Peces de ciudad
El 21 de marzo no es una fecha menor en la historia nacional. Es el día del natalicio de Benito Juárez, símbolo de la República, de la legalidad y de la reconstrucción institucional después de la fractura a la que arratro al país el bloque conservador. Que la Convención para la Reconstrucción de Aguascalientes se convoque en esta fecha no es casual: es una declaración política y moral sobre el momento que vive el estado.
Aguascalientes atraviesa una etapa de agotamiento del modelo que lo ha gobernado durante décadas. El crecimiento económico sin justicia social, la modernización sin inclusión y la administración pública sin participación ciudadana han dejado un saldo evidente: desigualdad, precarización laboral, violencia creciente y una profunda desconexión entre gobierno y sociedad. Frente a este escenario, la reconstrucción no puede limitarse a un cambio de rostros; exige una revisión de rumbo.
La convocatoria impulsada por Nora Ruvalcaba y Alfonso Ramírez Cuéllar apunta justamente a eso: a abrir un espacio de deliberación pública donde la política vuelva a pensarse desde abajo, con la gente, y no únicamente desde los cálculos electorales o los acuerdos de élite. Hablar de “convención” remite a la idea de pacto, de encuentro plural, de construcción colectiva de un proyecto común. De hecho, la Senadora Nora Ruvalcaba lo ha venido haciendo ya con el intetersante ejercicio: Diálogos por la transformación de Aguascalientes.
Reconstruir Aguascalientes implica reconocer que el bienestar no puede medirse solo en indicadores macroeconómicos. Implica colocar en el centro a las y los trabajadores, al campo olvidado, a las juventudes sin oportunidades reales, a las mujeres que sostienen la vida comunitaria y a los barrios que han sido excluidos del desarrollo. También significa recuperar la función social del Estado como garante de derechos, no como simple administrador de inercias.
Esta convención tiene, además, un reto político de fondo: demostrar que la transformación puede arraigarse en un estado históricamente conservador sin renunciar a la pluralidad ni a la reconciliación social. No se trata de imponer una visión única, sino de articular un horizonte compartido donde la dignidad, la justicia y la soberanía local sean ejes del debate público.
Si la Convención para la Reconstrucción de Aguascalientes logra convertirse en un ejercicio auténtico de escucha, diagnóstico y propuesta, puede marcar un punto de inflexión. No solo para un proyecto político, sino para la vida democrática del estado. El 21 de marzo, entonces, no será solo una fecha conmemorativa: puede ser el inicio de una nueva etapa, donde Aguascalientes se piense a sí mismo con valentía, memoria histórica y vocación de futuro.
