Fracaso redondo

El presidencialismo al que estamos acostumbrados nos obliga a pensar que el ejercicio del poder no sólo debe ser vertical, sino también ejecutado de manera viril, con una fuerza y energía masculina a la que más que obediencia se responde con sumisión inmediata.

Durante seis años, los defensores de la democracia se quejaron de las formas de Andrés Manuel López Obrador, del trato que le daba a los otros Poderes, en especial al Legislativo cuando advertía que a sus iniciativas no se les debía cambiar ni una sola coma. A propios y extraños les fascinaba la obediencia de sus huestes, las maromas con que cambiaban de opinión con tal de satisfacer al presidente; en secreto, también a la oposición le deslumbraba esa disciplina, no sólo porque le daba cuerpo a sus críticas, sino porque sabía que ese era uno de los privilegios que había perdido en las urnas.

La obediencia absoluta, el talante autoritario del titular del Ejecutivo, que no se moviera una hoja sin su consentimiento y que siempre fuera la hora que el presidente dijera, no es un rasgo distintivo del obradorato. Así fue en los regímenes anteriores; con López Obrador sólo se profundizó esa condición.

Entendido el servicio público y la representación popular como sumisión a la voluntad presidencial, el ascenso al poder de Claudia Sheinbaum se interpretó como la continuación natural del obradorato: una presidenta que seguiría órdenes de su antecesor, un títere manejado desde Palenque. La sospecha no es novedosa: cada seis años se rumora lo mismo, que el cambio en la Presidencia es apenas una extensión del poder saliente.

En el caso de Sheinbaum, la sospecha vino acompañada de una misoginia apenas velada. Al no ejercer el poder con la estridencia masculina a la que estamos acostumbrados, muchos concluyeron que no lo ejercía. Si no gritaba, alguien más mandaba. Sin pruebas, se instaló la idea de que el poder seguía despachándose desde Tabasco. No era análisis político; era incapacidad cultural para reconocer autoridad sin testosterona.

A más de un año de gobierno, se le exige a la presidenta que dé un golpe en la mesa, que rompa públicamente con su antecesor, que exhiba pruebas duras de un deslinde. Se le pide que muestre su poder “como los hombres”: con declaraciones radicales, gestos voluntariosos y ruido.

Lidiar con la herencia de López Obrador no ha sido sencillo. Más allá del afecto o la lealtad personal que Sheinbaum Pardo pueda tenerle, ha debido administrar los costos de su legado mientras construye su propio andamiaje. Su estilo, más técnico, menos estridente, no pasa por la teatralidad del rompimiento ni tiene obligación alguna de satisfacer el deseo de sangre de sus críticos.

En el terreno político no hay bravatas ni arrebatos viriles; hay advertencias. Así ocurrió con la presentación de su reforma electoral.

Claudia Sheinbaum adelantó los diez puntos de su iniciativa y anunció que la enviará al Congreso tras dar tiempo a sus aliados para revisarla. El simple hecho de que no llegue con sumisión asegurada ha sido leído como signo de debilidad. En el entorno ya se habla de fracaso porque habrá discusión, porque puede haber cambios, porque quizá no haya consenso. Acostumbrados a la obediencia automática, se olvida que en democracia deliberar no es síntoma de fractura sino condición mínima.

¿Es una derrota?, se preguntó la presidenta, y respondió que no. Aseguró que cumple con su compromiso de presentar la iniciativa y que será decisión de cada fuerza política respaldarla o no. El deslinde fue personal y directo: ella la enviará; quien quiera mantener privilegios que lo haga, pero será señalado.

El mensaje es transparente: la presidenta cumple y la gente juzgará en la siguiente elección a quienes rechacen su propuesta. Habla desde la titularidad del Ejecutivo, un cargo que no requiere legitimar, de nuevo, en las urnas.

No está planteando una negociación clásica de toma y daca; está trasladando el costo político al terreno de la percepción pública. No amenaza con expulsiones ni sanciones internas. Advierte algo más eficaz: que cada voto quedará registrado en la memoria electoral.

La reforma no sólo trata de reducción de gastos, eliminación del nepotismo, fin de la reelección o mayor fiscalización. Trata del reacomodo rumbo a 2027. Quien vote en contra no sólo rechazará un paquete técnico; asumirá el riesgo de ser inscrito en la narrativa oficial como defensor de privilegios y obstáculo de la transformación. Es decir, cada legislador y cada partido aliado tendrá que explicar por qué no respaldó una iniciativa presentada como compromiso con el pueblo, justo cuando se aproximan las definiciones de candidaturas.

Si la reforma se modifica o se congela, la imagen de control absoluto se resquebraja. Si se aprueba sin cambios, confirmará que la verticalidad sigue ahí, aunque se disfrace de deliberación. Pero incluso si no prospera, la presidenta ya construyó su coartada política: ella cumplió; otros fallaron.

El supuesto fracaso puede convertirse en victoria. No porque la reforma pase, sino porque el costo simbólico recaerá en quienes se aparten de la línea trazada desde Palacio Nacional.

La disputa no es jurídica, es narrativa. Y el verdadero fracaso no sería que la reforma no se apruebe, sino no entender que la batalla no se libra en el pleno del Congreso, sino en la percepción pública que decidirá quiénes, en 2027, podrán volver a pedir el voto y quiénes cargarán con la etiqueta de haberle dado la espalda al movimiento.

Coda. En esta historia el fracaso no es perder la reforma. El fracaso es votar en contra y quedar marcado. La factura no se pagará en el Congreso, sino en las listas y en las urnas de 2027.

@aldan