¿Importan realmente las candidaturas independientes?

No encuentro mejor forma de iniciar esta reflexión que con la pregunta frontal: ¿a alguien —de verdad— le importan las candidaturas independientes? Porque, fuera del ciudadano que se autodefine “popular” e influencer (ese término que dice mucho con escaso contenido), orgulloso de su numerosa familia como su principal estructura electoral; fuera del personaje expulsado de los partidos que, por conocer perfectamente los entretelones del poder, ya sabe que nunca cargará con las simpatías necesarias yque actúa más como venganza que por convicción; y fuera del aspirante romántico del litigio estratégico, convencido de que su brillante argumentación moverá conciencias jurisdiccionales y legislativas… nadie más parece preocupado por las candidaturas independientes.

El viejo aforismo indiano del “hágase, pero no se cumpla” describe con precisión quirúrgica la suerte de esta figura. El larguísimo trayecto que emprendió Jorge Castañeda Gutman en las instituciones nacionales e internacionales —con un desenlace casi poético para la expansión de los derechos político-electorales— terminó convertido, en la práctica, en una letra constitucional con respiración asistida.

La desigualdad estructural de la competencia es un diagnóstico ya sobreexplotado: recursos públicos, marca partidista, estructuras permanentes y la ventaja de ostentar cargos públicos hacen que competir contra un partido no sea realmente competir contra una candidatura, sino contra un aparato entero. La batalla está perdida desde el disparo de salida.

Esto no es ninguna revelación mía ni de nadie más, se conocen los síntomas. De hecho, en julio de 2022 escribí “Candidaturas independientes. Un derecho en penumbras" para el blog Axis de la Escuela Judicial. Pero más allá del análisis reiterado por los interesados en la materia, urge discutir qué tendría que cambiar para que esta figura deje de ser únicamente una presencia decorativa en la Constitución, especialmente en un sistema político donde los partidos controlan —monopólicamente— la competencia y la función legislativa.

¿Por qué hablar del tema ahora? Porque todo apunta a que se acerca una nueva gran reforma electoral. Y si la historia política mexicana algo nos enseña, es que cada diez años alguien decide rediseñar la democracia. Llevamos once desde la reforma de 2014, y trece años desde su reconocimiento. Quizá sea hora de que alguien voltee a ver la figura que dejamos arrumbada en un rincón.

Aclaremos algo: pretender igualdad absoluta entre candidaturas independientes y partidistas es tan viable como exigir que una manzana y una naranja sepan igual. Pueden coexistir, pueden cumplir funciones distintas, pero jamás serán idénticas. Aun así, aquí propongo algunas medidas mínimas para brindar verdadera viabilidad a las candidaturas independientes:

1. Derecho a contender en dos procesos electorales consecutivos

Si una persona logra cumplir la odisea de recabar apoyos ciudadanos, debería tener derecho automático a ser candidata por dos procesos. Esto permitiría mayor reconocimiento público y continuidad. ¿El argumento en contra? Que caería en actos anticipados de campaña. Perfecto: cambiemos el término. Llamémosle agente social democrático durante el interproceso. Total, si algo caracteriza a nuestra legislación electoral es su talento para renombrar lo evidente.

2. Fortalecimiento real entre procesos electorales

Un candidato independiente con derecho a dos procesos requiere herramientas para competir: recursos fiscalizados, una estructura mínima y un espacio de operación. No lo llamemos “prerrogativa” —palabra que provoca alergias institucionales—, digámosle fortalecimiento democrático. El punto es que exista. Su costo no excedería el monto ya destinado a los partidos; simplemente implicaría integrarlos en la distribución.

3. Acceso a tiempos de radio y televisión en interproceso

Si los partidos pueden posicionarse permanentemente, los agentes democráticos independientes también deberían tener acceso a espacios regulados. El Comité de Radio y Televisión ya cuenta con mecanismos o adherir nuevos para la censura previa, la prevención y supervisión del spot para combatir la anticipación proselitista.

4. Reconocimiento institucional mínimo

No se trata de darles asiento en el Consejo General, pero sí un lugar en la plataforma institucional de cultura democrática. Un reconocimiento básico como actores políticos legítimos. Las páginas institucionales no resultan más gravosas si se les suma más información, la justificación es la promoción de la cultura democrática.

5. Capacitación especializada y acompañamiento

Las candidaturas independientes suelen salir más golpeadas que como entraron, atrapadas en un sistema de fiscalización diseñado para organizaciones permanentes con equipos jurídicos profesionales. Si antes la sanción era la inhabilitación por “dos procesos”, que razonadamente lo “tumbó” la Sala Superior, lo justo es que ahora el beneficio también lo sea.

6. Régimen de responsabilidad claro

Si reciben apoyo público, también deben sujetarse a responsabilidades específicas, incluida la posibilidad de perder su condición. Y, por supuesto, un mecanismo formal de renuncia con rendición de cuentas por el miedo que nos dan las nuevas figuras y las suposiciones de fraude.En este punto, no caería mal un aumento en la prerrogativa pública, esa bolsa global distribuida entre todas las candidaturas como un partido político de nueva creación no es suficiente. 

Las candidaturas independientes, tal como existen, son un espejismo democrático: un derecho reconocido, celebrado y solemnemente inutilizado. No desaparecerán por disposición de la justicia internacional, pero tampoco importarán verdaderamente hasta que dejemos de tratarlas como un adorno constitucional y reconozcamos que requieren un andamiaje real.

Si la próxima reforma electoral decide ignorarlas —una vez más—, habremos confirmado que estas candidaturas en México funcionan como ciertos muebles de sala: están ahí, dan buena impresión, pero nadie espera que realmente se usen. Un mayor reconocimiento legislativo no caería mal, a fin de abonar a los escasos beneficios dados por la actividad jurisdiccional.

Replantearlas no resolverá todos los déficits democráticos del país, pero sí cerraría la brecha entre lo que decimos defender y lo que en realidad permitimos que funcione. Y en tiempos donde la congruencia es un bien escaso, eso ya sería un avance considerable.