El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, afirmó hoy que la compra de nueve camionetas Grand Cherokee blindadas para Ministros y Ministras estuvo plenamente justificada y no fue arbitraria ni caprichosa.
Lo anterior, al día siguiente de que se informó que las camionetas, que costaron 2.4 millones de pesos por unidad, no serán usadas por la Corte, sino destinadas a jueces federales en situaciones de riesgo o vendidas.
En conferencia de prensa, Aguilar afirmó que la decisión de no usar las camionetas, que se consiguieron a precio menor que el de mercado, es muestra de que la Corte escucha y reacciona, y que él no tiene problema en andar "como cualquiera de ustedes" en Metro, autobús, en su propio auto o a pie.
El Ministro Presidente informó que al cierre de agosto de 2025 la Corte tenía 42 vehículos blindados adquiridos desde 2010, pero cuatro fueron comprados por Ministros salientes, a lo que tenían derecho como parte de su haber de retiro.
Aguilar no dijo quiénes ni cuánto pagaron.
Arístides Guerrero, quien reiteradamente ha atacado a sus antecesores, acusó que se llevaron las camionetas, y que se está auditando un acuerdo de la ex Presidenta Norma Piña sobre el tema.
"Díganme en que trabajo permiten adquirir un precio mucho menor del que se encuentra en el mercado", dijo varias veces Guerrero.
"No se las robaron, no se las llevaron", aclaró Aguilar, recordando que desde 2010 se acordó que los Ministros tenían derecho a un vehículo blindado, que se debe renovar cada cuatro años porque el blindaje se degrada y provoca problemas mecánicos.
Hugo Aguilar rechazó que las nuevas camionetas hubieran sido emplacadas en Morelos, y aclaró que fueron registradas en la Ciudad de México.
También dijo que los problemas de seguridad que justificaron la compra no fueron por amenazas a los ministros, sino de naturaleza vial.
El Presidente explicó que los actuales integrantes están haciendo viajes constantes los fines de semana al interior del País para escuchar a la gente, y que en los últimos meses se presentaron varios incidentes con los vehículos que ya existían.
"Lo que tuvimos fueron incidentes de seguridad en el camino, yo en un viaje a Huejutla la camioneta se quedó a medio camino, se partió el rin, no era un vehículo para carretera", aseveró.
Los nuevos integrantes acordaron no usar 30 Suburban blindadas, por ostentosas, y ahora están en proceso de vender 21 vehículos, que son modelos 2019 a 2021.
"No me sentí con derecho de decidir sobre la seguridad vial de compañeros y compañeras, por eso tomamos la decisión de solicitar al OAJ la adquisición de vehículos", agregó Aguilar.
"La decisión no fue subjetiva, caprichosa o arbitraria, está justificado, pero podemos andar como cualquier ciudadano común, podemos ir en autobús, vuelo, en nuestros propios vehículos".
Hasta ahora, el proceso para la compra de las camionetas no ha sido publicada en el portal de transparencia de la Corte, que no ha actualizado sus contrataciones en general desde septiembre pasado, cuando inicio la nueva integración.
Aguilar insistió que la austeridad no implica que la Corte no tendrá lo mínimo para poder funcionar.
Para 2026, la Corte tiene el mismo presupuesto nominal de 2025, es decir, 5 mil 208 millones de pesos.
"Si austeridad va a ser no gastar un peso, pues la Corte y el Poder Judicial se va a paralizar", expresó Aguilar.
"Austeridad implica responsabilidad en el uso del dinero del pueblo, sin afectar el funcionamiento de la institución. Entonces ahí tenemos un fondito para viáticos, sí, tenemos para combustible, ahí están los vehículos que hemos estado usando, ya atrasados, pero ahí están".
A la conferencia asistieron los seis Ministros y Ministras electos en junio pasado, pero no las tres que ya estaban en el cargo, dos por "cuestiones de salud" y otra más, Loretta Ortiz, por un viaje oficial a Costa Rica.
Además, estuvo el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Nestor Vargas. Lo anterior, pues la reforma de 2024 asignó a dicho órgano la administración de la Corte, que antes era controlada por los ministros, y, sobre todo, por el presidente.
En los 30 años previos, sólo algunos presidentes de la Corte dieron conferencias ocasionales, mientras que Arturo Zaldívar las convirtió en una cita mensual hacia el final de su periodo, pero varios nunca hablaron oficialmente con los medios.
No dicen razones de renuncia
Vargas y Aguilar declinaron informar las razones de la renuncia de la magistrada Lorena Pérez Romo, quien era la única integrante del OAJ de carrera judicial, y dejó su cargo sorpresivamente hace unas semanas.
La Corte está evaluando el perfil de la funcionaria que reemplazará a Pérez Romo.
Vargas afirmó que el PJF busca gastar 6 mil 249 millones de pesos menos que en 2025, lo que implicaría ahorrar el 8.8 por ciento de su presupuesto total.
Detalló que se eliminó el seguro de gastos médicos mayores de altos mandos, que costaba 191 millones de pesos, el de separación individualizada, 684 millones, así como 118 millones de pesos en apoyos por alimentos y gasolina.
También 561 millones de pesos menos en papelería, materiales de oficina y limpieza, en un contexto en que los juzgados desde hace meses advierten a los litigantes que no hay tóner ni papel para expedir copias,
En cuanto a contrataciones, Vargas dijo que ya solo pagarán mil 170 millones de pesos por seguridad, la mitad que el año anterior, sin aclarar si ello implicará una reducción en el número de elementos de vigilancia en tribunales y juzgados.
El funcionario, designado por la presidenta Claudia Sheinbaum, informó que ahora se compró una flota vehicular para el Poder Judicial Federal que costó 268 millones de pesos, y que se abandonó el modelo de arrendamiento financiero con el que operaban 445 vehículos.
Cabe mencionar que, al adquirir los autos, el OAJ también tendrá que cargar con los costos de mantenimiento, seguro y otros, que no se asumen cuando se rentan los vehículos.
Si bien el OAJ publicó algunos procesos de contratación en diciembre, la mayoría de los que mencionó Vargas no se han difundido, entre ellos el de la flota vehicular.
Sobre el posible destino de las camionetas de la Corte Vargas dijo que alrededor de 40 jueces y magistrados tienen actualmente medidas de protección, pero no todos tienen auto blindado.
A finales de 2017, el Consejo de la Judicatura Federal llegó a tener una flota de 210 camionetas blindadas para jueces y magistrados que llevan casos de alto riesgo, pero en 2019, solo 91 unidades estaban asignadas, entre otras razones, porque implicaban gastos adicionales para los juzgadores.
