Desde el Lunar Azul
Dicen que las buenas noticias hay que celebrarlas. Pero hay decisiones que, aun vestidas de institucionalidad, huelen más a previsión política que a fortalecimiento democrático.
La ampliación del periodo del Fiscal estatal hasta 2034, cuando apenas lleva unos meses en el encargo y la flexibilización de requisitos para encabezar el Órgano Superior de Fiscalización no son ajustes técnicos: son movimientos estratégicos. El grupo en el poder sabe que el calendario corre. 2027 no es ciencia ficción. Blindarse antes de entregar la estafeta, ya sea guinda, azul o de cualquier tonalidad, parece ser la prioridad.
Y el problema no es el fiscal en lo personal. Manuel Alonso apenas comienza a construir resultados y a generar interlocución con sectores empresariales y políticos. Pero dejarlo amarrado por casi una década lo convierte, automáticamente, en herencia obligada para quien gobierne después. Flaco favor; la autonomía, cuando se prolonga sin contrapesos, puede convertirse en inercia o peor, en captura.
Basta mirar al vecino incómodo, Guanajuato. Su fiscal permaneció quince años en el cargo. Durante ese periodo, la entidad pasó de registrar alrededor de 1,000 homicidios anuales en 2015 a superar los 3,500 en 2020, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No es una relación lineal ni simplista, pero sí un dato incómodo, la permanencia prolongada no garantiza eficacia. A veces garantiza lo contrario.
Más aún, diagnósticos federales recientes han reiterado que las fiscalías estatales son el eslabón más débil del sistema de procuración de justicia. El Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (Impunidad Cero, 2023) ubicó a la mayoría de las fiscalías con niveles críticos de efectividad, con tasas de judicialización inferiores al 20% en varios estados. En extorsión, uno de los delitos que más lastima, la cifra negra supera el 95%, según ENVIPE 2023 del INEGI. Es decir, casi nadie denuncia, y cuando denuncia, pocas veces pasa algo.
Las fiscalías “autónomas” nacieron para blindarlas de presiones políticas. La idea era correcta, separar al persecutor del poder en turno. Pero en muchos casos se convirtieron en pequeños feudos. Algunas terminaron confrontadas con los otros poderes; otras, dócilmente alineadas. Al final, por las buenas o por las malas, el fiscal suele gravitar alrededor del Ejecutivo.
Y si del Legislativo hablamos, el espectáculo no mejora. Legislatura tras legislatura se confirma que la oficialía de partes más cara del estado sigue funcionando con obediencia ejemplar. La desaparición de candados en el Órgano Superior de Fiscalización no fortalece la rendición de cuentas; la diluye. El antecedente nacional tampoco es alentador, la Auditoría Superior de la Federación ha sido señalada recurrentemente por su lentitud en sancionar y por auditorías que llegan cuando el daño ya es historia. Mucho informe, poca consecuencia.
Y entonces viene la narrativa “es por estabilidad institucional”. Claro. También la estabilidad fue argumento en otros tiempos para justificar concentraciones excesivas de poder. Ni en lo federal ni en lo local es saludable que los contrapesos se diluyan bajo mayorías cómodas.
La decepción duele más cuando hubo expectativa. La primera mujer en gobernar Aguascalientes despertó ilusión legítima. Pero rodearse de aplaudidores y operadores externos que subestiman la inteligencia local erosiona el capital político. Gobernar no es desconfiar de los propios.
Cerramos con la cereza del pastel, la insinuación de una posible “ley mordaza” desde la Secretaría de Comunicación. Hablar de “responsabilidad al comunicar” siempre suena noble; el problema es quién define la responsabilidad y con qué criterios. Organismos defensores de la libertad de expresión suelen recordar que cualquier regulación ambigua es antesala de censura indirecta. Y en un ecosistema donde el gasto en comunicación oficial condiciona líneas editoriales, el riesgo es doble.
Porque cuando el presupuesto fluye, florecen los elogios; cuando se seca, aparecen filtraciones y amenazas de “calentar la plaza”. No es nuevo. Es estructural. Pero no deja de ser corrosivo.
La concentración de poder, aunque venga envuelta en tecnicismos legales, rara vez termina bien. Lo sabemos en la teoría política, lo sabemos en la práctica comparada y lo estamos viendo en tiempo real.
Serenos, dirían desde Palacio Nacional. Pero la serenidad no debe confundirse con indiferencia.
Anote bien los nombres de quienes votaron estas reformas. La memoria ciudadana suele ser corta; el poder, no.
Aquí dejo esta roca.
Empújela usted.
Yo vuelvo. Como siempre.
