Cállense

Vivimos un mal momento para el periodismo, advierte Humberto Musacchio, compilador de la antología Cállense. Los nuevos rostros de la censura, que reúne 43 artículos de opinión y tres cartones coeditados por Grano de Sal y ARTICLE 19. Esta organización ha documentado más de 50 casos de acoso judicial contra periodistas en México.

En entrevista para El Universal, Musacchio enfatiza: “Los gobernantes deben entender que la crítica es necesaria, pero la toman como un ataque personal. El periodismo no está para servir a esos politicastros, está para servir a los lectores, a la sociedad. Estamos para servir al conjunto de los mexicanos, no a esos políticos ladrones. El gobierno debe entender que necesita de una prensa crítica. No somos el enemigo. Somos el medio de transmisión entre los gobiernos y la sociedad. Tratar a los periodistas como delincuentes es un mal negocio para cualquier gobierno, sobre todo para uno que se dice democrático”.

La antología, presentada esta semana, expone esta modalidad de censura con casos como el de Héctor de Mauleón; el gobierno de Layda Sansores contra Jorge Luis González Valdez; la campaña contra Carlos Loret de Mola; y ataques a la libertad de expresión en diversas entidades.

A estos episodios se suma la arremetida contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La Fiscalía General de la República (FGR) buscó imputarla por uso ilícito de atribuciones y facultades, ligado a la pensión vitalicia que Pemex le otorgó tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, reclasificado de suicidio a “accidente laboral”.

Aunque la FGR suspendió la audiencia de imputación, lo que Ciro Gómez Leyva calificó de “elogio a la sensatez jurídica”, el ruido en medios y redes normaliza la persecución. La presidenta Claudia Sheinbaum se lavó las manos: “La parte penal le corresponde a la fiscal Ernestina Godoy”.

Destaco el caso de María Amparo Casar porque es ejemplo de cómo el gremio periodístico se divide ante una evidente persecusión, todo con tal de no quedar mal con el oficialismo, sin importar que la presidente Sheinbaum se deslinde, una serie de columnistas escribe sospechando del caso, indicando que esa pensión es un síntoma, que escandaliza solo por su monto, sino por su normalidad en un sistema que convirtió privilegios en derechos adquiridos. Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE forjaron una cultura administrativa donde la legalidad coartó el favoritismo a élites, mientras jubilaciones precarias azotaban al resto. Otra vez la idea de que se maniobra en contra de los pobres.

Para justificar la arremetida contra quien dirige MCCI, se destaca la idea de que ese organismo es una herramienta selectiva impulsada por sectores empresariales, como hiciera López Obrador se indica que fue fundado por Claudio X. González. El debate se desplaza de hechos a símbolos: el privilegio expuesto vira a agravio, y la rendición de cuentas, a amenaza contra la expresión.

Una vez más el anzuelo de la ira, despertar la sospecha, se olvidan los hechos, se focaliza la crítica en las personas para asociarlas con una supuesta oposición que quiere volver al pasado, donde los malos, los adversarios, los conservadores se quieren apropiar del país sólo para ellos.

En Jacques El Fatalista, de Denis Diderot, Jacques dice: “En este mundo casi nada se escucha tal y como se dijo; pero hay algo peor, casi nada se juzga tal y como sucedió”; por seguir la narrativa lopezobradoresca una parte de la prensa está olvidando su deber de relatar los hechos, los presentan envueltos en mentiras que fueron contadas desde la conferencia matutina, sin importar que se haya demostrado que no eran verdad y se alude a juzgar desde una perspectiva extrema, una idea justa como “primero los pobres” se transforma en “todos debemos ser pobres”.

Hay una idea errónea de igualdad, basta insertar la duda sobre el privilegio para manchar cualquier caso, a cualquier persona y, sin darnos cuenta, entre otros males, estamos dividiendo al gremio periodístico, quienes defienden a los conservadores, a los adversarios y quienes están a favor de la transformación.

En la presentación de Cállense, Musacchio llamó a los periodistas a organizarse ante la “oleada de censura” de Morena, materializada en demandas como la de Héctor de Mauleón y El Universal por “violencia política en razón de género”. “Si no nos organizamos, nos van a aplastar. Nadie nos regala la libertad de expresión”, urgió, lamentando la ausencia de un Colegio de Periodistas. De Mauleón detalló ese nuevo rostro: “Ahora se te persigue desde el Derecho. Te denuncian por calumnias, daño moral o violencia de género, y enfrentas tribunales como el INE que protegen a funcionarios. Puedes acabar en un registro de violentadores, con multas del SAT o arresto”. Mientras Gabriela Warkentin acusó la judicialización de la expresión: “Funcionarios como Sheinbaum presumen libertad plena, sin vergüenza. ¿Qué tanto le importa a la gente que callar periodistas sea atacar la democracia?”.

Este 2025 ejemplifica el acoso a medios, periodistas y activistas. Sin organización, la censura ganará. Pero no se trata únicamente de resistir al poder en turno, sino de comprender que ningún gobierno, por más legitimidad electoral que presuma, puede ser el garante de la libertad de expresión. Cuando el periodismo deposita su defensa en la buena voluntad del Estado, abdica de su razón de ser.

La experiencia reciente demuestra que la censura ya no necesita golpes espectaculares ni clausuras abiertas. Basta con el desgaste, la sospecha sembrada, la amenaza legal latente, la división interna del gremio. El poder aprendió que no hace falta callar a todos: alcanza con aislar, exhibir, judicializar y dejar que el resto del periodismo se encargue de justificar o relativizar el atropello. La fragmentación es hoy el método más eficaz de silenciamiento.

Por eso la organización que reclama Musacchio no puede reducirse a una defensa corporativa ni a una respuesta coyuntural frente a Morena o cualquier otro partido. Implica reconstruir un acuerdo mínimo entre periodistas: la defensa de los hechos, del debido proceso, del derecho a informar incluso, y sobre todo, cuando el caso incomoda, cuando la persona atacada no es simpática, cuando el poder logra disfrazar la persecución de justicia social o de moral pública.

Organizarse significa también asumir que el periodismo no es oposición ni oficialismo, sino una práctica incómoda por naturaleza. Que no está para confirmar prejuicios ni para alimentar relatos épicos, sino para narrar la realidad con sus matices, contradicciones y zonas grises. Cuando se acepta la lógica binaria del poder, pueblo contra enemigos, transformación contra conservadores, el periodismo deja de ser mediador y se convierte en actor subordinado del conflicto.

La ausencia de un Colegio de Periodistas no es solo una carencia institucional: es el reflejo de una renuncia histórica a pensarnos como comunidad profesional con reglas, ética compartida y mecanismos de defensa propios. Mientras no exista esa base común, cada periodista seguirá enfrentando solo la maquinaria legal, mediática y política del poder, y cada caso será presentado como excepción, nunca como síntoma.

El reto no es menor. Organizarse más allá de los gobiernos implica recuperar la autonomía, resistir la tentación del aplauso fácil y rechazar la comodidad de alinearse con el discurso dominante. Implica entender que la libertad de expresión no se administra desde el Estado ni se concede desde una conferencia matutina: se ejerce, se defiende y se construye colectivamente. Todo lo demás es ruido. Y el ruido, como ya vimos, también censura.

Coda. En Aguascalientes no es diferente el escenario, como gremio estamos divididos, sólo reproduciendo las versiones oficiales y cuidando no molestar a quienes están en el poder y, en el otro extremo, haciendo eco de los disparates de una indigna y desorganizada oposición guinda. Urge que quienes informamos recordemos a quiénes nos debemos, la función social del periodismo, estamos para informar, no para aplaudir y sólo organizados podremos cumplir con ese propósito. Urge organizarnos.