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Presionan sindicatos a nuevo Gobierno boliviano

Grupo de dirigentes sindicales inició una huelga de hambre en rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles decretada por el Gobierno de Bolivia

Un grupo de dirigentes sindicales inició una huelga de hambre en rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles decretada por el Gobierno de Bolivia el 18 de diciembre.

Mario Argollo, máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), saludó la acción mientras encabezaba una nueva marcha de trabajadores en La Paz para exigir al Presidente, Rodrigo Paz, que "derogue ese decreto".

"Me duele que mis compañeros tomen esta medida extrema para conmover y tocar el corazón de los gobernantes", señaló.

La COB, que fue aliada política de los Gobiernos de izquierda de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), convocó desde la semana pasada a un paro general e indefinido que solamente cumplen los mineros que trabajan para el Estado, así como los maestros.

"Vamos a mantenernos firmes. Ya hemos estado fuera de casa en Navidad y si toca estar Año Nuevo, lo vamos a hacer", indicó Argollo. 

En Cochabamba, grupos de mineros afiliados a la Federación Departamental de Cooperativas Mineras marcharon ayer por las calles principales de esa ciudad.

"Las movilizaciones van a ser indefinidas hasta que se pueda abrogar el decreto. El Gobierno llama a diálogo pero no quiere retroceder abrogando el decreto, nosotros vamos a estar hasta las últimas consecuencias", advirtió su dirigente, Praxides Castañón.

Durante 20 años, las tarifas de la gasolina y diésel se mantuvieron congeladas, mientras la nación sudamericana importaba hidrocarburos a precios internacionales para venderlos en el mercado interno a pérdida, lo que secó sus reservas de divisas y desató una severa crisis económica.

Con el retiro de las subvenciones, el precio de los combustibles se duplicó. El litro de gasolina subió de 53 centavos a un dólar, mientras que el de diésel pasó de 53 centavos a 1.4 dólares.

Ante esta situación, 16 trabajadores sindicalizados y dos amas de casa iniciaron ayer un ayuno voluntario en la sede de la Federación de Mineros de Bolivia, en el centro de La Paz.

"Se ha disparado el costo de todo", comentó a la agencia AFP Miriam Huarina, ama de casa de 41 años, sentada en un colchón.

Esta mujer, esposa de un minero, aseguró que con el fin de los subsidios el precio de un plato de comida en un mercado popular pasó de 2.15 a 3 dólares.

Antes del retiro de las subvenciones, la inflación interanual en Bolivia rondó el 20 por ciento en noviembre, tras alcanzar un pico de casi 25 por ciento en julio de este año.

Primeros acuerdos

Algunos sectores sindicales, como los transportistas, comerciantes y una mayoría de mineros que operan bajo el sistema de cooperativas han levantado sus protestas tras lograr acuerdos con el Ejecutivo, mientras que las protestas de la COB han sido rechazadas por la población en La Paz.

Los dirigentes obreros se reunieron la semana pasada con las autoridades pero no alcanzaron ningún acuerdo luego de que el ente sindical condicionó el diálogo a que el Ejecutivo retire primero el decreto.

El ajuste a los precios de los combustibles está acompañado de otras medidas, como el incremento del salario mínimo -de 395 a 474 dólares-, así como aumentos del bono para los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

Asimismo, el Ministerio de Hidrocarburos anunció ayer la supresión de las restricciones para la importación de gasolina y diésel, junto con la aplicación de cero impuestos para los importadores, como parte de una estrategia orientada a flexibilizar el mercado y garantizar el abastecimiento de combustible en Bolivia.

El Gobierno ha descartado el regreso de los subsidios, bajo el argumento de que el esquema de subvenciones fomentó esquemas multimillonarios de corrupción y de contrabando.

Paz asevera que ya no era sostenible mantener la subvención y aseguró que su retiro garantizó la provisión de diésel y gasolina tras una grave escasez durante casi un año y medio, además de que facilita un ahorro diario al Estado de aproximadamente 10 millones de dólares.

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