Los libros narrados en primera persona o basados en entrevistas pertenecen a la crónica o la memoria, priorizan la subjetividad y la experiencia personal; no están sujetos a la objetividad periodística.
Su autenticidad radica en la honestidad emocional, no en la prueba judicial de hechos.
Descalificar Ni venganza, ni perdón, el libro de Julio Scherer Ibarra escrito en mancuerna con Jorge Fernández Menéndez, a partir de estigmatizar al periodista es la salida fácil que intenta colocarlo en un género al que no pertenece para distraernos de lo verdaderamente importante: la rendición de cuentas.
En su libro, Julio Scherer Ibarra acusa, no denuncia. Su recuento memorístico nos lleva a decenas de encuentros y conversaciones privadas que no hay forma de probar; no tiene por qué hacerlo, es lo que recuerda y así lo narra. No asume la responsabilidad de judicializar, le basta justificarse con que los funcionarios públicos deben dejar testimonio acerca de lo que hacen, porque se puede hacer muchas veces, para bien o para mal; sólo eso, ningún compromiso con la procuración de justicia.
A Scherer Ibarra se le puede denostar con facilidad. Nada de su testimonio adjunta una prueba, todo son dichos. En 2021, cuando deja la Consejería Jurídica de Andrés Manuel López Obrador, lo despiden con aplausos atronadores; enseguida, el silencio, el hacerse de la vista gorda. Años en que ambas partes, el hijo de Julio Scherer y el oficialismo, toda la Cuarta Transformación, guardaron silencio, hasta que habló y, entonces sí, es corrupto, conservador, enemigo del movimiento. Con una estridencia calculada para que nadie recuerde que durante años se mantuvo el silencio en ambos lados. Reitero: en todas las partes.
Las acusaciones de Ni venganza, ni perdón son muchas. Ante la novedad del texto sólo se ha respondido a algunos capítulos difundidos en los medios, en especial aquellos dedicados al vocero de López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, quien, revolcándose en el victimismo acostumbrado por la Cuarta Transformación, lo acusa de corrupto, de ser “un conservador cuyo único interés es el dinero y cuya única moral es la ambición y el agandalle (...), un abogado que salió del gobierno en medio de señalamientos de tráfico de influencias y extorsión”.
El libro subraya el mal que la polarización ha hecho a la vida pública, al debate político, durante la Cuarta Transformación en el poder: los seis años de López Obrador y también lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum. Pero eso no es tomado en cuenta para lo que realmente importa para los destinos del país (lamento lo grandilocuente que suena esta frase); lo que les importa es cómo quedan ante la opinión pública y los posibles electores, cuánto se van a manchar el plumaje, en qué forma saldrán libres del revolcadero de lodo que implican las declaraciones de uno y del otro.
Ya terminé de leer el libro, tendré que realizar una segunda lectura para subrayar y destacar las acusaciones que deben ser sustentadas, probadas, integradas a una carpeta de oficio. Sinceramente no me interesa la opinión de Claudia Sheinbaum; me declaro un ingenuo que sigue creyendo en el Estado de Derecho, en la persecución de oficio de ciertos delitos, pero sobre todo un fiel de la discusión en la arena pública de los asuntos de gobierno, para que se esclarezcan más allá de cualquier interés partidista.
En este punto es donde el debate deja de ser literario, ético o incluso jurídico y se vuelve abiertamente político. Ni el oficialismo ni sus voceros están discutiendo el contenido del libro; hablan de quién tiene derecho a hablar y desde dónde.
Cuando personajes como Arturo Ávila, Layda Sansores o Clara Brugada intentan erigirse en árbitros de lo que debe ser el periodismo, no lo hacen para elevar el debate público ni para exigir rigor, contexto o contraste de fuentes. Lo hacen para, desde su ladrillito repartir culpas, se abrogan el privilegio de decidir a quién sí debemos escuchar y a quién no, reparten legitimidad. No es una defensa del periodismo; les mama controlar el discurso.
El mensaje es claro y peligrosamente simple: si el texto no cumple con los estándares que ellos quieren establecer, no merece atención, discusión ni consecuencias. Bajo esa lógica, la crónica, la memoria, el testimonio y hasta la opinión crítica quedan reducidas a chisme, venganza o golpeteo, categorías morales tergiversadas para clausurar la conversación.
El periodismo no está para complacer al poder. Funciona como contrapeso porque no está obligado a coincidir con la narrativa oficial ni a someterse a sus tiempos, sus silencios o sus conveniencias. Cuando el poder político pretende darnos lecciones de periodismo, lo que realmente intenta es disciplinarnos.
Lo mismo aplica para la oposición sin proyecto, que lloriquea porque no se difunde, no se habla, no se exaltan los deseos del Frente Amplio Democrático, cuando todas sus peticiones son partidistas, interesadas en un movimiento que mantenga un sistema que está haciendo aguas por todas partes. Nada que ver con promover la participación ciudadana; basta ver cómo son convocados los abajo firmantes o cómo, como ya ha sido demostrado, son incluidos sólo porque pensamos que ser oposición es fashionista.
Volviendo al libro, es sumamente revelador que el debate se concentre en la descalificación de quienes lo escribieron, no en la gravedad de lo que se narra. Si algo incomoda de Ni venganza, ni perdón no es su falta de pruebas judiciales, sino que exhibe, desde la experiencia directa, la forma en que el poder se ejerce, se negocia y se protege a sí mismo. Eso, para un movimiento que se asumió moralmente superior, es intolerable.
El periodismo no está para dictar sentencias ni para integrar carpetas de investigación; está para exhibir los hechos y los testimonios, para obligar a las instituciones a responder, a aclarar, a investigar.
El periodismo funciona como un sistema de alertas: señala zonas oscuras, contradicciones, abusos posibles. A partir de ahí, el Estado tendría que actuar de oficio. Todo lo demás es propaganda.
Exigirle al periodismo que haga el trabajo del Ministerio Público no es rigor: es mala fe. Es una forma vulgar de exigir silencio por no llevarlo a un juzgado.
Lo que estamos viendo, otra vez, es el intento de convertir la crítica en traición y la duda en delito moral. Frente a eso no queda más que insistir, no somos sus gatos, no tenemos que pedir permiso ni aprobación, no se tiene por qué aceptar clases de ética de quienes confunden la lealtad política con la verdad.
El libro de Scherer Ibarra requiere varias entregas para explicarlo. Lo que no merecen los reporteros, los periodistas, es que nadie, mucho menos Arturo Ávila, salga a dar lecciones de periodismo. No se requiere que voceros ansiosos de una candidatura, con la compra de bardas en la alcaldía Cuauhtémoc o encuestas amañadas en Aguascalientes, quieran dictar qué debe ser el periodismo. El periodismo no es una extensión de la narrativa oficial ni un trámite que deba cumplir con los formatos del régimen.
No buscan rigor, buscan silencio. No quieren debate, quieren obediencia. Por más que lo disfracen de ética, es otra forma de censura. El periodismo seguirá cumpliendo con su deber, con memoria, con crónica, con preguntas incómodas, aunque a quienes detentan temporalmente el poder les arda. Si duele, es señal de que todavía funciona.
Coda. Fui director editorial de un periódico en el que Salvador Vázquez Caudillo colaboró durante años, un medio que dedicó cientos de páginas a temas relacionados con la transparencia y el combate a la corrupción. Hoy que es acusado de filtrar un examen, cual vocero de Morena, acusa a los medios de no dar seguimiento al Sistema Anticorrupción y no los considera “autoridad competente” como para rendir cuentas. Ridícula excusa, sólo intenta eludir su responsabilidad en un acto de corrupción. Así de pequeños son quienes llegan a un cargo para servirse y no para servir.
@aldan
