En estos tiempos
Hemos hablado del fuero como protección de la diversidad y de la representación proporcional como espejo de nuestra pluralidad. Toca ahora abordar el pilar más visible y, por ende, el más cuestionado: el Instituto Nacional Electoral (INE). El argumento del oficialismo ha sido consistente: la democracia mexicana es "la más cara del mundo" y ese dinero debería destinarse a otras prioridades. Sin embargo, para centrar este debate, es indispensable desglosar en qué se gasta realmente el presupuesto electoral y qué es lo que compramos con esos recursos.
Un error común es pensar que el presupuesto del INE se destina exclusivamente a organizar elecciones cada tres años. Cerca del 40% del presupuesto operativo del instituto se dedica a garantizar el derecho a la identidad. El INE administra el padrón electoral más confiable del país y gestiona los módulos de atención ciudadana que emiten el principal documento de identificación nacional.
Producir físicamente la credencial para votar tiene un costo de contrato de aproximadamente $11.50 pesos por pieza. Sin embargo, al sumar la infraestructura de los módulos, el personal y la protección de datos biométricos, el costo real para el Instituto es de entre $260 y $270 pesos por unidad. Este es un servicio de identidad gratuito para el ciudadano, pero con un costo fijo de estabilidad para el Estado que ninguna otra dependencia podría absorber con la misma eficiencia y confianza.
Cuando comparamos a México con países de electorado similar, la cifra parece alta, pero el contexto lo explica todo. Mientras que en Brasil el costo por elector ronda los $2.30 USD gracias a su avanzada urna electrónica, en México el costo oscila entre los $9.00 y $11.00 USD. ¿La razón? El papel seguridad con fibras ópticas, las marcas de agua, la custodia militar de los paquetes y el líquido indeleble.
En México, cada peso extra es, en realidad, un "impuesto a la desconfianza" que pagamos para evitar que los fantasmas del fraude regresen a las urnas. Reducir el gasto es un objetivo loable, pero el camino es la modernización tecnológica —como la urna electrónica— y no la asfixia presupuestal que vulnera la capacidad operativa del árbitro.
Para dimensionar la supuesta carga que el INE representa para el país, es necesario observar su peso en la economía real. El presupuesto operativo del Instituto representa apenas el 0.06% del Producto Interno Bruto (PIB). En términos llanos: de cada cien pesos que produce la economía mexicana, la institución que garantiza la paz social y la certeza jurídica nos cuesta menos de siete centavos.
Desmantelar al árbitro para "ahorrar" el 0.20% del Presupuesto de Egresos de la Federación no es un ejercicio de eficiencia financiera, sino una apuesta de altísimo riesgo. La falta de certeza en una elección no solo genera inestabilidad social; genera volatilidad cambiaria y fuga de capitales que costarían al país mucho más que el presupuesto del INE. Al final de esta serie, la conclusión es clara: el fuero, los plurinominales y el INE no son piezas sobrantes; son los frenos y contrapesos de una maquinaria diseñada para que el poder nunca sea absoluto. En esta "última batalla", lo que está en juego no es el ahorro, sino la libertad de seguir decidiendo quién nos gobierna.
