Si en la primera entrega señalamos que la educación no termina en la puerta de la escuela, hoy debemos decir algo igual de incómodo:
la ciudadanía no termina en la urna.
Así como preguntamos —o deberíamos preguntar— quién es la maestra o el maestro de nuestros hijos, también tendríamos que cuestionarnos:
¿sabemos quiénes son nuestros representantes populares?
¿Conocemos a quienes elegimos para hablar en nuestro nombre?
¿Sabemos qué han hecho con el mandato que les otorgamos?
En una democracia madura, representar no es ocupar un cargo, es asumir una responsabilidad. Y después del cargo más alto del país, el de presidente o presidenta, no hay honor mayor que el de ser diputado o diputada, porque ahí se deposita la voz directa de la ciudadanía. No para repetir consignas partidistas, no para obedecer intereses de grupo, sino para llevar al pleno la palabra de quienes los eligieron.
La pregunta es inevitable:
¿cuántas iniciativas han llevado al pleno quienes nos representan?
¿En cuántas han defendido causas ciudadanas reales y no agendas ideológicas?
¿En qué momentos han convocado al ciudadano común a participar, opinar o deliberar?
La representación política se vacía cuando el ciudadano desconoce a su representante y el representante olvida a quien representa.
Pero el problema no termina en las grandes cámaras legislativas. Baja hasta el nivel más cercano y cotidiano:
¿sabemos quién es el presidente de nuestra colonia?
¿Quién representa nuestra calle, nuestro barrio, nuestra comunidad inmediata?
¿Existe una base de datos clara, accesible, donde podamos conocerlos, contactarlos y dialogar con ellos?
La democracia no se sostiene solo con elecciones periódicas, sino con mecanismos permanentes de interlocución.
Un buzón ciudadano funcional.
Espacios reales de propuesta y queja.
Canales donde el ciudadano no sea tratado como estorbo, sino como fuente de legitimidad.
Cuando estos mecanismos no existen —o existen solo en el papel— la participación se marchita, el desinterés crece y el poder se encapsula. Y entonces ocurre lo más peligroso: la ciudadanía se vuelve espectadora de decisiones que afectan su vida diaria.
Educar a nuestros hijos implica también enseñarles esto:
que la democracia no es un favor que concede el poder,
sino una práctica cotidiana de vigilancia, participación y corresponsabilidad.
No podemos exigir pensamiento crítico en la escuela si no lo ejercemos en la vida pública.
No podemos reclamar representación si no conocemos a quienes nos representan.
No podemos pedir ciudadanos libres si educamos desde la indiferencia.
La educación cívica comienza en casa, continúa en la escuela y se consolida en la comunidad. Y hoy, más que nunca, educar es involucrarse, preguntar, incomodar y exigir rendición de cuentas.
En la próxima entrega podríamos ir aún más lejos:
¿cómo formar ciudadanos activos desde la infancia?
¿qué prácticas concretas pueden adoptar madres y padres para enseñar participación, criterio y responsabilidad pública?
Porque una sociedad educada no es la que obedece mejor,
sino la que pregunta, participa y no renuncia a su voz.
