En el debate internacional contemporáneo, pocos conceptos se repiten con tanta insistencia como el de soberanía y libre autodeterminación de los pueblos. En abstracto, se trata de principios nobles, pilares del derecho internacional y de la convivencia entre naciones. Sin embargo, la experiencia reciente de Venezuela nos obliga a formular una pregunta incómoda pero necesaria:
¿puede hablarse de autodeterminación cuando el pueblo no decide realmente?
La soberanía no es un atributo mágico que se activa por decreto ni una propiedad exclusiva del Estado. Desde una perspectiva liberal, la soberanía emana del individuo, no del aparato gubernamental. El Estado existe para servir a la ciudadanía, no para sustituirla ni para perpetuarse a costa de ella. Cuando las elecciones pierden credibilidad, cuando la competencia política se desnaturaliza y cuando las instituciones se subordinan a un solo proyecto de poder, la soberanía deja de ser expresión popular y se convierte en coartada política.
En las democracias modernas, la soberanía no se mide solo por la ausencia de injerencias externas, sino por la calidad de los mecanismos internos que permiten al ciudadano incidir en el rumbo colectivo. No basta con proclamar independencia frente a otros Estados si, puertas adentro, se restringe la pluralidad, se debilita la representación y se reduce el espacio para la crítica. La soberanía auténtica se expresa cuando el poder acepta límites y reconoce que su legitimidad es siempre provisional.
En Venezuela, la invocación constante de la soberanía ha servido para justificar decisiones que ignoran mayorías, silencian disidencias y cancelan la alternancia.
Se defiende la autodeterminación, pero se desconfía del voto; se habla en nombre del pueblo, pero se gobierna sin escucharlo. Ese divorcio entre discurso y realidad es el síntoma más claro de una soberanía vaciada de contenido democrático.
Conviene observar este proceso con atención, porque ninguna sociedad está vacunada de manera permanente. Cuando la soberanía se usa para blindar al poder y no para proteger al ciudadano, el riesgo no es externo: es interno y progresivo. Venezuela no es solo un caso lejano; es una advertencia de cómo los conceptos más nobles pueden ser erosionados si no se acompañan de instituciones fuertes y ciudadanía vigilante.
La historia latinoamericana ofrece múltiples ejemplos de gobiernos que, en nombre de la soberanía, terminaron alejándose de la ciudadanía. El problema no comienza con la concentración del poder, sino con su justificación moral: cuando se convence a la sociedad de que cuestionar al gobierno equivale a traicionar a la patria. En ese punto, la soberanía deja de ser un derecho colectivo y se convierte en una narrativa defensiva del poder.
Mauricio López
