La entrada en vigor de la reforma salarial para garantizar que los sueldos de burócratas no queden por debajo del promedio registrado ante el IMSS tendría que aplicarse de manera paulatina, debido a su impacto presupuestal, admitió ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Cuestionada sobre la decisión del Senado de no realizar la declaratoria de constitucionalidad, a pesar de que ya fue aprobada por las dos cámaras del Congreso y las legislaturas locales, la Mandataria reconoció que el retraso obedece a limitaciones financieras.
"Estamos en eso, ya lo vamos a presentar. Es un tema de recursos, entonces tenemos que plantearlo también de manera paulatina, porque de un año a otro pues tiene un impacto en los recursos públicos. Entonces tenemos que hacerlo de manera paulatina y ya lo presentamos aquí", respondió.
La llamada reforma de protección al salario mínimo modifica el Artículo 123 constitucional para establecer que la fijación anual del salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación observada durante su vigencia.
Incluye además un apartado para que los salarios de maestros, policías, personal de salud y militares no sean inferiores al salario promedio registrado ante el IMSS.
A pesar de que fue aprobada por el Congreso a finales de 2024 y obtuvo el aval de los congresos estatales para abril de 2025, el Senado no ha emitido la declaratoria de constitucionalidad, lo que ha impedido su promulgación.
Ante los señalamientos de legisladores de Oposición, y particularmente de Movimiento Ciudadano, sobre la falta de publicación, la Presidenta defendió el proceso legislativo.
"Sí, también, bueno. para qué criticamos, ¿no? Fue una reforma unánime, se aprobó y fue parte pues de un trabajo de consenso que se estuvo haciendo", señaló.
La Jefa del Ejecutivo sostuvo que el ajuste debe cuidarse para no generar presiones inmediatas sobre las finanzas públicas.
Defiende ajuste consensuado
Sobre las críticas dirigidas a la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, la Presidenta Claudia Sheinbaum defendió que la iniciativa fue producto de acuerdos en consenso con representantes sindicales y del sector empresarial para construir un esquema gradual que evite afectaciones económicas. "Insisto que fue una reforma de consenso", afirmó.
