Se invoca con solemnidad el principio de autodeterminación de los pueblos, como si en el caso venezolano se tratara de una democracia funcional injustamente intervenida. Pero ese argumento parte de una premisa falsa. Venezuela se autodeterminó constitucionalmente como una democracia, así lo establece expresamente su Constitución, y así lo reafirma la Carta Democrática Interamericana, al reconocer que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y que sus gobiernos están obligados a promoverla y defenderla.
El problema es que en Venezuela no hay democracia, hay una dictadura que desconoció resultados electorales adversos, secuestró a las instituciones y cerró toda vía interna real para la restitución del orden constitucional.
En ese contexto, resulta profundamente contradictorio escandalizarse por la supuesta violación a la autodeterminación, cuando fue el propio régimen quien la anuló desde dentro. El pueblo venezolano no decidió dejar de ser libre; fue privado de los mecanismos para ejercer su soberanía.
Debe mencionarse que los canales institucionales fracasaron, no por desinterés ciudadano, sino porque fueron deliberadamente capturados. Defender ese estado de cosas en nombre de la soberanía equivale a proteger la violación misma del principio que se dice salvaguardar.
Sin embargo, reconocer esta realidad no obliga a aceptar sin reservas cualquier acción que se presente como “restauradora de la democracia”. La historia reciente demuestra que la democracia impuesta por la fuerza rara vez termina siendo democracia, y que el discurso de los derechos humanos ha sido utilizado, una y otra vez, como coartada para intervenciones guiadas por intereses políticos, económicos y estratégicos.
Pensar que una operación de alto impacto internacional responde exclusivamente a una preocupación altruista por el pueblo venezolano es, por decir lo menos, ingenuo.
Aquí emerge el verdadero dilema. No se trata de negar la ruptura democrática en Venezuela, sino de preguntarnos si la reacción internacional tuvo como finalidad genuina restituir la soberanía popular o si instrumentalizó esa ruptura para avanzar en agendas propias. Porque cuando se normaliza que un Estado decida unilateralmente cuándo una democracia ha dejado de serlo y actúe en consecuencia, la soberanía deja de ser un principio jurídico y se convierte en una concesión condicionada al poder.
Ese es el precedente verdaderamente peligroso. Hoy se invoca contra un señalado como dictador; mañana podría utilizarse contra cualquier gobierno incómodo. El derecho internacional, construido precisamente para evitar que la fuerza sustituya a las reglas, se vacía de contenido cuando se aplica de forma selectiva. Y los derechos humanos, lejos de fortalecerse, se degradan cuando se convierten en un recurso retórico al servicio del poder.
El debate real no está en elegir entre soportar una dictadura o justificar una intervención extranjera, como si no existieran más caminos. La discusión se dirige a exigir coherencia, no se puede decir que se defiende la democracia mientras se rompen las reglas que la sostienen, ni invocar la autodeterminación de los pueblos olvidando que fue el propio régimen quien la violó primero.
Entre la verdad jurídica y la conveniencia política hay una línea delgada, y cruzarla tiene costos que el mundo ya ha pagado antes.
