¿Lo dije o lo pensé?
Las universidades, en el fondo, existen para pensar, discutir, cuestionar. ¿Te puedes equivocar? Claro que sí, es parte del proceso cuando buscas entender algo de verdad. El detalle es que, en 2025, discutir se volvió algo riesgoso: una frase que no caiga bien y ya te cae denuncia, “funa” (linchamiento digital) en redes o hasta un pleito judicial.
Ahí está el caso reciente en la UNAM con la exposición “La venida del señor”: primero un juez ordena cerrarla, luego otro la vuelve a abrir días después. Más allá de si nos parecía brillante o pésima, el episodio dejó flotando la pregunta incómoda: ¿quién decide qué se puede enseñar, mostrar o decir en una universidad… y con qué criterios?
Hay casos que incluso trascienden las actividades dentro de la universidad. Uno muy sonado fue el del maestro Alan Capetillo en la UAA: sin que el hecho ocurriera en el aula ni en horario laboral, fue separado de sus clases como medida cautelar a raíz de una expresión publicada en su cuenta personal de Facebook, es decir, fuera del ámbito universitario y en un espacio personal, no en el ejercicio directo de la cátedra. El asunto escaló cuando el rector en turno, acompañado de la entonces defensora de los derechos universitarios, convocó a una rueda de prensa sobre el tema, con el efecto (voluntario o no) de aumentar la exposición pública del docente en un contexto de presión de colectivos. Más allá de si la publicación fue desafortunada o defendible, el caso ilustra el nudo del debate: cómo reaccionan las universidades cuando una expresión en el ámbito personal se vuelve asunto público, y cómo equilibran la protección de su comunidad con el debido proceso, para que una medida preventiva no termine funcionando, en los hechos, como sentencia anticipada.
Y no es solo cosa doméstica. En Reino Unido, por ejemplo, el regulador de la educación superior en Inglaterra impuso una multa (de más de medio millón de libras) a la Universidad de Sussex por no proteger como debía la libertad de expresión y la libertad académica en el caso de la profesora Kathleen Stock, quien sostuvo posturas críticas del concepto de identidad de género. El argumento central fue que ciertas políticas internas terminaron generando un ambiente donde la gente prefería callarse antes que hablar y arriesgarse; Stock afirmó que el clima se volvió hostil y renunció en 2021.
En México el choque se ve clarísimo cuando se juntan temas de seguridad, violencia de género y debido proceso. Tras denuncias y medidas precautorias, distintos casos han terminado en litigios donde tribunales y comunicados oficiales discuten cómo proteger a posibles víctimas sin pisotear derechos del acusado. No es blanco o negro: es un equilibrio difícil entre derechos, pruebas, tiempos y daños.
Por eso lo que realmente importa es que las universidades tengan protocolos para manejar el desacuerdo y el conflicto que no sean ni mano dura total ni total permisividad. Si de verdad quieren cuidar la libertad académica, deberían tener por escrito definiciones claras: qué es debate legítimo, qué es hostigamiento o acoso, qué constituye violencia. Y también garantías mínimas de debido proceso: notificación, derecho a defenderse, plazos razonables, pruebas verificables, instancia imparcial y posibilidad de apelación. Si se opta por medidas temporales, que sean proporcionales: proteger a quien lo necesite sin condenar a nadie de antemano, con criterio académico razonable y comités con profesores y expertos reales, no solo gente de “gestión de crisis”. Y, encima de todo, transparencia: criterios públicos y rendición de cuentas, sin chismes institucionales ni linchamientos.
Otro punto clave es no olvidar los linderos de competencia: una universidad no es fiscalía, ni ministerio público, ni tribunal. Su tarea principal no debería ser “investigar y castigar” como si fuera aparato penal, sino identificar, documentar lo indispensable y canalizar. Cuando hay hechos que podrían constituir delito o violaciones graves a derechos, lo correcto es dar vista a instancias externas competentes y, en paralelo, cuidar el ámbito universitario con medidas internas temporales y proporcionales.
Los datos recientes van en la misma dirección: el AcademicFreedomIndex ha registrado caídas importantes en la libertad académica en decenas de países, y el informe Free toThink 2025 de Scholars at Risk documentó cientos de ataques y presiones contra universidades y comunidades académicas. Si no blindamos bien los procedimientos, la famosa “libertad de cátedra” se queda en un bonito letrero en la entrada… y adentro se vuelve un lujo que casi nadie se puede permitir.
