El altar de los inmaculados

Como la quinta mujer más poderosa del mundo colocó Forbes a la presidenta Claudia Sheinbaum en su lista de 2025. La revista la describió como una científica consumada, con doctorado en ingeniería energética y parte del equipo que compartió el Premio Nobel de la Paz 2007. El relato es impecable: una mujer de ciencia, símbolo de progreso, que encarna la continuidad de un proyecto político que se presenta como moralmente superior. La imagen funciona porque no admite fisuras: técnica, ética, poder, todo en una misma figura.

Sheinbaum inició su gobierno con una aprobación cercana al 70% y, hacia febrero de 2025, rozó niveles por encima del 80%; las mediciones más recientes la mantienen alrededor del 70%, un respaldo que cualquier presidente envidiaría. El problema no está en la cifra, sino en lo que tapa. Cuando se desciende a los indicadores finos, la realidad se vuelve menos luminosa: amplias mayorías consideran que el gobierno lo está haciendo mal en corrupción, seguridad pública y combate al crimen organizado; incluso los apoyos sociales han perdido lustre frente al entusiasmo inicial. La popularidad sigue alta, pero la paciencia no. Y, sobre todo, la popularidad empieza a operar como un escudo, no como una evaluación.

En ese mismo escenario asumió Ernestina Godoy Ramos la Fiscalía General de la República, con un discurso que parecía escrito para un manual de civismo de secundaria: no fabricar culpables, no perseguir adversarios, no tolerar impunidad, coordinación con autoridades y sociedad civil, respeto a derechos humanos, atención a víctimas. El catálogo completo de virtudes institucionales. El problema, otra vez, no es lo que se dice, sino lo que el país ha aprendido a traducir: cuando desde la cúpula se jura “cero impunidad”, el ciudadano ya sabe que se habla de discursos, no de expedientes.

La piedra angular de la Cuarta Transformación, repetida como mantra, es la austeridad y la honestidad. Ese es, insisten, el pilar de la presidenta Sheinbaum y la marca moral del lopezobradorismo. Pero la pregunta central sigue sin respuesta: ¿quién, más allá del círculo íntimo, se siente realmente obligado a vivir bajo ese estándar? Todo indica que nadie. Los casos de corrupción que hoy salpican al movimiento se explican, según la narrativa oficial, por la herencia de impunidad del pasado: nunca son responsabilidad del presente y, por supuesto, jamás de la presidenta. El origen siempre está atrás; el presente solo administra.

Así, la impunidad se convierte en un fósil útil. Sirve para explicar por qué Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López Hernández o Andrés Manuel López Beltrán, entre muchos otros, son apenas “malentendidos” históricos. Los grupos del morenaje no aparecieron por generación espontánea: crecieron y se robustecieron a la sombra del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Por control territorial, como los Monreal Ávila; por herencia, como los hijos y la familia del expresidente; por cercanía política, como Adán Augusto; por popularidad útil, como Fernández Noroña. Cada facción aprendió la técnica de conservar, administrar y reproducir el poder sin mayores cortapisas.

La cohesión interna de Morena se edificó sobre una premisa sencilla: lealtad ciega primero, ética pública después, si sobra tiempo. Se privilegiaron las alianzas útiles y las voces capaces de defender al régimen en cualquier escenario, incluso al costo de la transparencia o el escrutinio. Personajes polémicos se convirtieron en escuderos indispensables, aportando maquinaria territorial y capital simbólico, aunque sus prácticas bordearan o cruzaran la ilegalidad. El enemigo siempre estuvo afuera: los conservadores, el neoliberalismo, los medios críticos. Adentro, el consejo era claro: sumar, retener, blindar; lo demás podía esperar.

En esa lógica, el movimiento descuidó cualquier arquitectura de controles internos. A diferencia de partidos que, al menos en el papel, desarrollaron reglamentos y contrapesos, Morena operó durante años como una franquicia política en expansión: mientras hubiera votos, todo era justificable. La popularidad se convirtió en escudo y moneda de cambio. La “ética obradorista” fue selectiva: demoledora contra el adversario externo, indulgente con el correligionario rentable. La utilidad electoral absolvió conductas y silenció preguntas.

La sombra de López Obrador cubrió a aliados, satélites y oportunistas. Bajo esa protección, el cuestionamiento serio se volvió herejía. Morena apostó por la suma total: cuadros con antecedentes dudosos, sospechas de enriquecimiento, estructuras patrimoniales recicladas de otros partidos, todo cabía si contribuía a la hegemonía. Las denuncias internas se archivaron bajo la etiqueta del complot, esos ataques conservadores o intrigas mediáticas, y el discurso terminó por normalizar el saqueo discreto como un costo aceptable. El liderazgo fuerte prefirió barrer las diferencias bajo la alfombra, siempre que la alfombra mantuviera la forma de un triunfo electoral.

El surgimiento y crecimiento de personajes que aprendieron a capitalizar lo público y lo privado para su beneficio no es una anomalía, sino el desenlace lógico de una estructura que recompensa la utilidad electoral y castiga la disidencia. El costo político de mantener la hegemonía fue tolerar el patrimonialismo, el enriquecimiento ilícito y el silencio cómplice. La pregunta ya no es si el sistema lo permitió, sino cuánto más puede sostenerse sin agrietarse de manera irreversible.

En México, el poder sigue siendo vertical y devocional. El presidencialismo se mantiene como religión política cuyo dogma principal es la inmunidad del líder. La desgracia, cuando llega, rara vez toma forma de justicia: a lo sumo, alguna vergüenza familiar, como ocurrió con Carlos Salinas de Gortari; el apellido se mancha, pero los excesos personales permanecen intactos. El sistema está diseñado para no mirar hacia arriba.

La presidenta Sheinbaum ha elegido defender a López Obrador con una lealtad sin matices. No se trata solo de gratitud política, sino de una decisión de gobierno. En su libro Diario de una transición histórica reafirma que “nunca podrán vincular a AMLO con la corrupción” y que lo mismo ocurre con ella: la autoridad moral, dice, no se compra, se construye con convicción y lucha diaria por justicia, democracia y libertad.

“Él es el origen. Nosotros, la continuidad”.

La frase condensa toda una arquitectura de poder. No es una declaración histórica, sino un blindaje político. Defender a López Obrador no es solo un gesto de lealtad personal; es proteger el mito fundacional que mantiene cohesionada a la coalición, que explica silencios, tolerancias y omisiones. Enfrentarlo no sería únicamente políticamente suicida: implicaría desmontar la narrativa que legitima al presente.

Morena no ha llegado a ser un partido con instituciones sólidas; sigue siendo un movimiento que depende de la referencia moral de su fundador. Sheinbaum no se atreve, no puede, pero sobre todo no quiere cuestionar esa figura. Ella personifica la continuidad del lopezobradorismo, no de un obradorismo institucionalizable y fiscalizable. Su legitimidad descansa en la promesa de honradez, mientras a su alrededor florecen historias de enriquecimientos inexplicables, moches modernizados y patrimonios que crecieron a la sombra del poder.

El efecto López Obrador sobrevivirá a todos. Para la base militante, el balance es impermeable a la crítica: no importan Segalmex, el desmantelamiento institucional, la cancelación de Texcoco, el desabasto de medicamentos, el fracaso del INSABI, los ataques a defensores de derechos humanos, madres buscadoras, padres de niños con cáncer o periodistas, ni la catástrofe ecológica del Tren Maya. Para sus seguidores, López Obrador fue y será el mejor presidente que ha tenido México. El lema “Siempre será un honor estar con López Obrador” funciona como escudo y absolución anticipada.

Mientras el hartazgo crece y la irritación social se acumula, el país sigue atrapado en su círculo de impunidad: se renuevan nombres, se actualizan biografías y se pulen portadas de revistas internacionales, pero el núcleo del sistema permanece intacto. En México casi nunca se toca al presidente en funciones, y al expresidente se le protege como reliquia, no se le juzga como responsable. Cambia la firma, no el pacto de silencio.

Coda. El país sigue sometido al mismo dogma: al presidente no se le toca, ni cuando gobierna ni cuando se retira, aunque a su alrededor prosperen fortunas, abusos y redes de complicidad. El poder se recicla con nuevos rostros, nuevas biografías y viejas absoluciones. En México, la impunidad no es un accidente ni una herencia incómoda: es una decisión política. Cambia el nombre del inmaculado; el altar sigue en pie.

@aldan