Peces de ciudad
La palabra autonomía debería resonar como una promesa: la capacidad de una institución para gobernarse a sí misma con responsabilidad, pluralidad y visión colectiva. Pero en algunas universidades públicas del país —y hoy, de manera especialmente visible en lo local— esa promesa se ha ido vaciando de su esencia. Una autonomía que excluye a quienes dan vida a la institución deja de ser autonomía para convertirse en un mero mecanismo administrativo, ajeno a su propia razón de existir.
Porque no hay universidad sin estudiantes. Y, sin embargo, cada proceso de designación de rector o rectora parece empeñarse en ignorar su voz. La comunidad estudiantil, que debería ser considerada un actor fundamental en la construcción del futuro institucional, es tratada apenas como un espectador de decisiones tomadas en espacios cerrados, donde el escrutinio público es incómodo y donde las preguntas esenciales son vistas como amenazas.
¿Puede hablarse de autonomía cuando se sofoca la participación? ¿Puede presumirse independencia cuando la representación estudiantil es simbólica, marginal o, peor aún, irrelevante? No se trata de pedir una democracia perfecta —ninguna institución la tiene— sino de reclamar una mínima coherencia: si la universidad se asume como espacio crítico, formador y humanista, ¿por qué niega a sus propios estudiantes la posibilidad de incidir en la elección de quienes la dirigen?
Algunos argumentan que los estudiantes “no están preparados”, que “no conocen los asuntos administrativos”. Pero ese argumento es el mismo que se ha usado históricamente para negar derechos: se decía de quienes no tenían propiedad, de quienes no sabían leer, de quienes no cabían en las élites. Es paternalismo disfrazado de prudencia. Y, además, un profundo error: las universidades existen para educar ciudadanos; excluirlos de las decisiones centrales es renunciar a esa misión.
Un voto estudiantil no solo sería un gesto democrático; sería un recordatorio permanente de a quién sirve la institución. Sería un contrapeso ético frente a decisiones que a veces se toman con cálculos políticos más que académicos. Sería, sobre todo, un acto de congruencia.
Hoy, frente a un proceso que parece decidido a espaldas de la comunidad, la pregunta es inevitable: ¿es posible defender la autonomía universitaria mientras se ignora la voz de quienes habitan sus aulas? La autonomía sin estudiantes es una contradicción: una estructura vacía, una legitimidad incompleta, un proyecto que ha perdido el pulso de su propio corazón.
Las universidades públicas mexicanas —todas— están llamadas a revisar sus mecanismos de representación. No se trata de una disputa interna, sino de un asunto que toca el modelo educativo y el pacto social de nuestro país. La participación estudiantil no es una concesión: es un derecho y, además, una oportunidad.
Porque si la autonomía se vuelve un refugio para decisiones opacas, deja de ser autonomía y se convierte en feudo. Pero si, por el contrario, se abre a la deliberación y reconoce el papel de quienes sostienen la vida universitaria, entonces la autonomía se fortalece, se legitimiza y se proyecta hacia el futuro.
La pregunta es sencilla, pero la respuesta definirá el destino de la institución:
¿autonomía sin estudiantes?
Si la respuesta es sí, entonces no es autonomía. Es otra cosa. Y es hora de decirlo.
