Los acontecimientos recientes en Venezuela han reavivado un debate clásico: el principio de no intervención frente a la defensa de los derechos humanos y la democracia. Para algunos, cualquier acción externa constituye una violación inadmisible de la soberanía; para otros, la pasividad internacional equivale a tolerar abusos sistemáticos.
El liberalismo no ofrece respuestas simplistas. Reconoce los riesgos de la intervención, pero también rechaza la idea de que la soberanía sea un cheque en blanco para el autoritarismo. Cuando un Estado cancela los mecanismos internos de corrección —elecciones creíbles, justicia independiente, libertad de expresión— la pregunta ya no es solo jurídica, sino ética: ¿quién protege al ciudadano cuando el poder se vuelve su principal amenaza?
El principio de no intervención surgió como una respuesta histórica a los abusos del poder internacional, pero no fue concebido para legitimar la clausura de la vida democrática interna. Convertirlo en un dogma absoluto implica aceptar que cualquier forma de autoritarismo queda blindada por las fronteras. Esa lectura empobrece el debate y reduce la política internacional a una cómoda indiferencia moral.
Venezuela ilustra este dilema con crudeza. El debate no se limita a su territorio; interpela a toda la región. Porque la defensa de la libertad no depende únicamente de fronteras, sino de principios compartidos. Y aquí surge una reflexión inevitable para países como México: la soberanía auténtica no se preserva aislándose del mundo, sino fortaleciendo los contrapesos internos que impiden la concentración del poder.
La lección venezolana no es un llamado a la injerencia, sino a la responsabilidad democrática. A recordar que, sin ciudadanos libres, informados y protegidos por la ley, la soberanía se convierte en un concepto vacío, vulnerable a ser usado contra aquellos a quienes debía servir.
Para las democracias de la región, el caso venezolano plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿hasta qué punto el respeto formal a la soberanía puede convertirse en una excusa para no defender principios compartidos? La respuesta no está en la intervención directa, sino en la coherencia interna de cada país: instituciones sólidas, ciudadanía activa y límites claros al poder.
Venezuela no es solo una crisis política ajena. Es un espejo incómodo que nos recuerda que la democracia no muere cuando se suspenden elecciones, sino cuando se vacían de sentido.
Desde una convicción liberal, la advertencia es clara: la libertad se pierde primero en el lenguaje, luego en las instituciones y, finalmente, en la vida cotidiana.
Mirar a Venezuela no es alarmismo.
Es prudencia cívica.
Mauricio López
