Lo dije o lo pensé
Recuerdo el año en el que entré a la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Desde hace años, varias Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) ya estaban sufriendo la “gota gorda” para obtener los recursos para cerrar el año con sus compromisos laborales, y es que hay IPES que realmente no han hecho el esfuerzo de ordenar sus finanzas y sus pesados contratos colectivos de trabajo como para evitar ese sufrimiento.
En el discurso oficial todo suena muy bien: “se incrementó el presupuesto”, “nunca se había destinado tanto a la educación superior”, “la universidad es prioridad”. Pero una cosa es el número en pesos corrientes y otra es lo que realmente se puede pagar con esos pesos. No hace falta ser especialista: cualquiera que vaya al súper sabe que la inflación se come silenciosamente cualquier “aumento” que no supere la subida de precios.
Además, las universidades no se congelan en el tiempo. La presión que tienen para dar cabida a más alumnado, a abrir nuevas carreras recae en un incremento en los gastos que eso conlleva. Gastos en personal, luz, internet, laboratorios, insumos médicos, licencias de software, mantenimiento de equipos… todo sube. Si el presupuesto en términos reales (incremento bruto menos inflación) crece menos que eso, en la práctica es un recorte disfrazado.
¿En qué se nota? En grupos más grandes, en plazas académicas que no se crean, en docentes que juntan carga y media para sostener la academia, en proyectos de investigación que se posponen “para mejores tiempos”, en becas que no crecen al ritmo de la necesidad. Y luego nos sorprende que la calidad académica disminuya, la deserción aumente, que haya más estrés, más trabajo precario y menos condiciones para hacer ciencia seria desde lo público.
El riesgo para 2026 es notable. En las IPES estamos recibiendo el mensaje de que la universidad pública es importante… pero solo mientras no afecten otras prioridades para el gobierno federal. Y eso pega directo en el tipo de país que queremos. Un país que presume nearshoring, industrias de alto valor agregado y “economía del conocimiento”, pero que al mismo tiempo regatea lo mínimo indispensable a las instituciones que forman a la gente que sostendrá todo eso, está arriesgándose demasiado.
Tampoco se trata de pedir cheques en blanco. Las universidades tienen cuentas pendientes en transparencia, evaluación y uso eficiente de recursos. Justamente por eso es momento de hablar de acuerdos multianuales, reglas claras y evaluación seria, no de sobrevivir año con año a la “buena de Dios”. Menos grilla coyuntural y más política de Estado para la educación superior.
Porque al final la pregunta es sencilla: cuando el gobierno “ahorra” en la universidad pública, ¿en realidad quién se está ahorrando algo? El Estado podrá presumir disciplina financiera, pero las generaciones que hoy se sientan en el piso de un salón sin presupuesto suficiente lo pagarán con menos oportunidades mañana. Y eso, nos guste o no, también es una forma de deuda.
