En el debate público mexicano, hablar de sindicatos suele provocar una reacción automática, de desconfianza, de cansancio o franca resistencia. Para muchos, el sindicalismo sigue asociado a viejas prácticas corporativas, liderazgos perpetuos y acuerdos que beneficiaban a unos cuantos. Esa imagen no es gratuita; tiene raíces históricas. Pero hoy ya no explica el problema central del país. El verdadero riesgo no es tener sindicatos, sino no tenerlos fuertes, legítimos y con capacidad real de negociación.
Los datos ayudan a dimensionar el vacío. En 2024, apenas 12.8 % de los trabajadores formales en México están afiliados a un sindicato, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es decir, incluso dentro de la formalidad, la gran mayoría de los trabajadores enfrenta el mercado laboral sin representación colectiva efectiva. No es casualidad que el empleo formal siga siendo inestable, mal remunerado y con baja capacidad de retención.
En perspectiva internacional, el panorama tampoco es alentador. México se ubica por debajo del promedio de afiliación sindical de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde la tasa ronda actualmente el 15 % y ha venido descendiendo desde niveles cercanos al 30 % en la década de los ochenta. Sin embargo, la diferencia clave no está solo en el porcentaje, sino en el alcance de la negociación colectiva; en muchos países con menor afiliación, los contratos sectoriales siguen cubriendo a una proporción significativa de trabajadores. En México, esa cobertura es mínima.
Aquí radica uno de los grandes malentendidos. El debilitamiento sindical no produce mercados laborales más eficientes; produce mercados más precarios. Donde no hay reglas colectivas, cada trabajador negocia solo, y esa asimetría se traduce en salarios bajos, alta rotación y escasos incentivos a la capacitación y la productividad.
Fortalecer y crear sindicatos no es una consigna ideológica; es una decisión estructural de política económica y social. Un sindicato auténtico cumple funciones que ni el Estado ni el mercado pueden resolver por sí solos, ya que ordena relaciones laborales, reduce la conflictividad, genera reglas claras y construye confianza entre trabajadores y empleadores. Esa confianza, poco visible pero fundamental, es un insumo productivo.
La informalidad, que sigue siendo el principal rasgo del mercado laboral mexicano, no se combate únicamente con inspecciones, multas o estímulos fiscales. Se combate creando estructuras colectivas que hagan atractiva la formalidad. Un trabajador se formaliza, cuando esto le ofrece algo más que una nómina, si le genera estabilidad, representación y expectativas de mejora. Ahí el sindicato cumple un papel central, no como obstáculo, sino como intermediario y articulador racional entre productividad y derechos.
Además, los sindicatos fuertes contribuyen al tejido social. En sociedades donde el individuo enfrenta solo al mercado, la desigualdad se profundiza y el resentimiento se acumula. El sindicalismo democrático crea comunidad, canaliza demandas y reduce tensiones sociales. No sustituye al Estado, pero lo complementa; no frena a la empresa, la hace sostenible.
La reforma laboral de 2019 abrió una oportunidad histórica al establecer reglas de democracia sindical y negociación auténtica. Pero una puerta abierta no garantiza que alguien la cruce. Sin una política activa que fomente la negociación colectiva real, impulse sindicatos sectoriales y reconstruya la confianza en la representación laboral, la transformación sindical corre el riesgo de quedarse en el papel.
México no necesita menos sindicatos. Necesita mejores sindicatos. Sindicatos que ordenen el trabajo, eleven la productividad y vuelvan a tejer el vínculo social roto por décadas de precarización. Sin ellos, la informalidad seguirá siendo la norma y la desigualdad y precarización laboral, el paisaje cotidiano.
