Desde el Segundo Piso
México acaba de mover una pieza estructural de su tablero jurídico, la reforma hídrica de 2025. Y, sin embargo, pareciera que muchos actores, ya sean productores, autoridades locales, organismos operadores e incluso parte de la opinión pública, no han terminado de comprender la profundidad del giro. No se trata de una simple actualización normativa, es el desmontaje formal del mercado del agua y la instauración de un modelo de rectoría estatal estricta orientado por seguridad nacional, derecho humano y control territorial. Esa es la magnitud del viraje, aunque algunos insistan en leerlo como un trámite más en la Gaceta.
El diagnóstico que se impone no es menor, un país con acuíferos sobreexplotados, con sequías prolongadas que ya afectan a más del 70% del territorio en ciclos recientes, y un aparato administrativo incapaz de fiscalizar, medir o siquiera mapear con precisión quién usa el agua, cuánta usa y bajo qué condiciones. Exactamente por eso Naciones Unidas ha documentado que la crisis hídrica global es una crisis de gobernanza, no falta agua, nos falta gestión. México parece haber decidido, tardíamente, alinearse con esa premisa.
El nuevo andamiaje jurídico la Ley General de Aguas (LGA) y la cirugía mayor a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), redefine prioridades. Primero, la prohibición de las transmisiones de derechos entre particulares rompe con tres décadas de lógica mercantil, el agua deja de ser un activo negociable y vuelve, formalmente, a su carácter de bien de la nación. Esto, por supuesto, genera resistencia en regiones donde el “mercado de derechos” se convirtió en un mecanismo informal para equilibrar la escasez. Pero también abre la puerta a un orden más transparente, donde la asignación del recurso se subordina a criterios de disponibilidad y función social.
La excepción agrícola, el llamado “binomio tierra-agua”, fue el mecanismo político para evitar un estallido en el campo. Hoy, quien hereda o compra la tierra puede heredar o solicitar el agua que la acompaña. No es un privilegio, es reconocer que sin agua la tierra es un cascarón improductivo. La diferencia es que ahora ese proceso debe pasar por una ventanilla que, en teoría, no podrá retrasar el trámite más de 20 días. Habrá que ver si la Conagua del papel es capaz de convertirse en la Conagua que México necesita.
Ese es, de hecho, el mayor desafío, la capacidad de ejecución. Tras la desaparición del REPDA y la creación del RENA, un registro nacional con funciones de fiscalización e inteligencia hídrica, el Estado requerira miles de técnicos, inspectores, ingenieros, analistas y personal especializado. Ningún cambio estructural funciona si el músculo burocrático es delgado, lento o capturado. Y hoy, seamos francos, lo es. Incluso con la mejor voluntad política, se necesitará presupuesto histórico para sensorización, telemetría, georreferenciación y análisis de datos. Sin eso, la reforma corre el riesgo de quedarse en el terreno de lo declarativo.
La narrativa internacional recuerda que el agua será, en pocos años, el eje de disputas económicas, geopolíticas y sociales. Según la ONU, para 2030 la demanda global superará en 40% la disponibilidad si seguimos con modelos ineficientes. México no está fuera de ese pronóstico, industrias sedientas, ciudades en expansión, agricultura altamente demandante y un sistema climático cada vez más errático.
En este contexto, resulta inevitable hacer una crítica, el país dio un paso audaz en términos legales, pero no ha invertido en explicar el cambio. Una reforma de este calibre exige pedagogía pública, claridad técnica y, sobre todo, corresponsabilidad social. Hoy seguimos discutiendo si la reforma “favorece” o “castiga” a tal o cual sector, cuando deberíamos discutir cómo reconstruimos un pacto hídrico nacional donde todos entiendan que el agua no es un privilegio.
La reforma incluye avances que vale la pena reconocer, como la priorización del uso doméstico, el reconocimiento de sistemas comunitarios, el endurecimiento de sanciones contra el robo de agua y una hoja de ruta para regularizar miles de pozos y concesiones en el limbo administrativo. Pero también contiene riesgos, como la posibilidad de discrecionalidad en reasignaciones, capacidad operativa insuficiente y un probable torrente de litigios que podría ralentizar su implementación.
El país puede y debe debatir los matices, pero lo que ya no es discutible es el fondo, el agua dejó de ser un tema sectorial y se convirtió en un asunto de seguridad nacional y bienestar colectivo. Quien no entienda eso está leyendo el mapa con ojos del siglo pasado.
Si esta reforma logra aterrizarse con técnica, transparencia y participación, México puede reinventar su modelo hídrico antes de que la escasez nos obligue a reaccionar tarde y mal. Si no, habremos perdido una oportunidad histórica para asegurar el recurso más estratégico del siglo XXI.
Porque, como dice un proverbio “no se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo”. En tiempos de trasnformacion y escasez, conviene no olvidarlo.
Y en esta reforma, a diferencia de otras, no habrá margen para la improvisación. Como decia ese anuncio del siglo pasado, gota a gota el agua se agota.
Autor: Ricardo Heredia Duarte
