Las operaciones inmobiliarias son tan vulnerables como la actividad financiera de ser catalogadas como sospechosas de incurrir en situaciones de lavado de dinero
Si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detecta operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluso quien rente un inmueble podría enfrentar penas de prisión, advirtió Alejandro Lozano Curiel, socio de Crímenes Financieros y Cumplimiento en la firma internacional Crowe, especializada en asesoría y prevención antilavado.
"El sector con mayor nivel de vulnerabilidad es el inmobiliario, no sólo en operaciones domésticas, sino también en desarrollos de centros comerciales, parques industriales, así como entre brókers, abogados y contadores", señaló.
El especialista subrayó que el principal riesgo radica en la falta de entendimiento del cliente.
"Si no se sabe quién es, qué hace y por qué opera, todo lo que sigue carece de contexto. La reforma refuerza esta obligación: sin conocimiento del cliente no existe control real, sólo una apariencia de cumplimiento", afirmó.
Explicó que las operaciones inmobiliarias pueden ser tan vulnerables como las financieras para ser catalogadas como sospechosas de lavado de dinero, proceso mediante el cual recursos ilícitos se integran a la economía formal aparentando legalidad.
"El lavado no ocurre de forma abrupta. Se infiltra gradualmente, aprovechando actividades legítimas, operaciones permitidas y sujetos que no se perciben a sí mismos como parte del sistema financiero", advirtió.
EXTRA:
Lozano recordó que la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado, vigente desde el 25 de julio de 2025, endureció las sanciones, al grado de que la presentación de un contrato ilegible podría derivar en penas de dos a ocho años de prisión.
