Regulación

No todas las opiniones son respetables, lo respetable es el derecho a exponer una opinión, pero la respetabilidad de las opiniones depende del contenido de las opiniones, señala el filósofo español José Antonio Marina. La puntualización parece innecesaria, pero adquiere relevancia en tiempos de sobreabundancia informativa.

Lo que debe respetarse es la forma, no el contenido. Respetar una opinión no implica dejar de cuestionarla. Si toda opinión es respetable por el simple hecho de serlo, desaparece la posibilidad mínima de crítica racional.

Toda opinión requiere criterios de evaluación y de juicio crítico. No se puede sostener la discusión pública bajo el principio de la inmunidad argumentativa. Una opinión que ignora los hechos, que evita contrastar y verificar no puede reclamar el mismo estatuto de las opiniones que han pasado por el tamiz de la evidencia y han sido sometidas a un juicio crítico.

Reconocer esta diferencia es esencial, no se trata de silenciar, sino de elevar las reglas del debate.

Una vía para combatir la información falsa que recorre las redes sociales es acudir al periodismo tradicional, ese que reportea en el lugar de los hechos, que prefiere la precisión a la primicia sin verificar; otra es una regulación para los contenidos que circulan a través de las redes. Ambos caminos son sumamente difíciles, el primero porque implica ir en contra del algoritmo diseñado para maximizar la economía de la atención; el segundo pasa por una regulación de los contenidos que se difunden.

Un problema esencial para establecer esta necesaria regulación es la confusión entre el respeto a la libertad de expresión y la respetabilidad de las opiniones. Cuando ambas cosas se funden en el mismo concepto, cualquier intento de ordenar el espacio público se denuncia como censura, y cualquier crítica se presenta como persecución. El resultado es un falso dilema: o se tolera todo sin matices o se impone un control autoritario.

Pero la libertad de expresión no equivale a la ausencia de reglas; equivale a la existencia de garantías. Las garantías no sólo protegen a quien habla, también protegen a la sociedad frente al abuso del poder, político o económico, que puede distorsionar la conversación pública. El problema no es que existan opiniones incómodas o incluso disparatadas, sino las asimetrías estructurales que amplifican unas voces y silencian otras mediante incentivos, contratos, convenios publicitarios o presiones presupuestales.

Ahí es donde la discusión deja de ser abstracta y se vuelve institucional. No se trata de decidir qué se puede decir y qué no; se trata de transparentar y regular las condiciones bajo las cuales se dice. Cuando el Estado se convierte en el principal anunciante, cuando la supervivencia financiera de un medio depende de la asignación discrecional de publicidad oficial, la libertad formal puede coexistir con una autocensura sistemática.

Sí se requiere una regulación, no de los contenidos que producen los medios, sino sobre la relación de los medios con las agencias de gobierno: reglas claras de asignación de publicidad oficial, criterios objetivos, transparencia contractual, límites a la discrecionalidad y mecanismos de rendición de cuentas. No para disciplinar opiniones, sino para impedir que el poder público las premie o las castigue.

Enrique de la Torre, vocero de la gobernadora y secretario de comunicación del gobierno de Aguascalientes, lleva mucho tiempo trabajando en un esquema para regular el flujo de información en el estado, de vez en vez, algunos medios suelen realizar entrevistas banqueteras para preguntarle cómo va esa iniciativa, unos pocos lo señalan como un intento de censura, la mayoría se muestra expectante ante la propuesta de ley del gobierno para ordenar a los medios, habrá que conocerla para ponerle un calificativo.

En este momento se descalifica cualquier iniciativa gubernamental que pudiera acotar la libertad de expresión o el derecho a la información, sin conocer siquiera su contenido. Toda regulación de la labor periodística se percibe automáticamente como un ataque a la libertad de prensa.

¿Por qué le temen los medios de comunicación a esa regulación? Porque tendría que transparentarse toda relación con las autoridades gubernamentales: montos, criterios de asignación, contratos, indicadores de desempeño, audiencias reales. Tendría que explicarse por qué un medio recibe más que otro, bajo qué parámetros, con qué resultados verificables. Esa rendición de cuentas incomoda tanto al poder público como a las empresas informativas que han aprendido no sólo a sobrevivir, sino a prosperar en la opacidad.

El temor no siempre es a la censura; con frecuencia es al escrutinio. Durante años, la publicidad oficial fue un instrumento de premio y castigo, un mecanismo de alineamiento editorial sin necesidad de una sola orden explícita. Bastaba con la expectativa del contrato o con la amenaza de retirarlo. Esa distorsión estructural es más dañina que cualquier exabrupto autoritario, porque normaliza la dependencia y convierte la autocensura en rutina administrativa.

Si la iniciativa que prepara el gobierno de Aguascalientes pretende regular contenidos, habrá que oponerse sin titubeos. Si, en cambio, apunta a establecer reglas claras, transparentes y objetivas en la relación financiera entre Estado y medios, la discusión debe darse en esos términos, sin reflejos corporativos ni descalificaciones preventivas.

La libertad de expresión no se defiende blindando privilegios ni manteniendo zonas oscuras. Se defiende garantizando condiciones equitativas para que todas las voces compitan en el espacio público sin la sombra del presupuesto oficial. Lo demás no es censura: es contabilidad.

Coda.  Callar por presión es censura; callar por contrato es modelo de negocio.

@aldan|