Deuda pendiente
El concepto de “cultura”, ha sido un tema de grandes y trascendentes resignificaciones en la línea del tiempo, las cuales comprenden el comportamiento social, las instituciones y las normas de toda organización humana; es, según Taylor,ese todo complejo que compren el conocimiento, lo moral, la ley, la costumbre y otros hábitos adquiridos por el hombre en cuanto es miembro de una sociedad. Por otra parte, el concepto de “política” es, en términos generales, el ejercicio por medio del cual una sociedad, toma las decisiones colectivas y pertinentes con respecto a la gestión de asuntos públicos, con el propósito de organizar las relaciones humana y la convivencia social, para establecer situaciones armónicas interpersonales y, asimismo, definir las reglas que persigan un bien común.
Las políticas culturales son un conjunto de principios teóricos, estratégicos y operativos que orientan las acciones de una institución; son una “carta de navegación” sustantiva para promover, gestionar y difundir los bienes, productos y servicios culturales, con base en un Plan de Desarrollo y una Ley de Cultura.En este sentido para la UNESCO, el Estado es la institución oficial para trazar las “políticas culturales” la cual, sin duda, por traducir los sectores afianzados al poder, representa la instancia determinante y, asimismo, la dominante para la preservación y el desarrollo de la cultura local, tal y como lo es el caso de Aguascalientes; pero, no es la única, digámoslo así: “¡afortunadamente!”. También estas políticas son definidas desde el sector particular y, el más capitalizable, genuino y honesto, desde los movimientos populares. Por otra parte, no por el solo hecho de ser dominantes las políticas “oficiales”, reflejan una actitud antipopular, ya que casi siempre se ven obligadas a hacer algunas concesiones o, mejor dicho, algunas excepciones a pesar de que en las más de las veces sea solamente en desde un plano enunciativo o letra muerta.
En algunos gobiernos como el nuestro, muestran “interés” y entusiasmo en promover la “cultura popular” esquivando los valores más contestatarios, los cuales hagan efectivamente una lectura fiel de los entornos y de la realidad – vocación sustantiva de los lenguajes artísticospara el desarrollo identitario–,tendiendo más hacia lo que conocemos por “folclorismo”, quizá en un afán con tintes de manipulación y control o bien, por falta de experiencia, sensibilidad, conocimiento y perfil para captar, aplicar y desarrollar los significados más profundos del quehacer cultural y los valores identitarios.
Los grandes presupuestos, por lo general se canalizan en la reproducción de formas culturales dominantes, incluyendo a menudo a la “cultura de masas” o la inversión en mecanismos de difusión demagógica para preservar los “aparatos ideológicos de estado”, con el propósito de mantener un “equilibrio” social el cual pende de alfileres.Por esta razón, es preciso reflexionar en torno a la validez, congruencia y autenticidad de una “política cultural” diseñada desde las narrativas de una administración gubernamental – estatal o municipal –, en donde los intereses, lamentablemente, se encuentran al margen del desarrollo social y de un ejercicio democrático y gobernanza.
Por otra parte, si bien las instituciones particulares o privadas en la entidad han ejercido un papel importante, diseñando políticas alternativas a las oficiales, complementándolas o rectificándolas en algunas experiencias de éxito como industrias culturales o agrupaciones independientes, tienden de alguna manera a explorar zonas de coincidencia que les permitan el apoyo del sector público mediante convocatorias, becas o financiamientos que se desprenden de las mismas políticas dominantes, limando así, su campo de acción. Ninguna estas instituciones no oficiales, particulares o privadas, salvoalgunas excepciones en donde los recursos económicos son el resultado de una estrategia de mercadotecnia o de mecenazgo, escapan de los lineamientos establecidos por las “políticas culturales” emanadas del estado, lacerándolas mediante las denominadas “reglas de operación”, independientemente si su naturaleza es paraoficial, popularo populista.
Si bien, como lo afirma Adolfo Columbres de manera reiterativa a través del “Nuevo manual del promotor cultural”, en donde reflexiona no únicamente sobre la conceptualización y existencia de una sola “política cultural” que se desprende del Estado y sus Planes de Desarrollo; el mismo Estado, definitivamente, debe asumir su responsabilidad, compromiso y vocación social para diseñar cartas de navegación pertinentes en función de una cultura más abierta que den lugar a otras políticas culturales, al alcance de todas y todos, al margen de simulaciones administrativas.
Para hablar de una “política cultural” genuina, real y transparente que se traduzca significativamente en la vida cotidiana de los ciudadanos, en constante búsqueda para la construcción de las identidades, es preciso que el periplose direccione más allá del papel, no tomando como referentes absolutos las experiencias de “otras políticas” que se encuentran abismalmente al margen de la propia. Se trata de un ejercicio desde la reflexión académica, de los estudios socioculturales, de la participación social, de la gobernanza y delos procesos democráticos contextualizados en nuestro tiempo, espacio y circunstancias.
“Toda pedagogía completa supone una visión del mundo y de la vida” (Plutarco); asimismo, toda “política” integral sin un rostro dominante y de control sobre los bienes, productos y servicios culturales, debiese asumir una perspectiva técnicamente igual… una visión completa del universo identitario que reconecte el valor social de la cultura con la ciudadanía, garantizando por medio de una ley eficiente un entramado cultural sostenible, autónomo y diverso con alcances más allá del divertimento o la recreación… que favorezca la vertebración social, a través de estrategias de trasversalidad que apuesten además, a la educación artística desde el seno de las dependencias culturales y desde las escuelas que figuran en los sistemas educativos oficiales, en función de la formación de “nuevos públicos” y, asimismo, con una visión pedagógica a corto, mediano y largo plazo para la profesionalización artística que no únicamente traduzcan su quehacer en la producción artístico - cultural, sino además, que participen en los ámbitos de la docencia, la difusión y, sobre todo, en la investigación donde deben gestarse las “políticas culturales” desde la academia.
Toda “política cultural”, debe justificarse en función de los criterios de eficiencia, equidad y estabilidad; por lo tanto, desde poseer un sentido que articule la reflexión académica con lo político, lo social y lo comunitario, sin identificarlo exclusivamente desde una perspectiva gubernamental tipificada como “dominante”. En sí misma, una “política cultural” debe ser un conjunto de medios de movilización que vayan más allá de un “libro blanco” y, por lo tanto, debe materializarse en un conjunto de acciones horizontales orientadas a la consecución de fines medibles en términos cuantitativos y cualitativos, estableciendo así, un ejercicio sostenido por las instancias que configuran a la comunidad… entre las personas, los grupos y las instituciones, en donde los gobiernos pasan de ser de “dominantes” a promotores, mediadores y facilitadores.
La gran mayoría de las políticas culturales desde el análisis y la reflexión sociocultural, se han clasificado de acuerdo a tres recurrentes tipos, los cuales atienden a ciertos “estilos” – más no ideales – de gobierno, ni mucho menos de gobernanza: las políticasfundamentadas en el paradigma del mecenazgo, en donde se busca coincidir – regularmente – la orientación de creación artística y la promoción de la cultura con los intereses de los mecenas; las sustentadas bajo el paradigma de la democratización cultural, en donde se decidepor un lado, qué tipo de cultura hacer, con qué medios y en qué sectores y, por otra, facilitar el acceso a los bienes, productos y servicios culturales, con base en democracias triunfantes; y, aquellas definidas bajo el paradigma de la democracia cultural, en donde, por una parte, el cansancio del bienestar de las sociedades y de los escasos éxitos de las políticas de democratización de la cultura, reactivan una movilización “autónoma”, denunciante, “anarquista” y contestataria y, por otra, en donde las iniciativas de organismos como la UNESCO, los contenidos sustantivos apuntan más al proceso que al consumo de productos, reivindicando la diversidad cultural ligado al desarrollo social y comunitario. Por lo anterior, la definición de una política cultural eficiente, debe poseer simultáneamente esos tres tipos de paradigmas, mediante una correcta y sana articulación mediadora, tomando en cuenta, desde luego, que el Estado en el nivel que ostente, no es el único protagonista de las políticas culturales, ni mucho menos la única instancia para definir los rumbos a ultranza de lo que se debe o no producir, gestionar, difundir y promover.
Las políticas culturales, deben además de poseer un marco teórico que den rostro y fundamento que comprenda los modelos, procesos, agentes y fines del quehacer cultural, sin descartar el hecho que ya existen algunos referentes más fecundados como lo es el ámbito de la identidad y el patrimonio cultural.La originalidad de los métodos basados en entornos y contextos socioculturales reales e inmediatos, que impacten en el origen de las necesidades sociales, representa también un aspecto ineludible, a partir de conceptos definiciones y vocabulario para elaborar sendos temáticos, agrupando estos conceptos en campos semánticos y, de esta manera, poder referirnos adecuadamente a los universos, alcances y límites de las políticas culturales.
Ciertamente, hablar finalmente de “políticas culturales”, resulta un tema inagotable. La presente colaboración, únicamente se limitan a exponer algunas reflexiones de lo que debiese ser un tema urgente en Aguascalientes. Existe, en este sentido, una desarticulación eminentemente expresa entre lo establecido en el Plan de Estatal de Desarrollo vigente, una la Ley de Cultura publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 25 de octubre de 2025 – la cual no ha sido modificada desde entonces y, en sus orígenes, fue hecha con serias lagunas legislativas – y, desde luego, un discurso nebuloso de lo que se está realizando en materia de cultura en la entidad, contrastado con el énfasis en una serie de “eventos artísticos y culturales” que radican únicamente en el divertimento y los episodios efímeros de esparcimiento.Recibir en un ambiente festivo invirtiendo grandes cantidades en difusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, recibe el nombramiento de “Capital Americana de la Cultura 2023 a través del Bureau Internacional de Capitales Culturales, por su rico patrimonio cultural tangible e intangible, en donde también se entregaron reconocimiento a siete tesoros del Patrimonio Cultural “elegidos por la propia ciudadanía”, acontecimiento que sin duda, atiende por citar uno de muchos ejemplos, a un ejercicio de “política cultural dominante”. Las “políticas culturales”, debiesen ser el termómetro y la memoria de las colectividades, porque “la cultura es la memoria del pueblo, la consciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir” (Milan Kundera).
