heredia Duarte
