La Cuarta Transformación, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se encuentra en la etapa final de elaboración de su propuesta de reforma político-electoral.
La iniciativa, que será enviada al Congreso en la primera semana de febrero, busca reducir el elevado costo del sistema electoral mexicano, disminuir el financiamiento público a los partidos políticos y recortar el tamaño del Poder Legislativo, sin eliminar la representación proporcional que garantiza la presencia de las minorías en el Poder Legislativo.
De acuerdo con un reportaje publicado por El País, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presidida por Pablo Gómez, ha sostenido reuniones clave con la mandataria y con la nueva consejera jurídica, Esthela Damián, para afinar el proyecto.
La reforma retoma uno de los temas más insistentes de Morena desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador: el gasto excesivo en elecciones. En 2026, un año sin comicios federales, el sistema político-electoral absorberá más de 40 mil millones de pesos del erario, lo que ha encendido las alertas del equipo presidencial.
Sheinbaum confirmó esta preocupación en su conferencia matutina del miércoles, al señalar que reducir los montos de presupuesto para los partidos políticos y para las elecciones es un clamor popular recogido en las encuestas y foros ciudadanos organizados por la comisión. “Consideramos que es importante”, subrayó la presidenta, y adelantó que próximamente se presentarán los resultados de dichas consultas.
Entre los datos que respaldan esta preocupación están los 7,700 millones de pesos que recibirán los partidos nacionales en 2026, los más de 7,000 millones destinados a partidos estatales, y los 14,099 millones que ejercerá el Instituto Nacional Electoral (INE), aun sin organizar elecciones federales. A esto se suman los presupuestos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (3,749 millones), los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (10,000 millones) y los tribunales electorales estatales (2,400 millones).
Otro punto relevante de la reforma es la posible reducción del número de integrantes del Congreso de la Unión. Actualmente, la Cámara de Diputados cuenta con 500 escaños y el Senado con 128. Aunque inicialmente se consideró eliminar los llamados plurinominales, la Comisión ya ha descartado esa opción, buscando preservar la representación proporcional de las minorías. Sin embargo, continúa el análisis de cómo reducir costos y tamaño de las cámaras sin afectar la pluralidad legislativa. El gasto del Poder Legislativo para 2026 asciende a 17,529 millones de pesos.
La presidenta Sheinbaum ha reconocido que aún hay varios temas que debatir antes de cerrar el proyecto. Para ello, se reunirá el lunes con los coordinadores parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal (diputados) y Adán Augusto López (senadores), quienes le presentarán los escenarios de negociación con los partidos aliados: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Ambos han manifestado reservas frente a la reducción de curules plurinominales y de prerrogativas, pues dependen en buena medida de estos esquemas para su representación.
Morena, por sí solo, no cuenta con la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución –335 diputados y 86 senadores–, por lo que el consenso con sus aliados resulta indispensable. En la actualidad, el PVEM tiene 62 diputados y 14 senadores, mientras que el PT cuenta con 49 diputados y 6 senadores.
La ruta crítica delineada por Monreal contempla presentar la reforma públicamente este mes de enero, enviarla al Congreso a inicios de febrero, aprobarla entre febrero y marzo, y realizar las reformas a las leyes secundarias durante abril. El plazo legal para aprobar modificaciones a la legislación electoral vence el 31 de mayo, para que los cambios puedan entrar en vigor de cara a las elecciones intermedias de 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas, 31 congresos locales y ayuntamientos en la mayoría del país.
Otro de los temas centrales de la propuesta es la reestructuración de los organismos electorales, señalados por su alta burocracia y duplicidad de funciones. Durante el sexenio anterior, López Obrador intentó en tres ocasiones reformar al INE sin éxito. Su propuesta incluía transformar al instituto en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), reducir el Consejo General de 11 a 7 consejeros electos por voto popular y eliminar los 32 OPLE. Aunque estas ideas siguen presentes, han generado oposición entre especialistas, autoridades electorales y gobernadores –incluidos algunos de Morena– que defienden la permanencia de los OPLE.
La actual presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha expresado públicamente su postura a favor de conservar estos organismos locales, argumentando que cumplen funciones esenciales en el proceso electoral. Este miércoles, Taddei se reunió con consejeras y consejeros del INE para intentar consensuar un documento con sus propias propuestas de reforma, que será presentado a la Comisión Presidencial. No obstante, persisten diferencias internas entre los 11 consejeros, lo que complica la consolidación de una postura unificada de cara a la reunión prevista para el próximo 12 de enero con Pablo Gómez.
La reforma político-electoral que impulsa la presidenta Sheinbaum avanza bajo fuertes tensiones entre austeridad, viabilidad técnica y negociación política. Si bien Morena tiene la intención de transformar el sistema para hacerlo más eficiente y menos costoso, las decisiones que se tomen deberán equilibrar la representatividad democrática, la autonomía de las instituciones y el respaldo de sus propios aliados legislativos. En las próximas semanas se definirá si este nuevo intento de reforma logra avanzar donde otros fracasaron.
