El modelo de elección de autoridades en la Universidad Autónoma de Aguascalientes no salió de una simple ocurrencia ni es algo reciente. No se define en una sola noche ni en una sola cifra. Al igual que en otras universidades públicas importantes (como la UNAM, la UANL, la UdeG o la UAM, cada una con sus propias variantes), la UAA optó por un sistema de elección mixto. Desde su Ley Orgánica, el gobierno universitario descansa en una Junta de Gobierno que tiene, entre sus atribuciones centrales, la designación de quien ocupará la Rectoría y demás autoridades de primer nivel, a partir de ternas que se construyen con la participación de docentes y estudiantes.
Ese diseño dio lugar a lo que hoy llamamos modelo mixto: una fase cuantitativa (la votación de alumnos y docentes) y una fase cualitativa (la valoración que realiza la Junta de Gobierno sobre trayectorias, proyectos y capacidades para enfrentar los problemas de la institución). Estos dos momentos son complementarios, por lo que el resultado en las urnasno es definitorio por sí solo, sino insumo para la decisión colegiada.
¿Por qué se pensó así desde el origen? Porque la universidad nació en un contexto donde había que equilibrar la democratización interna con la protección de la vida académica frente a presiones coyunturales: políticas, económicas, incluso mediáticas. La comunidad debía ser escuchada en las urnas, pero la decisión final tenía que tomar en cuenta algo más que la popularidad del momento: la solvencia académica, la prudencia institucional y la viabilidad de los proyectos de desarrollo a mediano y largo plazo.
Durante décadas, ese modelo mixto dio estabilidad. En sucesivos procesos rectorales y de decanatos, la combinación de voto y evaluación colegiada permitió cambios ordenados, sin irrupciones externas ni paros prolongados, y se aceptaba (aun con inconformidades naturales) que la Junta de Gobierno ejerciera su responsabilidad de decidir dentro del marco de la Ley Orgánica. De hecho, las propias autoridades han defendido en estos días que el procedimiento ha brindado certeza a lo largo de los años.
Lo inédito en esta elección no es el modelo, sino la intensidad del ataque contra él. La combinación de un escándalo financiero de alcance nacional, hoy investigado por la Fiscalía General de la República, y unos resultados cuantitativos muy competidos, ha disparado las sospechas, las lecturas simplificadas y, en algunos casos, intentos abiertos de deslegitimar el andamiaje normativo completo.
Es legítimo discutir si el modelo mixto debe ajustarse o perfeccionarse. Lo que no es legítimo es pretender presionar o anular, en plena efervescencia electoral, las reglas que hoy están vigentes. La Ley Orgánica de la UAA no es un capricho de coyuntura: es la expresión jurídica de su autonomía, aprobada por el Congreso del Estado y asumida por generaciones de universitarios como el marco que nos permite gobernarnos a nosotros mismos.
Defender la autonomía universitaria, en este contexto, significa dos cosas a la vez: exigir que la Junta de Gobierno actúe con absoluta responsabilidad, transparencia y sentido de comunidad; y rechazar cualquier intento externo (partidista, gubernamental, mediático o de grupo de interés) de dictar a la universidad cómo debe elegir a sus autoridades. Primero cumplamos la legislación vigente; después, con la cabeza fría y los ánimos serenos, discutamos si hace falta reformarla.
Porque si algo enseña la historia de la UAA es que las normas se cambian en las aulas, en los consejos y en los órganos de gobierno, no en medios de comunicación externos o redes sociales al calor del enojo. Cuidemos las urnas, sí, pero también la conciencia institucional que nos ha permitido llegar hasta aquí.
