Desde el Lunar Azul
O cómo cambiarle el nombre al desastre no lo hace funcionar
En Aguascalientes hay algo que sí se mueve con puntualidad suiza: el dinero público rumbo al transporte urbano. Lo que no se mueve —o llega tarde, mal y de malas— son los camiones. Más de 3 mil millones de pesos después, el sistema sigue siendo una mezcla de paciencia franciscana, resignación ciudadana y subsidios que desaparecen como calcetines en lavadora ajena.
Desde 2018 a la fecha, el Estado ha invertido cifras que harían sonrojar a cualquier tesorero responsable. Infraestructura, “modernización”, subsidios, reingenierías, consultorías, diagnósticos y powerpoints. Todo. Menos resultados. El usuario sigue esperando 30, 40 o 50 minutos; las rutas siguen mal diseñadas; la cobertura es deficiente y el servicio, francamente, indigno. Pero eso sí: carísimo y con “interne” free.
Y aquí aparece un nombre que ya debería venir impreso en los boletos, si es que hubiera boletos funcionales: Ricardo Serrano. Titular del sistema, administrador eterno, rostro reciclado de una política pública que no camina. Años al frente, millones ejercidos, y el saldo es demoledor: no hay una mejora estructural reconocible para el usuario. Ni frecuencia, ni puntualidad, ni trato, ni eficiencia. Nada.
El transporte en Aguascalientes se convirtió en un negocio presupuestal, no en un servicio público. Los subsidios —miles de millones de pesos— no sirvieron para dignificar al chofer, ni para renovar flota de manera suficiente, ni para garantizar recorridos confiables. Sirvieron, eso sí, para mantener vivo un modelo fallido que sobrevive a base de inyecciones de dinero… como paciente en terapia intensiva al que nadie se atreve a desconectar.
Y cuando el fracaso ya es imposible de maquillar, llega la vieja confiable de la administración pública mexicana: cambiarle el nombre. Nueva Ley de Movilidad. Nueva narrativa. Y ahora, una flamante Agencia Estatal de Movilidad. Todo muy moderno, muy normativo, muy “alineado”. Pero con un pequeño detalle: el mismo equipo, las mismas inercias y los mismos responsables.
Es decir, el problema no era el modelo, ni la operación, ni la gestión. El problema —según esta lógica— era el membrete.
La pregunta incómoda es inevitable: ¿de verdad alguien cree que, a meses de que termine este gobierno estatal, una nueva agencia va a corregir años de desorden, mala planeación y tolerancia al mal servicio? ¿O estamos frente al clásico cierre sexenal donde se reacomodan las sillas, se blindan responsabilidades y se deja la factura al siguiente?
Porque mientras en los discursos se habla de “derecho a la movilidad”, en la realidad el usuario sigue pagando con tiempo, estrés y dinero. El transporte no conecta bien zonas industriales, universidades y fraccionamientos; obliga a trasbordos absurdos; castiga al que no tiene coche. Y eso, en una ciudad que presume crecimiento y competitividad, es un fracaso de política pública, no un detalle técnico.
Lo más grave no es el monto invertido —que ya es escandaloso— sino la ausencia total de rendición de cuentas. Nadie explica por qué, con tanto recurso, el sistema sigue siendo tan malo. Nadie evalúa resultados con seriedad. Nadie asume costos políticos. El dinero se fue, el problema se quedó.
En Lunar Azul lo decimos sin rodeos: el transporte urbano de Aguascalientes es el ejemplo perfecto de cómo el subsidio sin exigencia produce mediocridad institucional. Y de cómo un funcionario puede pasar años sin resultados, siempre que el presupuesto siga fluyendo.
Cambiarle el nombre al desastre no lo arregla.
Cambiar a los responsables, quizá sí.Es pregunta.
Aquí dejo esta roca, pulida y breve.
Empújela usted. Yo volveré. Como siempre.
