¿Lo dije o lo pensé?
En Aguascalientes volvió a encenderse el debate sobre sanciones a estudiantes violentos a partir de iniciativas recientes que buscan “poner orden” en las escuelas, sobre todo tras casos mediáticos y señalamientos de omisiones institucionales. La idea de fondo es que, si hay agresión, debe haber consecuencia. Un punto clave en esta discusión es que tenemos que definir bien qué es violencia. Si no dejamos normas claras, acabamos castigando a ciegas: unas veces tarde, otras veces de más, y casi siempre mal.
En primera instancia, violencia no es cualquier pleito. No es el desacuerdo, ni cualquier broma torpe, ni el conflicto normal de convivencia. Violencia, en términos normativos locales, incluye acciones u omisiones con intención de dañar (física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente) dentro del ámbito educativo (y también en lo digital cuando afecta a la comunidad escolar). Dicho de forma llana: cuando alguien lastima físicamente, humilla, amenaza, extorsiona, difunde contenido para dañar o toca sin consentimiento, estamos ante un acto de violencia.
Por otro lado, si el Estado quiere sancionar, tiene que hacerlo con fundamentos legales y observando cabalmente el debido proceso. Ya existen marcos y protocolos en Aguascalientes; el reto es que sean conocidos, aplicables y que no queden en letra muerta. Y si ahora se busca reforzar la Ley de Educación para incluir sanciones a agresores, corresponsabilidad familiar y consecuencias por omisión de directivos y docentes, la clave está en el “cómo”: reglas por escrito, pasos, plazos, responsables y evidencia mínima.
Y aquí es necesario mencionar la importancia dela capacitación constante a directivos y docentes en todo lo anterior. Porque un protocolo sin gente entrenada no es efectivo. Se requiere formación práctica: cómo documentar hechos, cómo identificar situaciones de riesgo y activar medidas de protección, cómo entrevistar sin revictimizar, qué pasos seguir y cuándo escalar a instancias externas.
La prevención también pasa por el entorno inmediato del plantel, porque la violencia suele ocurrir en los accesos y alrededores (el típico “nos vemos a la salida”). Por eso, además de protocolos y capacitación, se requiere una vigilancia mínima y disuasiva en entradas y salidas, coordinada cuando haga falta con la autoridad, para cerrar puntos ciegos y reforzar la seguridad.
El problema no es menor: se ha reportado que, al cierre de 2025, un número importante de los reportes atendidos por la autoridad educativa en el estado se relacionan con violencia entre estudiantes.
Además, hay un choque de derechosen este tipo de situaciones. El derecho de los demás alumnos a estudiar sin ser violentados no puede quedar subordinado al “no pasa nada”. Pero tampoco se resuelve negando que quien agrede también tiene derecho a la educación. La salida civilizada es clara: proteger a la comunidad (y especialmente a la víctima) con medidas inmediatas, y al mismo tiempo garantizar el debido proceso y establecer sanciones proporcionales, con intervenciones formativas y restaurativas cuando apliquen, y medidas más severas cuando el daño o el riesgo lo exijan.
Una normatividad clara debería aportar, por lo menos, cuatro pilares. Primero, definiciones precisas y categorías de violencia, para distinguir con claridad entre violencia física, psicológica, sexual, digital, conductas discriminatorias o incluso la portación de objetos peligrosos, entre otras. Segundo, un catálogo gradual de sanciones que permita responder de manera proporcional: desde una amonestación o medidas restaurativas, hasta el cambio de grupo, la suspensión acompañada de un plan formativo y, solo en casos graves o de reincidencia, la expulsión. Tercero, debido proceso, es decir, escuchar a todas las partes, registrar los hechos, proteger a la víctima y resolver sin linchamientos; todo esto no solo es deseable, sino plenamente compatible con el interés superior de niños y adolescentes. Y cuarto, medidas de protección inmediatas, pensadas para contener el riesgo y cuidar a la víctima desde el primer momento, evitando la revictimización.
Tradicionalmente, la escuela ha sostenido la sencilla idea de que la disciplina existe para formar con firmeza y también para proteger; es una herramienta necesaria para educar. Si vamos a sancionar, hagámoslo bien, con reglas claras, consecuencias justas y la templanza de quien entiende que educar no es “mano dura”… es mano firme con cabeza fría.
