Contra Paradigma
La 4T y su alergia a los contrapesos
La presidenta de la República anunció una reforma electoral y, de inmediato, se encendieron las alarmas. El mensaje que más ha circulado es brutal en su simpleza: desaparecer los OPLES, borrar de un plumazo a los institutos electorales de los estados. Quienes lo defienden lo reducen todo a una consigna: “son caros, son inútiles, son corruptos”.
Falso. Y peligroso.
Los OPLES no son adornos: organizan elecciones, garantizan que cada estado pueda vigilar su propio destino político. Sus consejeros no llegaron por amiguismo; ganaron sus lugares mediante concursos técnicos. Hacerlos pasar por parásitos presupuestales es una mentira conveniente para quienes necesitan justificar un golpe centralista.
Porque de eso se trata: centralizar el poder electoral, recentralizar decisiones, borrar el federalismo que tanto costó construir. Si los OPLES desaparecen, sus facultades tendrían que absorberlas el INE, que no fue diseñado para operar simultáneamente todas las elecciones del país. La consecuencia sería un caos administrativo, un retroceso histórico y una concentración de poder que huele demasiado a los viejos tiempos en que Gobernación decidía quién ganaba.
Seamos claros:
Una elección organizada desde el centro, obedeciendo ritmos, prioridades y presiones del poder federal, no es una elección confiable.
Y el argumento económico no resiste un análisis serio. Que algunos OPLES tengan fallas no justifica demolerlos a todos. Para eso existen auditorías, controles, reglas, evaluaciones. Pero claro, es más fácil destruir que corregir. Más fácil deslegitimar desde el micrófono que gobernar con responsabilidad.
Además, hay una profunda incongruencia: quieren “transparencia”, pero han debilitado —o borrado— a los organismos encargados de garantizarla. ¿Cómo vigilamos a las instituciones si desaparecieron a quienes vigilan? Es una jugada perfecta… para quien quiere menos control y más poder.
A los OPLES se les pide lo imposible: elecciones atípicas, procesos judiciales inéditos, calendarios exprés, todo sin presupuesto adicional. Y aun así han resuelto lo que el sistema les arroja. Esa es la parte que nunca cuentan quienes hoy quieren extinguirlos.
Y aquí está el fondo:
A los árbitros de la democracia se les respeta o la democracia deja de existir.
No se les recorta.
No se les subordina.
No se les convierte en el enemigo a vencer desde la tribuna presidencial.
No se destruye la confianza construida durante décadas porque conviene en coyunturas políticas pasajeras.
Ahora, la Comisión presidencial para la reforma electoral, que hoy recoge testimonios, opiniones y diagnósticos en audiencias públicas, tendrá la obligación —si pretende ser seria— de escuchar a quienes dominan el tema. A los expertos, a los académicos, a quienes han construido los sistemas electorales por décadas. Lo mínimo que se espera es que esas voces tengan peso real, y que no terminen convertidas en un decorado democrático para justificar decisiones ya tomadas. Que no se use la “voz del pueblo” como coartada para tergiversar opiniones, manipular argumentos o fabricar consensos inexistentes. Las audiencias existen para escuchar, no para simular
El país sabe lo que ocurre cuando quien organiza las elecciones responde al poder político de turno: el piso se inclina, la competencia muere, la ciudadanía se aleja porque siente —con razón— que el juego ya está decidido.
Por eso, hay que decirlo sin rodeos:
Los OPLES no estorban; estorban a quienes quieren controlar las elecciones.
Y justamente por eso deben defenderse.
No para proteger a una burocracia, sino para proteger el derecho más elemental en una democracia: que el voto cuente y que nadie —nadie— pueda apropiarse de él.
