Algo caracteriza al pueblo de Aguascalientes: no tolera la humillación, y mucho menos cuando viene desde el propio Estado. ¿A qué me refiero? Al sistema de autobuses y al transporte público en general, ese experimento social que durante décadas ha servido más para probar la paciencia ciudadana que para mover personas.
Por años —demasiados— el sistema de concesiones se sostuvo en el compadrazgo puro y duro, sin regulación real, tanto en gobiernos del PRI como del PAN. El juego era sencillo: si los intereses del gobernador no coincidían con los de los dueños de los camiones, estos amagaban con cambiar de bando en la siguiente elección o, peor aún, con paralizar el servicio. Y al revés: si los concesionarios no se alineaban, el gobernador amenazaba con nuevas reglas, facultades administrativas o con sacarlos del esquema. Un ping-pong de poder que no produjo nada distinto al atraso crónico.
El resultado está a la vista: unidades obsoletas, malos hábitos laborales entre conductores, un servicio indigno para los pasajeros y un atrofiamiento logístico de la ciudad. Quien lo ha vivido puede relatar una colección interminable de experiencias amargas: la incertidumbre de saber si podrás subirte al camión porque ya viene atiborrado; la certeza de que una “hora” no garantiza que pase la ruta; la inexistencia de horarios en paradas que parecen puestas al azar; rutas mal diseñadas desde su origen.
Quien va a su trabajo sin otra opción que tomar camión conoce bien esa humillación cotidiana que después se traduce en retrasos, descuentos salariales, y eventualmente, en la compra forzada de un automóvil (deudas bancarias). Personas de la tercera edad lesionadas por asientos metálicos nada ergonómicos; camiones que jamás fueron diseñados de fábrica para transportar personas, pero que “a la mexicana” fueron adaptados y echados a andar. Y lo peor: mujeres embarazadas o con niños pequeños, obligadas a viajar en condiciones que rayan en lo inhumano.
Pasó el tiempo y llegó la reforma: el plan Yo Voy. Hubo avances, sí, en algunas rutas como la 50. Pero la percepción ciudadana sigue siendo la misma: muchas rutas viejas permanecen intactas, las unidades no se renovaron como se prometió y la gran diferencia, para muchos usuarios, fue el cambio de color de los camiones y el cobro con tarjeta. Modernización cosmética, le llaman.
Mientras tanto, las paradas siguen igual o peor: desgastadas, mal diseñadas, sin sombra, sin protección contra la lluvia y sin botes de basura. Espacios que parecen hechos para recordarle al usuario su lugar en la jerarquía urbana: esperar y aguantar.
Es ahí donde el hidrocálido, cansado y ofendido tras años de maltrato, decide comprar un coche. Y así se alimenta el tráfico, la congestión vial y el caos urbano. Lo irónico es que aquello que se suponía una mejora en la calidad de vida termina siendo otra carga: llega igual de tarde al trabajo, gasta más y ve cómo su ciudad se transforma en una polis pensada para vehículos y no para ciudadanos.
¿Cómo llegamos a esto? La respuesta es incómoda pero clara: falta de voluntad política, técnica y conocimiento real de la administración pública por parte del Ejecutivo. El reto para el próximo gobernador no será pintar camiones ni jugar con la percepción, sino atacar el problema de fondo y devolverle dignidad al transporte público.
El verdadero cambio llegará cuando el ciudadano no necesite un automóvil para vivir con tranquilidad; cuando confíe y use el transporte público con gusto. Cuando sepa a qué hora pasa su ruta, no viaje hacinado, el trayecto sea cómodo y seguro, llegue puntual a su destino y el costo sea asequible. Ese día, tal vez, Aguascalientes deje de moverse por resignación y empiece a hacerlo por convicción.
