Aguascalientes, AGS; El diputado federal panista Paulo Martínez advirtió que el dictamen de la nueva Ley General de Aguas, que buscan aprobar en la Comisión de Recursos Hidráulicos, “no puede votarse en las condiciones actuales”, al asegurar que se trata de un documento “parchado”, con más de 90 cambios de último minuto y sin diálogo con los sectores afectados.
Martínez, quien funge como secretario de dicha comisión, presentó un oficio formal para solicitar que el dictamen fuera retirado del orden del día de la sesión ordinaria de este 3 de diciembre, a fin de abrir un proceso de análisis amplio con productores, industrias, organismos operadores y usuarios del agua. Sin embargo, señaló que Morena y “sus aliados” votaron en contra de su propuesta.
El legislador argumentó que el documento incorpora modificaciones provenientes de 22 iniciativas distintas, lo que lo convierte en un proyecto de alto impacto nacional que requiere revisión técnica y jurídica detallada. Subrayó que agricultores, ganaderos, agroindustriales, usuarios de pozos, especialistas y municipios han pedido ser escuchados antes de que la reforma avance.
Entre los temas que, según el diputado, requieren un análisis profundo se encuentran:
• La nueva figura de reasignación en lugar de transmisión de derechos.
• La incertidumbre en prórrogas y vigencia de títulos.
• La falta de reconocimiento pleno de los usos agrícola, pecuario y agroindustrial como actividades prioritarias.
• La ausencia de un mecanismo para reposición o relocalización de pozos por fallas o agotamiento.
• Las sanciones penales que podrían criminalizar actividades productivas.
• El riesgo de centralizar recursos hídricos en el Fondo Nacional de Reserva sin participación estatal.
• Nuevas obligaciones para municipios y organismos operadores sin recursos adicionales.
Martínez señaló que aprobar la ley “en fast track” generaría errores técnicos e incertidumbre jurídica, afectando especialmente a las regiones agrícolas que dependen de la estabilidad hídrica para planear su producción. Recordó que la reforma propuesta modifica concesiones, transmisiones, sanciones, atribuciones de la Conagua y responsabilidades municipales, por lo que requiere un análisis profundo.
El diputado sostuvo que sí es posible construir una ley “seria, justa y responsable”, pero insistió en que “primero hay que escuchar” a los sectores directamente involucrados. Aseguró que el Grupo Parlamentario del PAN mantendrá una postura firme para evitar que se imponga una reforma que, a su juicio, “pone en riesgo el patrimonio de millones de personas”.
Martínez reiteró su llamado a la presidenta de la comisión, Elizabeth Cervantes, para retirar el dictamen y abrir un proceso formal de diálogo antes de continuar con la discusión legislativa.
