Tres consorcios presentaron hoy ofertas de entre 54.2 y 59.9 millones de dólares para producir la credencial de elector hasta mayo de 2031, en lo que será el contrato más grande que se ha otorgado para esta identificación, que por primera vez podría quedar en manos del Gobierno federal.
Luego de reclamos al Instituto Nacional Electoral (INE) por convocar una licitación con tiempos recortados, la firma mexicana Litho Formas, asociada con las españolas Inetum e Indra Sistemas, y con Toppan Security de los Emiratos Árabes Unidos, presentó la oferta más baja para producir hasta 94 millones 167 mil credenciales.
El precio intermedio, de 55.6 millones de dólares, lo ofertó Cosmocolor, del empresario Jorge Kahwagi Gastine y su hijo, el ex diputado federal del PVEM Jorge Kahwagi Macari, asociada con la paraestatal Talleres Gráficos de México (TGM).
Esta última es un órgano descentralizado de la Secretaría de Gobernación que ya se hace cargo de imprimir las boletas electorales, pero la credencial es un tema distinto, pues implica acceso a datos del Registro Nacional de Electores (RNE).
La cotización más alta, finalmente, la presentó el consorcio que brinda el servicio desde 2019, encabezado por las firmas alemanas Veridos y Giesecke y Devrien.
El INE no publicó detalles de las ofertas, pero los montos, aparentemente, se refieren al mínimo estimado, que será de 84 millones 959 mil credenciales, es decir, 64 a 70 centavos de dólares por unidad, por 52 centavos de la ganadora en 2019.
Cabe mencionar que Inetum es un consorcio francés que, en 2021, compró a la empresa española Informática El Corte Inglés (IECISA), que fue parte del grupo de Veridos en la licitación de 2019.
El INE anunciará al ganador el 10 de diciembre. Este viernes, el Instituto de Investigaciones Materiales de la UNAM aplicará catorce pruebas a una muestra de cien credenciales de cada concursante, y si falla una sola prueba, la oferta será desechada.
Una eventual derrota de Veridos obligaría a iniciar un proceso de migración tecnológica y operativa que podría afectar la producción de credenciales hacia mediados de 2026, cuando vencerá el contrato actual, que fue prolongado mediante un convenio, pues vencía al cierre de 2024.
Las bases originales de la licitación tuvieron varios cambios, lo que llevó este miércoles al Comité del Registro Federal de Electores del INE a pedir un informe sobre las razones.
En la junta de aclaraciones del concurso, varias empresas cuestionaron repetidamente al INE, en temas como la tecnología requerida y las características de contratos previos que acrediten experiencia, que deben ser solo con dependencias de gobierno, y emisión de al menos dos millones de credenciales en tres años distintos.
"Este requisito solo puede ser cumplido por los proveedores que producen las credenciales para votar o los pasaportes, en consecuencia, resulta una limitante al número de licitantes en beneficio del actual proveedor", sostuvo Litho Formas.
El INE rechazó este tipo de observaciones, así como reclamos por limitar la experiencia a contratos en México, no en otros países, argumentando que se requiere para garantizar la contratación de personal y operación del Centro de Producción de Credenciales.
