Columna

Vivimos una época en la que disentir parece un deporte extremo. En México, como en buena parte del mundo occidental, la conversación pública ya no gira en torno a razones sino a pertenencias, si cuestionas el dogma de la tribu, te conviertes en enemigo automático. Ese clima de sospecha permanente, más emocional que racional, viene al caso frente a la discusión que abre Susan Neiman, cuando afirma que la izquierda no es, ni debería ser, “woke”. Su advertencia es pertinente porque lo que empezó como una lucha legítima por la igualdad sustantiva terminó derivando en excesos que confunden justicia con privilegios y crítica con sacrilegios.

La deriva identitaria ha generado un fenómeno paradójico, al mismo tiempo que empuja avances innegables, visibilización de violencias, reconocimiento de minorías, ampliación de derechos, también ha producido distorsiones que erosionan los cimientos liberales que hicieron posibles esas conquistas. La frase del “yo te creo” sin matices de prueba ni equilibrio jurídico, por noble que parezca, terminó abriendo la puerta a abusos que amenazan garantías elementales como la presunción de inocencia. Uruguay, ante el incremento de denuncias falsas en el marco de la Ley 19.580, terminó tipificándolas como delito agravado. No es una anécdota aislada; es un síntoma.

En México vemos señales similares, denuncias instrumentales en universidades, chantaje emocional en espacios laborales, presiones para “corregir” decisiones institucionales bajo amenaza reputacional. Lo que debería ser protección se convierte en herramienta de poder, y eso además de injusto, es un búmeran político. Cuando la corrección ideológica se impone como criterio rector, las organizaciones privadas ya evalúan riesgos al contratar mujeres o minorías por el temor a que un conflicto escale a terreno legal o mediático sin debido proceso. No es una reacción sana; es la confirmación de que cuando la justicia se vuelve arma, todos terminan indefensos.

Este clima, lejos de fortalecer causas progresistas, ha permitido que discursos conservadores, incluso radicales, recuperen terreno. La cancelación se ha vuelto tan estridente que el péndulo reacciona. Las tribus identitarias, por izquierda y derecha, terminan reforzándose mutuamente. Los excesos de unos legitiman a los otros, hasta construir un ecosistema político donde la moderación parece debilidad y el antagonismo, virtud cívica.

Necesitamos con urgencia recuoperar la educación liberal clásica como antídoto a este extremismo académico. Demasiadas aulas universitarias dejaron de formar pensamiento crítico para convertirse en espacios de adoctrinamiento, debilitando la capacidad de los jóvenes para confrontar ideas opuestas y entender el mundo más allá del filtro emocional. Sin duda el propósito de la educación no es decir a los estudiantes qué pensar, sino enseñarles a pensar críticamente. Y cuando esa función se pierde, florecen dogmas tanto progresistas como reaccionarios.

Los campus mexicanos no están ajenos a esta dinámica. Entre protocolos mal diseñados, un clima de sospecha permanente y la tentación de resolver conflictos desde la ideología antes que desde el derecho, se ha creado una atmósfera donde educar es secundario frente a gestionar agravios. Como advertía Hannah Arendt, educar implica enseñar, pero enseñar no implica educar. Ese vacío lo están llenando las tribus políticas.

Necesitamos, con urgencia, bajar de las modas legales y reconstruir criterios de justicia que protejan sin generar nuevos abusos. El reto no es menor,  ¿cómo mantener mecanismos sólidos de denuncia sin sacrificar garantías procesales?, ¿cómo proteger a minorías sin convertir la identidad en salvoconducto para el chantaje?, ¿cómo desideologizar la educación sin negar la diversidad?, ¿cómo volver al pensamiento crítico sin caer en el relativismo moral?

Mi respuesta es doble. Primero, reanclar la conversación en los derechos humanos universales sin matices, igualdad ante la ley, debido proceso, libertades civiles, educación cívica y racionalidad ilustrada. Y segundo, abandonar la comodidad triba, defender causas legítimas sin permitir que sus extremos impongan censura, miedo o dogma.

Si no lo hacemos, seguiremos asomándonos al abismo donde la justicia deja de ser principio y se vuelve herramienta, donde la educación deja de formar ciudadanos y produce militantes, y donde la democracia deja de ser un espacio de convivencia para convertirse en un campo de batalla moral.