Peces de ciudad
Durante años, el discurso oficial ha repetido una consigna que pretende convertirse en verdad a fuerza de insistencia: Aguascalientes es un estado blindado. Un territorio ajeno a la violencia que golpea a otras regiones del país. Un oasis de estabilidad en medio de la tormenta nacional. Sin embargo, los hechos del 22 de febrero —marcados por el abatimiento del Mencho— han vuelto a abrir una grieta incómoda entre la narrativa gubernamental y la realidad que se vive en las calles.
El problema no es solamente la violencia en sí misma, sino la negación sistemática de su existencia. Cuando un gobierno insiste en afirmar que “aquí no pasa nada”, construye una burbuja política que tarde o temprano termina por estallar. La ciudadanía no es ingenua: escucha las sirenas, observa los operativos, lee las noticias y percibe el miedo que se instala silenciosamente en la vida cotidiana. Negar los hechos no los desaparece; al contrario, erosiona la confianza pública y profundiza la sensación de abandono.
La idea del “estado blindado” se ha convertido más en una estrategia comunicativa que en una política de seguridad verificable. Blindar no es callar cifras ni minimizar episodios; blindar sería fortalecer instituciones, transparentar información y reconocer que ningún territorio está exento de las dinámicas del crimen organizado. La seguridad no se construye con slogans, sino con diagnósticos honestos.
Los sucesos recientes exhiben una contradicción evidente: si nada ocurre, ¿por qué los operativos espectaculares?, ¿por qué la presencia creciente de fuerzas federales?, ¿por qué la incertidumbre que se respira entre comerciantes y familias? El discurso oficial parece hablar desde un Aguascalientes idealizado, mientras la realidad muestra un estado que, como muchos otros, enfrenta tensiones complejas y desafíos que requieren más que propaganda.
La negación institucional tiene un costo político y social alto. Invisibiliza a las víctimas, reduce la capacidad de prevención y genera un vacío narrativo que termina siendo llenado por rumores o versiones extraoficiales. En tiempos donde la información circula con rapidez, intentar imponer una verdad única resulta no solo ineficaz, sino contraproducente.
Reconocer los problemas no equivale a debilitar al estado; por el contrario, lo fortalece. La ciudadanía necesita gobiernos que hablen con claridad, que asuman responsabilidades y que comprendan que la confianza pública se construye desde la verdad, incluso cuando esa verdad incomoda.
Quizá la gran mentira no sea afirmar que Aguascalientes es seguro —toda comunidad aspira a serlo— sino insistir en que la seguridad está garantizada por decreto. Los hechos del 22 de febrero recuerdan que ningún blindaje discursivo resiste cuando la realidad irrumpe con fuerza. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿se gobierna para proteger la imagen del estado o para proteger realmente a sus habitantes?
