Intersecciones en Clave de Género
Los últimos acontecimientos en Venezuela señalan un punto de inflexión dramático en las relaciones hemisféricas y en la vida de millones de personas que no están en los libros de historia, pero que sienten cada día los efectos de decisiones tomadas en despachos lejanos. Y esto me hace reflexionar en varias preguntas…
A inicios de 2026, un operativo militar liderado por Estados Unidos habría culminado con la captura del presidente legítimamente electo —según la narrativa oficial de Caracas— Nicolás Maduro, y su traslado ante tribunales de Nueva York. Paralelamente, la ciudad capital vive bajo el peso de represión, con detenciones de periodistas, colectivos armados en las calles y un clima de miedo e incertidumbre.
Desde Washington, la administración estadounidense justifica las acciones bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico y la defensa de la seguridad hemisférica. En la tarima internacional, sin embargo, incluso aliados tradicionales han llamado la atención sobre la legalidad y el impacto humanitario de esta intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU.
¿Quién paga realmente esta intervención?
Es tentador simplificar el conflicto a un choque entre Estados, entre egos de líderes o entre proyectos ideológicos. Pero cuando miramos con una lente atenta al impacto social y de género, emerge una realidad distinta: no son ni los gobiernos ni las fuerzas políticas quienes pagan el precio más alto, sino las familias venezolanas, especialmente mujeres, niños, personas mayores y quienes sostienen hogares en contextos de crisis profunda.
¿Cuál es el costo humano detrás de las sanciones y la intervención?
Antes de la escalada de fines de 2025 y enero de 2026, Venezuela ya atravesaba una crisis multifacética: inflación galopante, servicios públicos colapsados, emigración masiva y tensiones sociales internas. A esto se suman sanciones internacionales prolongadas que han afectado la liquidez del Estado y la capacidad de importar bienes esenciales, desde medicinas hasta alimentos.
Aunque las sanciones son presentadas por Washington y Bruselas como presión legítima contra funcionarios acusados de corrupción o violaciones de derechos humanos, el grueso del peso recae sobre la población. En un país donde las mujeres representan la mayoría de hogares uniparentales y donde son las principales responsables del cuidado familiar, la escasez de servicios y el cierre de espacios de trabajo formal han disparado cargas económicas y emocionales. Estas dinámicas no son estadísticas neutrales: cuando la renta familiar baja y aumenta el costo de la canasta básica, el trabajo no remunerado de las mujeres se intensifica sin reconocimiento ni apoyo social.
¿Intervención o disputa por recursos?
La geopolítica del siglo XXI no es solo homogénea; se teje con hilos de poder económico, militar y mediático. Venezuela posee unas de las mayores reservas probadas de petróleo y minerales del mundo. Ante la insistente tensión con Caracas, actores políticos en Estados Unidos han perfilado sus objetivos no solo bajo el argumento de combate al narcotráfico, sino también bajo la narrativa de “liberar mercados” o “proteger la seguridad energética”.
¿Podría una potencia consumidora de energía buscar, en el fondo, asegurar acceso a recursos que no controla, pero que impactan fuertemente su economía y la de sus aliados?
La historia latinoamericana tiene registros prolongados de intervenciones que se han revestido de razones ideológicas, pero que terminan por rendir frutos sobre ventajas económicas y geoestratégicas.
*Las voces invisibles
Mientras las potencias negocian, sancionan o ejecutan operaciones militares, en los barrios de Caracas, Maracaibo o Mérida las vidas siguen siendo rehén de decisiones que escapan a sus manos. En cada familia, son las mujeres quienes asumen cuidados múltiples frente al colapso de servicios de salud o educación; quienes gestionan la supervivencia de sus hijos cuando la inflación erosiona los ingresos; quienes soportan la angustia de familiares que han migrado o han sido detenidos; quienes, en muchos casos, son también las que sostienen los mercados informales y las economías barriales.
Una intervención extranjera —incluso si se presenta como aplicación de justicia— no puede desligarse de sus efectos colaterales. Y en esos efectos, los roles de género actúan como amplificadores de desigualdad: sin redes de protección social sólidas, sin acceso a sistemas de apoyo comunitario estructurados, muchas familias quedan a la deriva.
*Las cifras encarnadas
La pobreza en Venezuela es extrema y extendida: según datos de Naciones Unidas, alrededor del 82 % de los venezolanos vive en situación de pobreza y 53 % en pobreza extrema, incapaces de acceder a una canasta básica con sus ingresos habituales.
Aun antes de cualquier escalada reciente, la inseguridad alimentaria afecta a la mayoría de la población, con más de 5 millones de personas que enfrentan dificultades para alimentarse adecuadamente, y un enorme porcentaje de hogares gastando sus ahorros simplemente para comer.
*Mirar más allá de la retórica
No se trata de adoptar un discurso feminista extremo, ni de negar los problemas de autoritarismo, violaciones de derechos humanos o crimen organizado que han marcado la historia política venezolana. Se trata, sí, de poner en el centro a las personas cuyo bienestar es impactado de manera desproporcionada por sanciones, bloqueos, operaciones militares e intereses geoestratégicos.
La pregunta más difícil —y necesaria— es: ¿cuál es el precio que realmente estamos dispuestos a aceptar como hemisferio por resolver conflictos políticos? Y qué parte de ese precio lo pagan, una vez más, las mujeres y los hogares que sostienen familias enteras con recursos escasos, redes de apoyo colapsadas y la incertidumbre como compañera diaria.
Porque la justicia no puede ser solo una bandera ondeada desde oficinas diplomáticas; debe ser una práctica que reduzca las desigualdades, proteja a las familias vulnerables y reconozca que la paz es también equidad social.
