El déficit de infraestructura vial y de transporte, así como de al menos 200 mil viviendas, problemática vinculada a la baja densidad urbana, serían los principales retos a abordar en el 2026, señalaron expertos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y el Instituto de la Vivienda de Nuevo León (IVNL).
Entre los proyectos clave en materia de infraestructura destacan las Líneas 4 y 6 del Metro, así como el tramo de la Carretera Interserrana que atravesaría la Sierra Madre, que supondrán desafíos técnicos mayores para el Estado, de acuerdo con Rodrigo Garza, presidente de la CMIC en Nuevo León.
En el caso de la Carretera Interserrana, cinco empresas presentaron su registro para participar como "socio particular" con el Gobierno estatal en la construcción de ese tramo, cuyo costo superaría los 20 mil millones de pesos: Mota-Engil, Garza Ponce, Dycusa, Conoisa (filial de Grupo ICA) y Gami Ingeniería e Instalaciones.
La portuguesa Mota-Engil es la que actualmente construye las Líneas del Metro, quedando al centro de la polémica por la invasión con pilotes a un pluvial subterráneo en la Avenida Constitución.
Al respecto, Garza consideró urgente que el daño sea reparado y que las autoridades estatales encuentren una solución viable en conjunto con la empresa responsable.
Por otro lado, agregó que la iniciativa de Ley que ajustaría a nivel nacional las asociaciones público-privadas (APP), al convertirlas en esquemas de inversión supervisados por la Federación, podría ser la salida para costear un megaproyecto como la Carretera Interserrana.
"Es imposible que únicamente por medio del dinero del Gobierno se pueda solventar toda la infraestructura; se tienen que buscar otros mecanismos.
"El Metro definitivamente es un gran reto. A la hora de la ejecución puede haber fallas; es importante que se puedan corregir", dijo Garza en entrevista.
Por su parte, Eugenio Montiel, director del IVNL, indicó que un aspecto crucial para atender el déficit de vivienda que aqueja a la Entidad es que el Congreso local reforme la Ley estatal a fin de permitir a los municipios que se aprueben densidades superiores a 55 viviendas por hectárea sin necesitar permisos extraordinarios de los Cabildos.
Sin esto, la vivienda económica en el Área Metropolitana de Monterrey seguiría prácticamente "atorada", incluyendo las "Viviendas para el Bienestar" que construye el Gobierno federal, coincidieron desarrolladores consultados.
Además, en el Estado existen 425 asentamientos irregulares, 76% de ellos ubicados en la metrópoli, y el IVNL teme que se complique su regularización si los Municipios lo impiden, con fines electorales.
"¿Qué necesitamos? Densificar para que en el mismo espacio construyamos más y abaratemos el costo.
"Eso implica pasar por el Congreso y obligar a los Municipios a que haya más vivienda de tipo vertical, dúplex y edificios", sostuvo Montiel.
