Bajo presión
En los próximos días sólo estaremos hablando de dos cosas: la reforma electoral y la posibilidad de un ataque de los Estados Unidos. Ambos temas serán el centro de la discusión pública y, en los dos, la narrativa se está construyendo sin datos verificados, sin control alguno por parte de la presidencia y con una ligereza que raya en lo irresponsable.
Toda la información con que se cuenta sobre posibles ataques de Estados Unidos en territorio nacional proviene de comentarios a partir de las notas de The New York Times y The Wall Street Journal que citan fuentes anónimas; a estas se suman encuestas elaboradas sobre las rodillas y sesudos análisis basados en previsiones de casas de apuestas. Ese es el nivel del debate nacional: chismes de pasillo elevados a categoría de seguridad nacional.
Sobre los cambios para la elección del 2027 ocurre lo mismo; nadie conoce la iniciativa. Tras la reunión de Claudia Sheinbaum con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, no se han difundido propuestas, únicamente ecos de las declaraciones de Pablo Gómez sobre la autonomía y los posicionamientos de partidos más preocupados por su presupuesto que por la democracia. El proceso inicia en septiembre y las leyes deberían estar listas antes; todo bajo el calendario de Ricardo Monreal, quien de nueva cuenta actúa convencido de que cualquier servicio a la presidencia servirá para mantener su carrera política.
Lo que se sabe de la reforma es un catálogo de podas, nada que provenga de un documento, nada que haya dicho la presidenta, aseveraciones que circulan en notas de prensa y columnas políticas: se habla de reducir plurinominales, quizá a 400 de 500 en la Cámara de Diputados y de 128 a 96 en el Senado; se rumorea que el financiamiento a partidos políticos caerá entre 25 y 50%, que se otorgará sólo en años de elecciones federales y quedará en cero los otros cuatro; circula la versión de que se juntarán tres elecciones en el 2027 (la federal, la del Poder Judicial y la revocación de mandato), tres procesos simultáneos con reglas distintas; se menciona reducir el número de consejeros del Instituto Nacional Electoral; revisar las diferentes modalidades de sufragio, el voto de los mexicanos en el extranjero y el voto electrónico; modificar el acceso a medios de comunicación y tiempos oficiales; eliminar fuero a legisladores, alcaldes y gobernadores; y fiscalizar a partidos políticos de forma distinta. Todo esto flota en el aire como especulación elevada a proyecto de ley.
Ya no discutimos si habrá reforma, sino cómo se van a repartir los restos del sistema electoral. El PT y el Verde negocian su supervivencia como parásitos profesionales; mientras tanto, la oposición se limita a bautizar todo como “Ley Maduro” porque su capacidad de análisis no da para más que un hashtag.
La presidenta Sheinbaum ya descartó otras visiones con una displicencia asombrosa. De la propuesta de Claudio X. González dijo que es bastante mala, de la de Lorenzo Córdova que tampoco está muy buena, y de la del INE que es larguísima. Al parecer, ahora la política pública se califica como si fuera una tarea de primaria en los viejos tiempos, con el sello de un burro apesadumbrado, un cochinito desaseado o el loro que habla demasiado en clase.
Más que una actitud personal o un desliz retórico, lo que se observa desde la Presidencia es una forma deliberada de gobernar la conversación pública a partir de silencios estratégicos, filtraciones indirectas y descalificaciones sin argumentación. No se informa: se deja correr la versión; no se fija posición: se permite que otros la inventen; no se debate: se caricaturiza. El problema es que esta técnica no sólo empobrece la discusión pública, sino que resulta políticamente fallida. Es reactiva por definición y, lejos de mostrar control, exhibe una incapacidad para conducir el discurso nacional. En política, cuando el poder no ordena la conversación, la padece; y cuando se limita a corregir rumores o a calificar ideas ajenas, lo que se proyecta no es autoridad, sino una ausencia palpable de ejercicio real del poder.
El poder político ha abdicado de su responsabilidad de conducir un debate serio, la tarea de establecer criterios objetivos ha caído, por omisión, en manos de quienes el gobierno prefiere ignorar: los expertos. Cuando la presidencia descalifica propuestas sin ofrecer las propias, cuando desprecia el rigor técnico pero no presenta alternativas fundamentadas, lo único que queda como referente de seriedad es aquello que proviene de fuera del circuito del poder. No porque la academia sea infalible, sino porque al menos parte de evidencia documentada y estándares verificables, no de adjetivos presidenciales ni de filtraciones calculadas.
Eso es lo que propone el estudio Estándares internacionales orientadores para la próxima reforma electoral en México, elaborado por el Rule of Law Lab de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York en colaboración con Barra Mexicana, Colegio de Abogados, AC, el Laboratorio Electoral y la Fundación Konrad Adenauer México. En el reporte se revisó el funcionamiento del sistema electoral mexicano a la luz de los compromisos internacionales que tiene el país con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
El reporte identificó los estándares internacionales a los se debería ajustar a reforma electoral y realizó siete recomendaciones:
Mientras los expertos se desgastan analizando tratados internacionales, nuestra clase política está ocupada en un juego de sombras. No buscan una mejor democracia, buscan una que les sea más cómoda y barata de manipular. La discusión no es técnica, es de control; y mientras nosotros nos distraemos con filtraciones de prensa extranjera y adjetivos presidenciales, ellos están diseñando el cerrojo para que, en 2027, la única voluntad que cuente sea la de quien tiene el micrófono.
El problema no es la ausencia de diagnósticos ni la falta de marcos normativos claros; existen, están documentados y han sido discutidos con rigor. Lo alarmante es el desprecio abierto hacia ese conocimiento. La academia no es ignorada por error, sino desplazada por decisión: estorba porque introduce límites, evidencia y consecuencias jurídicas allí donde el poder busca margen discrecional. Los estudios y recomendaciones no fracasan por insuficientes, sino porque confrontan un proyecto político que no quiere ser evaluado, ni acotado, ni contradicho.
Coda. Para este gobierno, la democracia es un estorbo que se gestiona con tijeras, silencios y desprecio técnico. No se cancela el disenso: se le quita efecto. No se elimina la pluralidad: se le abarata. No es una democracia austera, es una democracia domesticada, donde participar es posible, pero disentir sin permiso ya no sirve de nada.
@aldan
