Bajo presión
Los primeros párrafos del comunicado con que Transparencia Internacional presenta el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 son demoledores. Las Américas registran una puntuación promedio de apenas 42 sobre 100 y no hay avances en la lucha contra la corrupción. Años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional, con un impacto directo en la vida de las personas: derechos humanos debilitados, servicios públicos corroídos y seguridad comprometida.
México aparece en el sótano con una calificación de 27 sobre 100, muy por debajo de la media regional; el país es señalado, junto con Brasil y Colombia, como un escenario donde la corrupción ha permitido que el crimen organizado se infiltre en la política, fomentando la impunidad y las injusticias. No es una acusación menor ni un diagnóstico ideológico; es una radiografía del fracaso institucional.
Este dato no llega en el vacío. El IPC 2025 se publica justo en una semana en que la Cuarta Transformación sufre una de sus fracturas más graves. La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una bomba desde el interior del movimiento: la detención del presidente municipal de Tequila, Daniel Rivera Navarro; el asesinato de mineros en Sinaloa y la confirmación, una vez más, de que el vínculo entre política y crimen no es una herencia extinguida, sino un sistema en pleno funcionamiento.
Para agravar el escenario, la difusión del libro de Julio Scherer Ibarra, Ni venganza ni perdón, lanza acusaciones directas contra el coordinador de asesores de la Presidencia. La respuesta oficial es el refugio en la moralidad: se defiende a Jesús Ramírez bajo el argumento de que es un hombre de principios y leal. Sin embargo, la lealtad no es un sustituto de la rendición de cuentas. En este momento crítico, el combate a la corrupción debería ser una política de Estado y no un acto de fe. Lamentablemente, no parece haber voluntad desde el Ejecutivo; por el contrario, se percibe que quien sigue marcando el paso lo hace desde su finca en Palenque.
A los voceros del oficialismo se les ha repartido una nueva tarjeta para defender lo indefendible. Ahora argumentan que la oposición emplea una “hipérbole selectiva”, un argumento que usan vocingleros como Arturo Ávila para intentar distraer la atención y simular que el gobierno federal tiene la intención de desarticular la red narcopolítica. Hay que ser claros: la voluntad de cumplir con la ley no debería ser una noticia ni una hazaña destacable, es una obligación constitucional. Presentar el deber como una bandera heroica no combate el problema, simplemente lo administra. Es propaganda envuelta en retórica.
Sostengo que a Donald Trump no le interesa la política interna de México. No está pidiendo cabezas de narcopolíticos ni exige purgas morales. Al presidente de Estados Unidos le importa el control del territorio y el flujo de sustancias; el resto es ruido. El discurso de la soberanía que hoy se agita desde Palacio Nacional es un distractor eficaz; convierte la discusión sobre corrupción en una disputa nacionalista para desplazar la pregunta incómoda: ¿por qué se permite la impunidad?
Lo más grave es que la oposición, carente de propuestas, se compra el distractor. En lugar de desmontar la simulación, se suma al debate en los términos del oficialismo, quejándose de engaños en abstracto sin tocar el núcleo del problema. Mientras tanto, los delitos siguen sin denunciarse y las instituciones se cobijan en la cifra negra para justificar su inacción. La impunidad no es una falla del sistema; es uno de sus activos. Morena no rompió con esa lógica, aprendió a administrarla. Juega con las reglas del crimen organizado para mantener una pax narca funcional, negocia silencios y dosifica escándalos.
La impunidad se construye todos los días culpando al pasado o fabricando conceptos como el de la “hipérbole selectiva”. Se exageran fallos específicos y se eligen enemigos cómodos para sostener la idea de que aquí no hay pactos, sino adversarios del proyecto. Pero es una falsa narrativa. La corrupción se combate desmontando el sistema que la protege, no apelando a que se conoce a los funcionarios desde hace mucho tiempo o que son personas de principios.
Coda. En Aguascalientes el panorama no es distinto. Ahora Marcela López Serna tiene la obligación de presentar una denuncia por el presunto acto corruptor cometido por Salvador Vázquez Caudillo; sólo así podrá actuar el contralor Juan Pablo Diosdado. Este movimiento podría ser clave en la carrera de Diosdado hacia la presidencia municipal, permitiéndole demostrar, como ha intentado en otras ocasiones, que el combate a la corrupción puede ser algo más que un discurso de mesa.
Ps. Este texto va dedicado a la Mujer Loba y a Socorro Ramírez, a quienes agradezco sus opiniones públicas sobre mi trabajo, un abrazo para ambas, gracias.
@aldan
