No hace falta una batería de datos para comprender lo que cualquier mirada honesta revela: el acceso a la vivienda en México dejó de ser un derecho para convertirse en una ruleta perversa. Los jóvenes —y detrás de ellos, los adultos mayores— cargan con el peso de un sistema que les promete independencia y privacidad, pero que les entrega, en cambio, una odisea lenta y humillante.
La ecuación es conocida, casi repetida hasta el cansancio, pero no por ello menos brutal: trabajos mal pagados incluso para quienes hicieron todo “bien”; un modelo meritocrático que ya no garantiza nada; y un mercado de renta inflado por la especulación disfrazada de modernidad. Lo que antes era el primer paso para formar un hogar, hoy es un lujo reservado para quienes pueden sobrevivir al salario menguante.
Y cuando, a pesar de todo, alguien consigue empleo formal, se enfrenta al otro muro: empleadores que pagan lo mínimo indispensable —el IMSS y nada más— para esquivar obligaciones. El Infonavit y el Fonacot se vuelven fantasmas administrativos. Esa evasión, celebrada como “estrategia de competitividad”, opera como una maquinaria silenciosa que cercena derechos laborales y sabotea la posibilidad de acceder a un crédito. En nombre de la productividad se niega el reparto justo de utilidades, y en nombre de la libertad se hostiga cualquier intento de organización sindical. El resultado es un trabajador atrapado, sin salario suficiente y sin seguridad social integral.
Los apóstoles del libre mercado insisten en que el sector privado resolverá el dilema. Que los bancos, con sus fórmulas de riesgo y sus tasas de interés, conducirán al equilibrio natural. Pero la realidad es tozuda: un crédito para una vivienda mínima exige pagos mensuales de dieciséis a veinte mil pesos en ciudades donde el ingreso promedio es de ocho mil. No es un problema moral, sino aritmético. Y aun así se pretende que la vulneración del derecho pase desapercibida.
¿Qué hacer? Regular, aunque la palabra incomode. Frenar la inflación inmobiliaria, congelar rentas donde haya lógica comercial para ello, y obligar a las desarrolladoras a incluir vivienda accesible en sus proyectos de lujo. Nadie les prohíbe construir torres para inversionistas; pero tampoco puede permitirse que esas torres crezcan rodeadas de periferias sin agua, sin transporte y sin dignidad. La vivienda social no debe ser la migaja de un plan maestro: debe ser su columna vertebral.
El precio de una vivienda debe dialogar con el salario mínimo de cada entidad. Quien quiera construir casas más grandes, mejor ubicadas y con acabados de revista, podrá venderlas a precio libre. Pero el acceso básico debe estar garantizado. Y para que el sector inmobiliario no huya ante la palabra regulación, se requieren estímulos fiscales que equilibren el tablero: incentivos bien diseñados, no privilegios.
Lo que está en juego no es un capricho urbanístico, sino la posibilidad real de que millones puedan habitar el país que sostienen. Una política de vivienda que funcione no solo construye casas: construye ciudadanía.
Porque al final, lo intolerable no es la crisis habitacional en sí, sino la normalización de la idea de que vivir dignamente es un privilegio y no un derecho. Un país que renuncia a darle techo a su gente renuncia también a su propio futuro. Y si el Estado no corrige el rumbo, tarde o temprano la ciudadanía lo hará por él —y cuando eso ocurra, no habrá muro de intereses inmobiliarios capaz de contener la demanda más básica y más humana: un hogar donde empezar la vida, no donde terminarla.
