Intersecciones en Clave de Género
Hoy México amanece con un notición: el Ejército abatió al Mencho en Tapalpa, Jalisco, al hombre más buscado del país, al jefe del cartel más violento del hemisferio, al tipo con quince millones de dólares sobre la cabeza. Las calles de Guadalajara ardieron, la UNAM canceló clases, y medio país se encerró en casa. Victoria del Estado. Trofeo para Sheinbaum. Titulares de fuego.
Pero ¿De qué sirve cazar al cartel del Mencho oa cualquier otro sicario si los juzgados que deben procesarlo están en huelga porque no tienen ni para lo básico en oficina?
I. EL SISTEMA JUDICIAL: UNA SEÑORA SIN SUELDO QUE IMPARTE JUSTICIA
Mientras los helicópteros de la Sedena sobrevolaban Jalisco, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación llevaban meses con brazos caídos. El 31 de octubre pasado, el Sindicato Nacional de Renovación convocó a paro total en todos los juzgados y tribunales del país. La razón: incumplimiento del aumento salarial prometido. Juezas, secretarias, actuarias, personal de base —en su mayoría mujeres que sostienen la operación diaria de los juzgados— sin el dinero para llegar a fin de mes mientras el Estado invertía millones en inteligencia militar.
La reforma judicial de 2024, ese experimento de elegir jueces a votos como si fuera concurso de canto, no vino acompañada de presupuesto. Vino con discursos. Y los discursos no pagan la renta de la secretaria proyectista que redacta las sentencias que nadie lee porque el expediente lleva tres años en un cajón.
Paradoja número uno: México tiene ahora jueces elegidos por el pueblo, pero el pueblo no les pagó el sueldo.
II. IGNACIO GÓMEZ: EL PERIODISTA QUE PIDIÓ AMPARO Y RECIBIÓ UN FORMULARIO
Antes de hablar del Mencho, hablemos de Ignacio Gómez Villaseñor. Editor, periodista, especialista en ciberseguridad. Un hombre que tuvo la mala ocurrencia de hacer su trabajo: investigar hackeos a instituciones del gobierno, exponer filtraciones de datos, señalar a quienes deben ser señalados.
El resultado: amenazas, doxing, sus datos personales circulando por redes como panfleto de feria. Fue a la FEADLE —Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión— y su carpeta fue reasignada "en varias ocasiones sin avances visibles". Intentó acceder al Mecanismo Federal de Protección para Periodistas. Burocracia, laberinto kafkiano, ventanilla equivocada, formulario incorrecto, silencio.
ARTICLE 19 tuvo que salir a gritar lo que el Estado no quería ver: un periodista en riesgo grave, desprotegido, sin amparo efectivo.
Y aquí está la joya: Gómez documentó que los criminales ya usan inteligencia digital para planear operativos. Que los hackeos a fiscalías estatales —como el de Guanajuato— exponen datos de víctimas de violencia de género, mujeres desaparecidas, sobrevivientes de abuso. Toda esa información, con nombres, domicilios, testimonios, disponible para quien la quiera comprar. El crimen organizado, bien informado. El periodista que lo denuncia, desprotegido.
Paradoja número dos: El Estado mexicano tiene inteligencia suficiente para ubicar al Mencho en Tapalpa, pero no para proteger al periodista que les explica cómo los hackean.
III. LA CLAVE DE GÉNERO: ¿QUIÉN SOSTIENE ESTA CASA QUE SE CAE?
Aquí viene la intersección que nadie quiere nombrar en las mañaneras.
La reforma judicial presumió paridad. Treinta y seis por ciento de candidatas al proceso electoral judicial del 1 de junio de 2025. Aplausos. Fotografías. Pero el 98% de los delitos contra periodistas queda impune. Y cuando el periodista agredido es mujer —lo documenta CIMAC con precisión quirúrgica— la violencia de género como móvil simplemente no existe en los expedientes. Se borra. Se ignora. Se archiva en el cajón del juzgado sin presupuesto.
Las mujeres periodistas enfrentan amenazas con cuerpo: acoso sexual digital, exposición de sus domicilios, amenazas a sus familias. Y los juzgados que deberían atenderlas están en huelga porque nadie les pagó.
La justicia en México tiene cara de mujer: trabaja doble, cobra menos, y cuando pide lo que le corresponde, le dicen que hay que esperar a que pase la reforma.
IV. LA PARADOJA MAESTRA: EL DÍA QUE TODO CUADRA Y NADA FUNCIONA
Hoy, 22 de febrero de 2026, México logró lo que parecía imposible: eliminar al criminal más poderoso del país. El Ejército funcionó. La inteligencia funcionó. La coordinación con Estados Unidos funcionó.
Y al mismo tiempo: los juzgados federales donde deberían procesarse sus operadores están precarios. Los periodistas que investigan al crimen organizado no tienen protección. Los datos de mujeres víctimas de violencia están expuestos en internet porque nadie protegió los servidores de la Fiscalía de Guanajuato. Y quien lo denunció —Ignacio Gómez— recibió amenazas, no amparo.
El Estado mexicano puede derribar helicópteros, puede infiltrar cárteles, puede montar operativos que ponen en jaque a los más buscados del mundo.
Pero no puede pagarle el sueldo a la actuaria que lleva el expediente.
No puede proteger al periodista que hace el trabajo de inteligencia que el Estado debería hacer.
No puede garantizar que los datos de una mujer desaparecida no terminen en las manos del mismo crimen que la desapareció.
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Celebren la caída del Mencho. Está bien. Es real, es importante, y el crimen organizado no merece ninguna “elegía romántica.”
Pero exijan también que las personas trabajadoras delos juzgados cobren su sueldo. Que el periodista amenazado tenga escoltas, no formularios. Que los datos de las mujeres víctimas estén protegidos con la misma ferocidad con que el Ejército protegió su operativo en Tapalpa.
Porque un país que puede cazar al capo más poderoso del mundo, pero no puede sostener su propio sistema de justicia, no ha ganado la guerra.Ha ganado una batalla. Espectacular, cinematográfica, necesaria.
Y el lunes siguiente asi como las siguientes semanas, cuando abran los juzgados, seguirán siendo los mismos juzgados de siempre: llenos de expedientes, cortos de presupuesto, y sostenidos en su mayoría por mujeres que, paradójicamente, siguen esperando que la justicia también llegue a su ventanilla.
Porque esajusticia que se exhibe como un espectáculo bélico, en los tribunales se marchita entre huelgas y expedientes acumulados.
