Los últimos días de noviembre de 2025 llegan cargados de marchas. Las calles se llenan otra vez de voces, consignas y pancartas. Ciudadanos, colectivos, sindicatos y jóvenes han salido a manifestarse en un clima de tensión y de expectativas hacia el nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum. No se trata de un hecho aislado, sino del pulso social que acompaña cada transición: la ciudadanía recordándole al poder que la democracia también se ejerce en las calles.

Las demandas son diversas, pero todas apuntan al mismo núcleo: seguridad, justicia y cumplimiento de promesas. Desde los maestros de la CNTE hasta los jóvenes que alzan la voz contra la violencia, las movilizaciones de noviembre expresan la urgencia de un país que aún no logra reconciliar la esperanza con la realidad. Las redes sociales amplifican cada reclamo, mientras los cercos y las vallas en torno a Palacio Nacional vuelven a convertirse en símbolo de distancia entre el poder y la gente.

En términos constitucionales, el derecho a manifestarse está protegido por el Artículo 9º, que garantiza la libertad de reunión pacífica con fines lícitos, así como por los Artículos 6º y 7º, que salvaguardan la libre expresión y el acceso a la información. Es decir: las marchas no solo son legítimas, sino necesarias en un Estado democrático. Sin embargo, las regulaciones administrativas sobre el uso del espacio público —rutas, horarios, permisos— suelen tensionar ese derecho y, en ocasiones, restringirlo de manera discrecional.

El eco del pasado: AMLO y las protestas

Para comprender la singularidad del momento actual, es necesario recordar cómo se desarrollaron las marchas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. López Obrador fue un maestro de la movilización: organizó el Éxodo por la democracia en 1991, la histórica Marcha del Silencio en 2005 contra su desafuero, y en 2006 lideró protestas masivas tras las elecciones presidenciales, manteniendo un plantón permanente sobre Paseo de la Reforma.

Sin embargo, cuando López Obrador llegó al poder, su actitud hacia las marchas en su contra cambió radicalmente: calificó a manifestantes como “racistas, clasistas y muy hipócritas”, cuestionó la autenticidad del movimiento feminista llamándolo “conservador” y “manipulación vil”. En noviembre de 2022, ante una masiva marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), respondió convocando a su propia movilización, un hecho sin precedentes en la historia democrática moderna de México.

Las autoridades capitalinas reportaron que las marchas contra AMLO reunieron entre 80,000 y 100,000 personas en noviembre de 2022, mientras que las convocadas por el presidente alcanzaron 1.2 millones de asistentes, cifras que evidenciaban la polarización del país y el pulso político entre gobierno y oposición.

Si comparamos con las movilizaciones del sexenio anterior, bajo Andrés Manuel López Obrador, el contraste es evidente. Durante su gobierno, las marchas se leían como parte del juego político: muchas fueron minimizadas o absorbidas por la narrativa presidencial. En cambio, las protestas bajo el mandato de Sheinbaum tienen una lectura distinta: se enfrentan al reto de una sociedad que exige resultados a una mujer presidenta, cuya gestión está sometida a un escrutinio de género constante.

Una mujer en el poder: entre el género y los desafíos

La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia representa un hito histórico, pero también plantea interrogantes complejas sobre la relación entre género y poder.

Porque, seamos claros, cuando gobierna una mujer, la crítica no solo evalúa su desempeño: evalúa su carácter. Se le exige sensibilidad sin debilidad, firmeza sin dureza. Cada decisión pública pasa por el filtro del estereotipo. Así, las marchas contra un gobierno encabezado por una mujer adquieren una doble lectura: por un lado, son expresión del descontento ciudadano; por otro, revelan cuánto nos cuesta todavía separar el juicio político del prejuicio de género.

El desafío, entonces, es doble. Sheinbaum enfrenta el deber de responder a las demandas sociales con eficacia y diálogo, sin caer en la tentación de reprimir o descalificar. Pero también nos toca a la sociedad mirar con lentes más justos el liderazgo femenino, entendiendo que la igualdad no se agota en llegar al poder, sino en ejercerlo sin los viejos juicios que históricamente han limitado a las mujeres.

Las marchas seguirán siendo una brújula de nuestra democracia. Lo importante es si el poder sabrá leerlas con humildad y con perspectiva, o si seguirá levantando muros, físicos o simbólicos, frente a quienes solo buscan ser escuchados.

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Gwendolyne Negrete
Psicóloga, activista y presidenta fundadora de Mujeres Jefas de Familia A.C.