El registro de líneas de telefonía móvil que entrará en vigor el próximo viernes, como lo dicta la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, podría generar la eventual baja o suspensión de líneas telefónicas de quienes tengan contratado el servicio con algún Operador Móvil Virtual (OMV).
Así lo advirtió la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC), la cual explicó que existe el riesgo de que no se pueda generar el registro de las líneas telefónicas debido a que las empresas no pueden hacer frente a los costos adicionales que este cambio les implica.
Según la Asociación, los operadores agrupados al organismo empresarial enfrentan el reto tecnológico y financiero para poder realizar, como lo marca la Ley, el registro de líneas de telefonía móvil, medida que entrará en vigor el próximo viernes.
En la noche de ayer, los OMVs agrupados sostuvieron que este tipo de operaciones tiene un costo adicional para cada una de las empresas, que van desde el desarrollo de plataformas adicionales hasta la operación de estas bases de datos.
"Uno de los principales retos identificados por los Operadores Móviles Virtuales es el costo asociado al desarrollo, contratación, adecuación y operación de las plataformas tecnológicas requeridas para el cumplimiento de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles", sostuvo el organismo empresarial.
Cada operador, añadió la AMOMVAC, de manera individual tiene la obligación de desarrollar, contratar y operar plataformas tecnológicas de vinculación, lo que genera costos duplicados, falta de interoperabilidad y riesgos relevantes en materia de protección de datos personales y ciberseguridad.
"Se pueden oscilar entre varios pesos por cada vinculación y multiplicarse con cada portabilidad. Dichos costos resultan particularmente significativos para operadores de menor escala y para aquellos con un enfoque social o comunitario, cuyos márgenes operativos son limitados y cuyo modelo de negocio se sustenta en ofrecer servicios accesibles a poblaciones de bajos ingresos", añadió.
En este escenario, dijo, resulta necesario cuestionar quién asumirá el costo económico y social derivado de la pérdida de usuarios, así como el impacto que ello tendrá en la continuidad del servicio, la sostenibilidad de los operadores y el derecho de acceso a las telecomunicaciones.
Dijo que el plazo otorgado para la implementación de estas plataformas ha sido particularmente reducido, por lo que solicitó a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ampliarlo.
