Opinión
Durante los últimos años, la palabra infraestructura fue perdiendo centralidad en el debate público mexicano. No porque el país dejara de necesitarla —basta recorrer carreteras, sistemas de agua, hospitales o redes energéticas—, sino porque hubo una decisión política explícita: privilegiar la redistribución directa, la austeridad y proyectos emblemáticos específicos, aun a costa de relegar una planeación estructural de largo alcance.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador sostuvo una visión clara y coherente con su narrativa histórica: un Estado menos endeudado, menos tecnocrático, más enfocado en programas sociales inmediatos y en una relación directa con “el pueblo”. Esa apuesta tuvo virtudes innegables en términos de inclusión y justicia social, pero también dejó vacíos importantes en materia de infraestructura estratégica, crecimiento sostenido y competitividad nacional.
La infraestructura, conviene recordarlo, no es un lujo neoliberal ni un capricho tecnocrático. Es la condición de posibilidad del desarrollo. Sin energía suficiente no hay industria; sin transporte eficiente no hay integración regional; sin agua no hay dignidad; sin hospitales y escuelas no hay bienestar real ni sostenible. Cuando estas bases se debilitan, los programas sociales quedan expuestos a la fragilidad estructural del país.
Por eso, el anuncio reciente de un megaplan de infraestructura por 5.6 billones de pesos marca un punto de inflexión. No se trata únicamente de una cifra histórica, sino de un cambio de mirada sobre el papel del Estado. Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, México vuelve a colocar la planeación, la inversión productiva y la articulación entre lo público y lo privado en el centro de la conversación nacional.
Hay un elemento particularmente relevante en este plan: su horizonte temporal. Pensar de 2026 a 2030 implica romper con la lógica del corto plazo y asumir que gobernar también es imaginar el país que viene, no solo administrar el presente. En un contexto político marcado por la urgencia, la polarización y la consigna, esta apuesta por el largo plazo representa una señal de madurez institucional.
La infraestructura no solo genera empleo y crecimiento; genera confianza. Confianza para invertir, para producir, para permanecer. Los países que logran sostener proyectos de gran escala son aquellos que entienden que el desarrollo no se improvisa ni se decreta: se construye con planeación, técnica, continuidad y responsabilidad fiscal.
Desde luego, los desafíos son enormes. Ejecutar un plan de esta magnitud exige transparencia, controles claros, evaluación constante y una coordinación efectiva entre niveles de gobierno y sector privado. No basta con anunciar; habrá que cumplir, medir impactos y corregir desvíos. La historia reciente nos ha enseñado que los megaplanes pueden fracasar cuando se subordinan a intereses políticos o se alejan de criterios técnicos.
Sin embargo, incluso antes de su ejecución, este anuncio ya ha producido un efecto significativo: ha cambiado el tono del debate. México vuelve a hablar de desarrollo, de infraestructura estratégica, de Estado planificador sin complejos ni apologías. Vuelve a reconocerse que el bienestar no se sostiene solo con transferencias, sino con cimientos sólidos.
En tiempos donde la discusión pública suele reducirse a bandos irreconciliables, vale la pena decirlo con claridad: reconocer este viraje no es un acto de militancia, sino de honestidad intelectual. Cuando un país decide invertir de nuevo en sus bases materiales, sociales y productivas, no se trata de una victoria partidista, sino de una oportunidad histórica.
Porque cuando la infraestructura vuelve a ocupar su lugar, el mensaje es claro: el futuro deja de ser un discurso y vuelve a convertirse en un proyecto.
