Bajo presión
La Cuarta Transformación ha hecho de la gestión pública un ejercicio magistral de simulación. Prometieron curas de fondo y entregaron paliativos, como si repartir apoyos bastara para atender la gangrena institucional. “Atender las causas” repite el gobierno, convertido en lema canonizado, sin importar que la violencia, la desigualdad o el rezago educativo requieran cirujano, no merolicos (que Arturo Ávila disculpe la pedrada). La apuesta oficialista es transformar el problema en trámite presupuestal. La política pública se extravía entre transferencias, mientras los males que devoran al país —corrupción, impunidad, opacidad— son sacrificados en el altar del repartismo.
El lema de “Primero los pobres” terminó convertido en receta para evadir la cirugía mayor. El combate a la corrupción y a la impunidad, prometido como eje de toda transformación, ha sido arrojado al sótano de lo incómodo, como si la rendición de cuentas fuera exceso y no mandato. Lo vemos en la obsesión por la narrativa, en el olvido del escrutinio real.
Baste el ejemplo reciente de la Cámara de Diputados. Allí, el mérito legislativo parece medirse no en principios sino en capacidad para sortear el compromiso. Casi catorce meses transcurrieron antes de que la legislatura instalara el Comité de Ética; órgano esencial para vigilar la conducta de los diputados, sancionar ausencias, excesos e intereses turbios. ¿La explicación? Autorregularse, en este país, es incómodo. Más aún cuando el objetivo no es el bien común, sino la lealtad servil al poder en turno, ese afán de quedar bien y allanar el camino al siguiente encargo.
Durante ese año sin comité, la Cámara funcionó como campo sin alambradas: la ética, la transparencia y la vigilancia institucional brillaron por su ausencia. El ausentismo, los escándalos, el abuso y el tráfico de influencias que todos vimos pasar no encontraron vía de sanción. Los legisladores se acomodaron en la certeza de la impunidad, adoptando la omisión como coartada. Sólo cuando la presión pública resultó insostenible, el Comité se inauguró apuradamente, como quien cumple penitencia por haberse dejado atrapar.
La escena es grotesca, presidido por el morenista Jaime Humberto Pérez Bernabé, el Comité comienza sin expedientes abiertos ni transparencia. No es muro de contención sino decorado institucional, vitrina para tranquilizar a la tribuna. Como si la ética pudiera administrarse al ritmo del escándalo y no por convicción. Se privilegia el combate al ausentismo, como si el mayor pecado legislativo fuera faltar a la sesión y no faltar a sus representados.
Ofende la narrativa de “dignificación” cuando la dignidad sólo se proclama bajo amenazas mediáticas y nunca como práctica constante. Resulta insultante que lo esencial, el deber de fiscalizar y corregir, quede subordinado a la disciplina partidista. Hoy, los diputados desatienden el mandato popular para cuidar la línea del poder, pavimentando futuros y relegando la ética a una formalidad escenográfica. El mandato de representación, convertido en título nobiliario.
México carece de verdadera rendición de cuentas porque el compromiso con el representado ha sido sustituido por la docilidad ante el poder. La formalidad del comité es coartada; la promesa de autorregulación, tapadera para la inacción. Cada discurso sobre causas, cada entrega de recursos, cada juramento ético es pintura sobre madera carcomida. Lo que nadie quiere desmontar es el mecanismo de la impunidad.
México sangra, sí, por sus violencias, pero también por la falta de pudor institucional. Instalar el Comité con un año de retraso no es acto de rectitud, sino de exhibición pública: exhibe a una clase política especialista en disfrazar negligencias como virtudes y en administrar la ética como adorno, no como exigencia.
La transformación genuina sólo ocurrirá cuando la incomodidad de rendir cuentas se vuelva costumbre, no excepción. Cuando los representantes miren a la ciudadanía y no al poder, la ética dejará de ser simulación y se volverá destino.
Se necesitan mecanismos funcionales más que inauguraciones que respondan al escándalo. La ética política no se decreta ni se administra: se ejerce, se sufre y se honra. Mientras los diputados sigan mirando a las cámaras en busca de futuro, y no al ciudadano en busca de justicia, seguiremos padeciendo la administración del deterioro. La verdadera rendición de cuentas no espera a la exigencia mediática ni a coerciones temporales: exige memoria, pudor y vergüenza. Porque, al final, un cuerpo político sin autocrítica está condenado a la gangrena que dice combatir.
Coda. La impunidad es la enfermedad crónica del poder en México. Todo intento de “atender las causas” fracasa si se evita el diagnóstico. Sin autocrítica no hay corrección, y sin rendición de cuentas no hay ética que valga. Instalar un comité un año tarde no es un acto de rectitud, es la confirmación de que seguimos administrando los síntomas mientras dejamos que el cuerpo institucional se pudra por dentro.
@aldan
