Hoy, que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, el tema de la renovación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Aguascalientes cobra otro sentido. No es un trámite más; tampoco un acto meramente protocolario. Coincide con una fecha que recuerda por qué existen estas instituciones y qué tanto hemos avanzado —o dejado de avanzar— en la protección de la dignidad humana. Es un buen momento para detenernos un instante y pensar qué esperamos de quien encabece este organismo.
La figura del Ombudsperson no nació aquí. Tiene sus orígenes en Suecia, a inicios del siglo XIX como un mecanismo de supervisión del poder público, pensado para escuchar a la ciudadanía y atender violaciones a sus derechos. Con el tiempo, ese modelo se extendió prácticamente por todo el mundo, México lo adoptó formalmente en la década de 1990 con la creación de la CNDH y, poco después, mediante el establecimiento de comisiones estatales en cada entidad federativa.
Esa adopción representó un avance institucional significativo, se buscó acercar la defensa de los derechos humanos a todas las personas, independientemente de su condición social o de su capacidad para acceder a instancias judiciales y protegerlas ante violaciones sobre todo de la autoridad. De ahí que, en teoría, las comisiones estatales estén llamadas a desempeñar un rol esencial en la protección de la dignidad humana contra los actos de autoridad.
Con el paso del tiempo, se han identificado áreas de oportunidad. Las comisiones hacen un trabajo relevante, como investigar quejas, documentar patrones, emitir recomendaciones y generar información útil para diseñar mejores políticas públicas. Pero también es cierto que, en muchas ocasiones, su capacidad para incidir en la realidad se ve limitada, en parte, porque sus resoluciones no son vinculantes, lo que impide obligar a las autoridades consideradas responsables de violaciones de derechos humanos a cumplir con las determinaciones impuestas. Son entonces, documentos técnicamente bien construidos, pero si la autoridad no quiere cumplirlos, simplemente no lo hace. Y ahí es donde se pierde buena parte del esfuerzo institucional.
Otro elemento importante, es que los procesos de designación podrían fortalecerse. La independencia de quienes encabezan estas instituciones es fundamental para generar confianza ciudadana y garantizar que las resoluciones se adopten con plena autonomía. Se requiere entonces, de un proceso robusto, transparente, abierto y comunicadoa la sociedad, que haga despertar el interés en toda la población, el de las diputaciones que eligen y de las asociaciones que respaldan a los perfiles. Démosle pues el interés e importancia que requieren los derechos humanos.
Y es que lo que ocurre hoy en Aguascalientes no es menor. La selección del próximo Ombudsperson representa la oportunidad de renovar la confianza pública en un órgano que, por su naturaleza, debe estar cerca de las personas, escuchar sus preocupaciones y actuar con objetividad y profesionalismo. Las entrevistas realizadas recientemente forman parte de un esfuerzo institucional que merece ser reconocido, pues permite valorar trayectorias, capacidades y compromisos.
En este escenario, también vale la pena reconocer lo que sí se ha hecho. La gestión de Yessica Pérez Carreón dejó avances; una presencia territorial, un acercamiento más directo a grupos históricamente ignorados y una profesionalización interna que le dio más orden y claridad al trabajo de la Comisión. No es menor. Su administración consiguió darle estabilidad a la institución y la mantuvo fuera de polémicas.
Luego, si bien estos avances aportaron elementos valiosos al balance de la institución, también es cierto que toda etapa de renovación abre espacio para revisar áreas de oportunidad y para reflexionar sobre cómo robustecer las capacidades de la Comisión en el futuro. En ese sentido, la continuidad o el relevo deben analizarse con profundidad,evaluar, sin prisas, pero con responsabilidad, la independencia y la solvencia técnica de cada perfil que aspira al cargo.
Sin embargo, más allá de los perfiles concretos, este momento invita a reflexionar sobre la necesidad de impulsar cambios que fortalezcan a la CEDH. A mayor autonomía, transparencia y capacidad de actuación, mayor será la legitimidad social que pueda construir.
¿Hacia dónde podemos avanzar?
La discusión sobre el fortalecimiento de los organismos de derechos humanos no es exclusiva de Aguascalientes ni de México; forma parte de un debate global. En diversos países se ha planteado la posibilidad de dotar a estas instituciones de mayores herramientas para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones, “darles más dientes”. No se trata de restar competencias a otras autoridades, sino de explorar mecanismos que permitan que las recomendaciones tengan un impacto más efectivo.
Imaginemos, solo como ejemplo, procedimientos más claros y ágiles de seguimiento, obligaciones institucionales de respuesta o mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan corregir omisiones y prevenir futuras vulneraciones. Estas medidas ayudarían a convertir a las comisiones en actores más fuertes y como mayor nivel de influencia dentro del entramado institucional.
Ahora bien, el concepto deOmbudspersonimplica, en esencia, una figura de confianza pública. Su fortaleza no proviene solo de la ley, sino de la percepción social de independencia, cercanía y rigor técnico con la que actúa. Si la gente cree en la institución, acude a ella; si no, simplemente se aleja. Por eso esta renovación importa más de lo que parece, es una buena oportunidad de replantear el rumbo y de recordar para qué existe la CEDH.
Si tomamos en serio este proceso, la Comisión podrá fortalecerse y convertirse en un actor más influyente y cercano. Y coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, el mensaje que mandemos —como sociedad y como instituciones— debería estar a la altura de esa fecha; compromiso, claridad y respeto por la dignidad de todas las personas.
