Julio Iglesias ha decidido tomar la ofensiva legal en el caso que se sigue en su contra en España por presunto acoso y agresión sexual. El cantante presentó, a través de su abogado, una solicitud formal ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional para frenar la investigación abierta en su contra, argumentando que dicha jurisdicción no es competente para tratar los hechos denunciados y que el proceso, tal como ha sido gestionado hasta ahora, ha causado un grave daño a su reputación.
El abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, entregó un escrito de 15 páginas en el que pide el archivo inmediato de las diligencias preprocesales, actualmente bajo carácter reservado. En su solicitud, se pide que el caso se cierre en esta fase inicial y que se reconozca el derecho de la defensa a acceder a la denuncia, lo que le permitiría ejercer plenamente su representación legal.
La defensa de Julio Iglesias basa su argumento principal en que España no sería el lugar adecuado para tramitar esta denuncia. De acuerdo con el escrito, los hechos denunciados habrían ocurrido fuera del territorio español, específicamente en República Dominicana, donde Iglesias tiene su residencia habitual. Las denuncias provienen de dos mujeres que supuestamente trabajaron para el cantante, y el equipo legal considera que cualquier denuncia debería haberse presentado ante las autoridades dominicanas, no ante la justicia española.
Además de solicitar el archivo de las diligencias, la defensa exige que se autorice la personación formal del equipo legal en las diligencias. Actualmente, Julio Iglesias solo ha tenido acceso a los detalles de las acusaciones a través de publicaciones periodísticas, lo que, según su abogado, constituye una situación irregular y una vulneración del derecho a la defensa. En este sentido, el documento enfatiza que resulta fundamental para el cantante tener acceso directo a la denuncia y a cualquier actuación oficial relacionada con el caso.
Otro de los ejes del escrito es que los tribunales españoles no tienen jurisdicción en este caso, ya que los hechos no involucraron a ciudadanos españoles ni menores de edad, condiciones que suelen marcar los límites de la competencia de la Audiencia Nacional. Por lo tanto, la defensa de Iglesias cuestiona tanto la apertura de diligencias en España como la elección de este país como sede para llevar a cabo la investigación.
Por último, la defensa pone énfasis en las consecuencias mediáticas de que la investigación se esté tramitando en España. Aseguran que la decisión de abrir diligencias en la Audiencia Nacional ha provocado una amplia cobertura internacional, lo que ha impactado directamente en la imagen pública de Julio Iglesias, a pesar de que no existe una imputación formal ni una resolución judicial en su contra. En este sentido, consideran que la difusión de las acusaciones en medios de distintos países ha generado un perjuicio reputacional considerable, vulnerando así su derecho a la presunción de inocencia y dejándolo en una posición de indefensión frente a la opinión pública.
El caso sigue siendo un tema de gran relevancia tanto en el ámbito judicial como en los medios de comunicación, y la decisión sobre la solicitud presentada por la defensa de Julio Iglesias podría tener implicaciones significativas para el desarrollo del proceso y la reputación del artista.
