Clave 360°
Durante décadas, México disfrutó de una ventaja silenciosa: el bono demográfico. Una mayoría de población en edad de trabajar sosteniendo —con su productividad y sus contribuciones— a relativamente menos niñas, niños y personas mayores. Ese “viento de cola” se está agotando. Y lo preocupante no es solo que vayamos a envejecer, sino cómo vamos a envejecer: con una proporción enorme de trabajadores que pasaron su vida laboral sin seguridad social, con ahorros insuficientes y con un Estado que podría verse rebasado cuando el bono se convierta en déficit demográfico.
Los números, por sí solos, ya encienden todas las alarmas. De acuerdo con la ENOE del INEGI, la tasa de informalidad laboral ronda el 54–55% de la población ocupada, es decir, más de la mitad de quienes trabajan lo hacen fuera de esquemas laborales que suelen garantizar cotización para retiro y acceso pleno a instituciones de seguridad social. En términos absolutos, esto implica más de 32 millones de personas trabajando en la informalidad. Y si se mira desde el otro lado, alrededor de 44–45% de la población ocupada cuenta con un empleo formal bajo esquemas de seguridad social, lo que significa que menos de uno de cada dos trabajadores está construyendo una pensión contributiva. La lectura es directa: millones están construyendo su vejez sin “semana cotizada”, sin base pensionaria y sin cobertura estable.
El problema se agrava cuando conectamos esa realidad con el cambio poblacional que viene. Proyecciones oficiales y análisis demográficos coinciden en que México se encamina hacia una sociedad mucho más envejecida: para 2050, la población de 60 años y más rondará entre 21% y 24% del total nacional, es decir, casi uno de cada cuatro mexicanos será adulto mayor. Hoy ese grupo representa alrededor del 12–13%, lo que implica que en apenas una generación se duplicará el peso relativo de la vejez en la estructura poblacional. En términos simples: habrá muchos más adultos mayores, y una parte sustantiva llegará con carreras laborales fragmentadas o informales, lo que erosiona la posibilidad de una pensión contributiva suficiente.
Aquí aparece el “nudo” de la crisis: informalidad + envejecimiento + bajo ahorro. Aun entre quienes sí tienen una Afore, el reto es que el ahorro voluntario es bajo: distintos reportes muestran que menos del 10% de los trabajadores con cuenta de retiro realiza aportaciones voluntarias de manera regular. En la práctica, muchos enfrentan interrupciones de cotización, salarios insuficientes para ahorrar y, en momentos de crisis, retiros parciales por desempleo que reducen de forma permanente su saldo para el retiro. Además, las tasas de reemplazo estimadas —es decir, el porcentaje del último salario que se recibe como pensión— suelen ubicarse muy por debajo del 60% para una gran parte de los trabajadores, lo que anticipa una caída drástica en el nivel de vida al jubilarse. El panorama de la vejez “trabajando hasta morir” o dependiendo de transferencias públicas ha dejado de ser una metáfora: es una posibilidad real y crecientepara millones.
La crisis no será únicamente individual; será macroeconómica y social. Cuando una generación grande envejece sin pensión suficiente, la presión se desplaza a tres lugares:
A este punto hay que añadir una verdad incómoda pero ineludible: el Estado mexicano y la clase política deben colocar este tema en la más alta prioridad nacional, y hacerlo ya. No se trata solo de un debate técnico sobre pensiones, Afores o tasas de reemplazo. Se trata de un riesgo humanitarioen cámara lenta. Un país que permite que millones de personas lleguen a la vejez sin ingresos suficientes, sin cobertura médica adecuada y dependiendo de la caridad familiar o de apoyos mínimos, se encamina a una crisis de dignidad humana. Hoy, más del 40% de los adultos mayores ya depende en buena medida de transferencias familiares o apoyos públicos para completar su ingreso. Ignorar este problema equivale a administrar la escasez y el sufrimiento mañana.
Además, hay un efecto menos visible pero igual de grave: si buena parte de la vejez cae en precariedad, el país entra en una zona de inestabilidad social —mayor desigualdad, más conflictos intergeneracionales y una economía menos dinámica por el peso de la dependencia. El “déficit demográfico” no es solo un concepto poblacional: es una factura social, fiscal y política que llegará cuando haya más personas retiradas y menos trabajadores formales aportando.
¿Qué hacer? No existe una bala de plata, pero sí un rumbo claro: formalizar con incentivos reales, fortalecer la densidad de cotización y construir un puente entre la economía informal y el ahorro para el retiro (mecanismos simples, digitales, automáticos y con corresponsabilidad). También urge elevar la educación financiera, pero no con discursos: con diseño de política pública que “haga fácil” ahorrar, aunque sea poco y constante. Países que han avanzado en este terreno muestran que incluso aportes pequeños pero persistentes durante 30 o 35 años marcan una diferencia sustancial en el ingreso de retiro. Y, sobre todo, México necesita tratar la seguridad social como lo que es: infraestructura nacional, tan estratégica como carreteras, energía o agua.
La Generación X —y quienes vienen detrás— todavía están a tiempo, pero la ventana se cierra. Si no corregimos la ecuación ahora, el país llegará a la mitad del siglo con una población envejecida y millones de adultos mayores sin red. Y entonces ya no hablaremos de pensiones como un tema técnico, sino como la crisis social y humanitaria más grande del México moderno.
