Peces de ciudad
El nombramiento de una nueva fiscal general de la República no es un hecho menor. Cada relevo en la cúspide de la Fiscalía General de la República (FGR) despierta expectativas legítimas en un país marcado por la impunidad, la corrupción estructural y la desconfianza hacia las instituciones de justicia. Hoy, esas expectativas se concentran en un desafío concreto: demostrar que la autonomía de la FGR no es solo una fórmula constitucional, sino una práctica real.
A nivel nacional persisten casos emblemáticos de corrupción que involucran a exgobernadores, empresarios y redes político-financieras, en el ámbito local emergen focos rojos que ponen a prueba la voluntad del nuevo liderazgo. Uno de ellos es Aguascalientes, una entidad tradicionalmente percibida como estable, pero que hoy enfrenta señalamientos graves sobre el uso indebido del poder público y la posible captura de instituciones clave.
No debemos olvidar que tenemos casos pendientes como la estafa Ponzi que afectó a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, entre otras instituciones, y que se espera, pueda haber avances en su esclarecimiento para que los responsables sean presentados ante la justicia.
Las investigaciones federales que alcanzan a exfuncionarios del sistema de procuración de justicia en el estado no solo revelan presuntas irregularidades financieras; exhiben algo más profundo y preocupante: la fragilidad de las fiscalías locales frente a intereses políticos y económicos. Cuando quien debía perseguir el delito aparece bajo sospecha, el daño institucional es doble: se erosiona la legalidad y se quiebra la confianza ciudadana.
Para la nueva fiscal general, el caso de Aguascalientes representa una prueba de coherencia. No basta con abrir carpetas de investigación ni con emitir comunicados que prometan rigor. El país ha visto demasiadas veces cómo expedientes sensibles se diluyen entre tecnicismos, dilaciones procesales o silencios estratégicos. La justicia selectiva —rápida para algunos, inexistente para otros— es una de las principales causas del descrédito institucional.
El reto, además, no se limita a perseguir delitos del pasado. También implica marcar una línea clara hacia el futuro: ninguna fiscalía estatal debe convertirse en patrimonio personal, trinchera política o escudo de impunidad. Si la FGR pretende consolidarse como una institución creíble, debe actuar con la misma firmeza contra redes locales de corrupción que contra figuras nacionales de alto perfil.
La sociedad mexicana no exige milagros, pero sí señales claras. Aguascalientes puede convertirse en un ejemplo de que la justicia alcanza incluso a quienes alguna vez la administraron. La decisión está en manos de la nueva titular de la FGR.
En tiempos donde la palabra “corrupción” amenaza con vaciarse de sentido por su uso constante, solo los hechos pueden devolverle peso. Y en esa tarea, la Fiscalía General de la República no tiene margen para fallar. En los sonados casos de corrupción como el de la estafa Ponzi se tienen nombres y apellidos (ampliamente conocidos por toda la opinión pública). ¿Ahora sí se actuará?
